Imagen de Juan Carlos Campo, magistrado y exministro de Justicia
Crisis institucional
El Constitucional puede frenar la «provocación» de los nombramientos de Sánchez para renovarlo
El Gobierno, a lo suyo, ignora las críticas y ya ha advertido a la Corte que tendrá que validar las designaciones de Juan Carlos Campo y Laura Díez
Los dos nombres elegidos por Pedro Sánchez para renovar el Constitucional, caducado en un tercio de su composición el pasado junio, «son una provocación». La propuesta del exministro de Justicia que firmó los indultos del procés, Juan Carlos Campo, y de la ex alto cargo de Moncloa y de la Generalitat, Laura Díez, como candidatos del Gobierno para la renovación del órgano de Garantías ha llegado, como ya es costumbre, envuelta en una agria polémica institucional. La mayoría de los todavía magistrados de la Corte (TC) –que no ocultan su malestar con ambos perfiles, claramente «politizados» y «contaminados» por sus responsabilidades «en esta misma legislatura»– tienen, en su mano, la posibilidad de poner freno a la toma de posesión efectiva de Campo y Díez y van a utilizarla.
Dos peones del PSOE al Poder Judicial
Sánchez nombra a Juan Carlos Campo, el ministro que firmó los indultos, y Laura Díez como magistrados del Constitucional
Al menos, por el momento, han descartado la convocatoria extra del TC para explorar la posibilidad de una alternativa jurídica favorable a los intereses de Sánchez para admitir la toma de posesión parcial de los nuevos miembros, en espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llegue, o no, a un consenso sobre sus dos designaciones, en el próximo encuentro fijado el 22 de diciembre. Desde el Gobierno, por su parte, insisten en que publicarán su elección en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se marcan un desafío a tres bandas: contra el propio Constitucional, que tendrá que decidir si valida la idoneidad de Campo y Díez para el cargo; contra el propio CGPJ que, propuesto José Manuel Bandrés desde el ala progresista, espera la elección de los ocho vocales conservadores, que son mayoría; y, por último, contra el Partido Popular, en la oposición política.
Implacable «freno» del Constitucional
«La ley es clara», apuntan a El Debate fuentes próximas al Tribunal de Garantías, en relación a los intentos del presidente por consumar su plan de controlarlo. La maniobra de Sánchez que aspira a un vuelco inmediato del Constitucional hacia la izquierda, tras los dos nuevos nombramientos, se ha encontrado con el escollo, no ignorado, de que el último eslabón para hacer efectivos a los dos candidatos en sus cargos descansa en el propio órgano.
El actual Pleno del órgano, que se reunía este martes en sesión ordinaria, considera que la toma de posesión parcial de dos de los cuatro magistrados caducados en su mandato, no sería ajustada a Derecho. Esto es, la tesis mayoritaria es que la renovación del tercio de sus miembros cuyo mandato caducó antes de verano –los dos del Consejo y los dos del Gobierno– ha de ser conjunta y simultánea para que en la práctica pueda darse validez a la misma.
Ni siquiera, entre los miembros del sector progresista del Constitucional ha gustado la elección de dos candidatos tan abiertamente marcados por su afinidad política
Lo cierto es que, de acuerdo a la ley vigente –artículo 599. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial– que el propio Sánchez reformó, vía exprés, con al apoyo de sus socios de Podemos, el Gobierno ha venido incumpliendo su propio plazo para la designación de los cuatro nuevos magistrados que han de incorporarse a la Corte de Garantías, desde antes de verano. La Constitución establece, además, en su artículo 159 que los miembros de su Tribunal «serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres».
El CGPJ, ajeno a las presiones
En paralelo a las decisiones políticas, una vez desbloqueadas las posiciones de los dos sectores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la renovación de Constitucional, tras el fracaso de las conversaciones entre los interlocutores conservadores y progresistas del máximo órgano de los jueces, el «problema de las fechas» –y las prisas por la toma de posesión de sólo dos de los cuatro miembros a renovar– es «exclusivo del Gobierno», aseguran a El Debate fuentes próximas a la Corte de Garantías.
No en vano, en el ámbito jurídico son conscientes de las serias dudas que suscita el perfil del candidato de la izquierda, que El Debate reveló en exclusiva al comienzo del Año Judicial, José Manuel Bandrés, cumple con los requisitos acordados para los aspirantes fijados, previamente, y reforzados desde el sector conservador, por el Pleno del CGPJ que «tiene sus propios tiempos».
El guion se va cumpliendo
Sánchez acelera el desarme del Estado de derecho y mira al CGPJ como su víctima final
El próximo día 22, día clave para la votación de nombres concretos, cada vez suenan con más fuerza el instructor de la causa del procés Pablo Llarena, los magistrados Vicente Magro y Julián Sánchez Melgar; y, el actual presidente del Supremo –presidente a su vez de la Sala Primera de lo Civil y miembro más antiguo del Alto Tribunal– Francisco Marín Castán. Tanto Bandrés como cualquiera de los propuestos necesitan concitar el apoyo de 12 de los vocales del Consejo para ser formalmente designados.
Llarena es, sin duda, el favorito para contrarrestar, en un futuro y eventual Constitucional de mayoría de izquierdas, las aspiraciones del separatismo en sede de Garantías y el más de medio centenar de recursos planteados por la oposición a las leyes ideológicas más polémicas del Gobierno socialista. El hecho de que la Corte tendrá que decidir, en última instancia, sobre el indulto de los independentistas del procés, en el escenario posterior a la eliminación del delito de sedición del Código Penal, ha dado alas al veto de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) a la posibilidad de que el juez encargado de la investigación del mismo sea uno de los magistrados que conformen el futuro órgano.
El PP mira a Europa
Por su parte, la primera reacción del Partido Popular tras conocerse que el Consejo de Ministros de este martes aprobaría los nombramientos del ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la exasesora del Ministerio de Presidencia, Laura Díez, como nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) era mirar hacia Europa. «La UE tendrá que decir algo sobre la división de poderes española y el Estado de Derecho», advertía Esteban González Pons tras calificar a Campo como «el explorador que el Gobierno envía al TC para colonizarlo». «Es el hombre que le hace los favores al Gobierno de dar los golpes a la división de poderes», apostillaba.
Ni Campo ni Díez Bueso son «idóneos» para el TC según los populares que ya han adelantado cómo ambos se tendrán que abstener de «cualquier decisión» que tenga que ver con las leyes aprobadas por este Gobierno al tratarse de un exministro y una exasesora de la Presidencia del mismo. No en vano, Campo fue el miembro del Gobierno que puso en marcha los indultos a los condenados por el procés, pegando con ello un «hachazo al Supremo y rompiendo su sentencia en contra de todos los criterios técnicos».
Desde la Ejecutiva del PP se han referido en todo momento a los nombrados de manera inminente como cargos del Gobierno por el poco tiempo que ha pasado desde su salida de Moncloa. Además, han asegurado que mientras el Gobierno fingía negociar con el PP, con quienes negociaban realmente era con los independentistas. «Han nombrado a dos miembros del TC para salvar el proceso que están siguiendo de pacto con ERC y con el independentismo catalán», ha aseverado Pons en nombre de las filas populares.
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