El presidente del Tribunal Constitucional Pedro José González-Trevijano Sánchez preside el primer pleno de la institución tras su renovación
Crisis del Poder Judicial
El Constitucional espera a su renovación para avalar el bloqueo de Pedro Sánchez al CGPJ
El Tribunal ha descartado deliberar la ponencia de la magistrada María Luisa Balaguer que resolvería, a favor del Gobierno, la prohibición de que el Consejo en funciones asuma nombramientos
El Constitucional tuvo la ocasión de resolver antes del pasado mes de junio, cuando caducó el mandato de un tercio de sus magistrados, el doble recurso de inconstitucionalidad de Partido Popular y Vox contra la reforma de marzo del Gobierno que –de forma exprés y sin consenso– vetó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su potestad de hacer nombramientos. La Corte de Garantías no lo hizo consciente de que, con la actual composición de la misma, de mayoría conservadora, resultaría difícil asumir la ponencia de la magistrada María Luisa Balaguer que apuesta por avalar al Ejecutivo de Pedro Sánchez en su injerencia sobre el Consejo, según han apuntado a El Debate fuentes próximas al caso.
Así las cosas, si finalmente esta semana se consuma la dimisión del actual presidente del Consejo, Carlos Lesmes, para el Gobierno se abre un escenario inmejorable a sus aspiraciones.
Por una parte, un Constitucional afín con tres nuevos miembros elegidos de entre jueces y catedráticos de marcado perfil procatalanista, sensibles a las expectativas independentistas de sus socios catalanes de Esquerra (ERC).
Por otra, un CGPJ en funciones cada vez más debilitado y presidido, también en funciones, por el a su vez vicepresidente sustituto del Supremo, quien no fue elegido por el Consejo para el puesto, y titular de la Sala Primera, Fernando Marín Castán. «La imagen misma de la degradación del Poder Judicial en España», denunciaban a El Debate fuentes próximas al Alto Tribunal.
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Vulnera la independencia judicial
Hace exactamente un año, el 17 de septiembre de 2021, el Pleno del Tribunal Constitucional admitía a trámite los recursos de inconstitucionalidad planteados por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario de Vox contra la reforma con la que el Gobierno impide al máximo órgano de los jueces, cuando está en funciones, hacer nombramientos en la cúpula judicial. Las demandas y todos los documentos presentados se elevaron tanto al Congreso de los Diputados como al Senado y al propio Ejecutivo para que pudieran personarse en el proceso y formular sus alegaciones.
Ambas reclamaciones fueron dirigidas a la Corte de Garantías para anular la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que a su vez se modificaba la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPD), para alterar el régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones. Esto es, vetar desde el Gobierno al Consejo su capacidad de asumir designaciones discrecionales de jueces y magistrados para cubrir las vacantes de los más altos tribunales de la Magistratura.
Y, desde entonces, se ha venido acentuando una situación ya de por sí complicada para buena parte de las Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional, que funcionan por debajo de los efectivos humanos necesarios, y hasta el propio Supremo, que agoniza con más de 15 huecos entre sus filas.
El Constitucional acordó, por unanimidad, revisar ambos recursos y designar como ponentes al magistrado Juan Antonio Xiol y a la magistrada María Luisa Balaguer, ambos del sector progresista. Según una práctica consolidada en el Tribunal de Garantías, corresponde a ésta liderar el enfoque de la ponencia que resolverá ambas cuestiones, al haber sido la primera en conocer de uno de los recursos presentados contra la misma materia. Balaguer tendría que solicitar al presidente elevar su propuesta a la Sala o, incluso, si fuese necesario por la trascendencia de la causa, al Pleno. Algo que no ha sucedido hasta la fecha, en espera de que el grueso de sus compañeros sean más permeables a su ponencia.
Según ha podido saber El Debate, la magistrada se inclina por rechazar que, en contra de lo que alegan PP y Vox, la reforma legal del Gobierno sea contraria a la Constitución, por defectos formales de su tramitación parlamentaria, así como que vulnere el principio de independencia judicial o la reserva de Constitución para regular el CGPJ.
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