04 de febrero de 2023

El presidente del Tribunal Constitucional Pedro José González-Trevijano Sánchez preside el primer pleno de la institución tras su renovación

El presidente del Tribunal Constitucional Pedro José González-Trevijano Sánchez preside el primer pleno de la institución tras su renovaciónEFE

El Alto Tribunal emite una nota

El TC responde a las acusaciones de que demora su decisión sobre el bloqueo de Sánchez a los nombramientos judiciales

El Tribunal asegura que «los ponentes tienen adelantadas sus ponencias, aunque la modificación legal reciente impone un tiempo para su examen y reflexión»

El Constitucional lleva desde el pasado mes de junio, fecha en la que finalizó el mandato de un tercio del órgano, esperando su renovación. Tal y como avanzó El Debate, el Pleno del Tribunal de Garantías se mantiene a la espera de que, tanto Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como Gobierno comuniquen los cuatro nombres designados para ello. Y, mientras tanto, ha guardado en un cajón la respuesta a los recursos de inconstitucionalidad planteados por Partido Popular y Vox contra la reforma de Pedro Sánchez que prohibió al Consejo hacer nombramientos cuando está en funciones. Rotas las negociaciones entre Ejecutivo y oposición para acordar los nuevos perfiles que deberían haberse incorporado al CGPJ, caducado desde hace cuatro años, la tarea de designar a quienes han de ocupar las vacantes judiciales ha quedado vetada a la máxima institución de los jueces, excepto en lo que afecta al TC. Pese a lo drástico e intervencionista de la reforma legal de Sánchez, el Tribunal sigue sin resolver acerca de la inconstitucionalidad de dicha modificación.
El Partido Popular y Vox presentaron en mayo y abril de 2021, respectivamente, un doble recurso de inconstitucionalidad sobre este tema ante la Corte de Garantías. Ambos partidos entendían que con esta prohibición, que congelaba los nombramientos al CGPJ, se están vulnerando varios artículos de la Constitución por «defectos formales en su tramitación parlamentaria» y en lo que afecta al derecho fundamental de tutela efectiva de los ciudadanos y a la independencia judicial. El Tribunal acordó revisar ambos recursos y designar como ponentes al magistrado Juan Antonio Xiol y a la magistrada María Luisa Balaguer, respectivamente, ambos del sector izquierdista.
Sin embargo, y pese a que El Debate avanzó cómo la primera de ellos, la juez Balaguer, tiene listo el borrador de su ponencia -favorable a la intervención de Sánchez-, el texto ha quedado guardado en un cajón. Un hecho que ha suscitado informaciones críticas, como la publicada por este periódico, el pasado día 10 de octubre, en la que se advertía de que el «Constitucional congela las causas más políticas de Sánchez en espera de su renovación», y donde se aludía a que el TC no acaba de tomar una decisión sobre si el bloqueo a los nombramientos del CGPJ por parte del Gobierno de Sánchez es acorde a la Carta Magna o la vulnera.
Ahora, el Constitucional ha reaccionado a esas informaciones con una nota que ha hecho pública y insólitamente en pleno domingo. En su escrito alega que «los ponentes tienen adelantadas sus ponencias, aunque la modificación legal reciente impone un tiempo para su examen y reflexión». Un comunicado en el que el Tribunal de Garantías ha explicado por qué ambos recursos no fueron incluidos en el orden del día hasta el 16 de septiembre de 2021 cuando lo cierto es que un recurso de inconstitucionalidad no tarda más de 15 días en ser llevado a Pleno desde que es interpuesto.
Desde el Constitucional se escudan en el hecho de que el CGPJ lleve en funciones desde 2018 y que la competencia de «fijar y llevar el orden del día de los asuntos a Pleno» es exclusiva del presidente del TC. Y, explican, asimismo, que una vez se recuperaron el pasado julio las competencias del órgano de gobierno de los jueces para nombrar a los dos magistrados del TC, «dada también la existencia de la negociación del Gobierno y el principal partido de la oposición para la renovación del Consejo», se tomó la decisión de «no interferir en los procesos de negociación política o en los procesos electorales pendientes».
Lo cierto es que la Corte de Garantías tuvo la ocasión de resolver el doble galimatías planteado contra la reforma de marzo del Gobierno que -de forma exprés y sin consenso- vetó al CGPJ su potestad de hacer nombramientos, antes del pasado mes de junio, cuando caducó el mandato de un tercio de sus magistrados. Y, no lo hizo consciente de que, con la actual composición de la misma, de mayoría conservadora, resultaría difícil asumir la ponencia de la magistrada María Luisa Balaguer que apuesta por avalar al Ejecutivo de Pedro Sánchez en su injerencia sobre el Consejo, según han apuntado a El Debate fuentes próximas al caso.
Así las cosas, tras consumarse la dimisión del presidente del Consejo Carlos Lesmes y quedar congeladas las conversaciones entre socialistas y populares para una eventual renovación del CGPJ, para el Gobierno se abre un escenario inmejorable a sus aspiraciones en el seno de un Poder Judicial cada vez más intervenido. Un Constitucional afín con tres nuevos miembros -dos a propuesta del Ejecutivo, uno del Consejo- elegidos de entre jueces y catedráticos de marcado perfil procatalanista, como el candidato del sector progresista José Manuel Bandrés, sensibles a las expectativas independentistas de sus socios catalanes de Esquerra (ERC).
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