El magistrado y exministro de Justicia Juan Carlos Campo
Dos peones del PSOE al Poder Judicial
Sánchez nombra a Juan Carlos Campo, el ministro que firmó los indultos, y Laura Díez como magistrados del Constitucional
Tal y como avanzó El Debate en primicia, a principios de mes, el Gobierno ha acelerado el vuelco progresista del Pleno de la Corte de Garantías con el extitular de Justicia y una catalana exalto cargo de Moncloa
Juan Carlos Campo (Osuna, Sevilla, 1961), firmaba como ministro de Justicia de Pedro Sánchez una de las decisiones más polémicas del Gobierno socialista: los indultos a los líderes independentistas condenados por sedición. Pese a que la pareja de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, reconocía tras estampar su rúbrica en el acuerdo del Consejo de Ministros que no existía ninguna garantía de que con la medida de gracia los separatistas catalanes cesasen en su desafío a la unidad territorial del Estado español. Campo defendió, en contra de lo que había sostenido con anterioridad, que aquélla era la única alternativa válida para la solución del mal llamado 'conflicto' catalán.
Hoy, un año más tarde, el Ejecutivo entregado en cuerpo y alma al separatismo catalán –tras la eliminación del delito de sedición del Código Penal– premia su entreguismo y le designa como candidato de la izquierda política al Constitucional. Le acompañará en la andadura una exalto cargo de Moncloa, la catalana Laura Díaz, catedrática de la Universidad de Barcelona que, como adelantó El Debate, es un perfil que cuenta con el beneplácito de sus socios de Esquerra Republicana (ERC).
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El extitular de la cartera de Justicia, magistrado de carrera destinado actualmente en la Audiencia Nacional fue ya candidato al TC por el Senado en 2010. Díaz fue, hasta el pasado mes de abril, colaboradora directa del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, como directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica. El primero ya ha demostrado que no tendría ningún problema en hacer concesiones a los separatistas catalanes para favorecer la continuidad del proyecto de Sánchez en Moncloa y la segunda es un peón perfecto más para promover, desde dentro, el visto bueno de la Corte de Garantías a un futuro Estatut catalán y el referéndum pactado que, en los últimos meses, se han convertido en la siguiente fase de la hoja de ruta desvelada por El Debate para el futuro 'encaje' de Cataluña en España.
Con esta maniobra, el Gobierno desafía al propio órgano constitucional en su renovación, pendiente desde el pasado mes de junio, tras más de tres meses de retraso en el cumplimiento de la fecha marcada, por el propio Sánchez a los vocales del Consejo General del Poder Judicial para consensuar a los dos miembros del TC que le corresponden designar. Sánchez modificó, en marzo de 2021, la ley para impedir que el CGPJ realizase nombramientos discrecionales como una fórmula, que en la práctica ha fracasado, para forzar al PP a renovar el órgano de gobierno de los jueces, interrumpida tras el anuncio de la reforma de la sedición, y volvió a modificar su propia prohibición el pasado verano para que el Consejo sí pudiese elegir a los dos magistrados del TC que tanto ansía controlar.
El único problema para que el presidente consume su plan de controlar el Constitucional, con un vuelco de izquierdas de la mayoría de sus magistrados –que arranca con el anuncio de los dos nuevos nombramientos de este martes–es que el actual Pleno conservador considera que la toma de posesión de sólo una parte del tercio de sus miembros, dos de los cuatro caducados en su mandato, pendiente de renovación, no sería ajustada a Derecho y, por tanto, se plantea su anulación.
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Esto es, la tesis mayoritaria de los constitucionalistas se inclina porque la renovación de los cuatro candidatos –los dos del Consejo y los dos del Gobierno– ha de ser conjunta y simultánea, para que en la práctica pueda darse validez a la misma. El choque de trenes está servido en lo institucional, además, una vez han trascendido los perfiles de ambos elegidos: dos peones directos del PSOE en la Justicia.
Choque de trenes institucional
No en vano, la Ley Orgánica de la Corte de Garantías encomienda al Pleno la potestad de «verificar los nombramientos» de sus magistrados «para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución». Es decir, sin mediar el trámite de la comprobación del propio Tribunal, las designaciones del Ejecutivo quedarían reducidas a un mero anuncio testimonial porque no se podrían publicar en el BOE.
En este momento, y según han confirmado fuentes próximas al Constitucional, en el seno de la institución la mayoría de los magistrados conservadores consideran que el primero de los requisitos requerido por la Carta Magna es que su renovación atienda a la literalidad del artículo 159.3, que fija que el TC «se renueva por terceras partes ». Es decir, cuatro magistrados y no sólo dos.
Sin embargo, el sector progresista del mismo, encabezado por el candidato de Moncloa a presidir el futuro y eventual Constitucional renovado, Cándido Conde-Pumpido, consideran que el incumplimiento del CGPJ con los plazos legalmente vigentes para los nombramientos no debe arrastrar al Gobierno, por lo que no hay objeción a validar los dos nombres que se han conocido hoy.
La 'hoja de ruta' hacia el referéndum
Ambos candidatos del Gobierno, Campo y Díaz, son un paso más del Ejecutivo socialista –tras consumarse la modificación del Código Penal pactada con el separatismo catalán, y aprobada con su apoyo bajo la fórmula exprés de la proposición de ley– en la 'hoja de ruta' de Sánchez para el independentismo.
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Y es que, como ha venido revelando El Debate en primicia, Moncloa trabaja en despejar el camino judicial a la convocatoria de un referéndum pactado de sus socios de ERC para Cataluña que llegará, en todo caso, de la mano de un nuevo Estatut y tras la renovación del Tribunal Constitucional. Así las cosas, con una mayoría progresista controlada por Sánchez –y perfiles afines, dispuestos a plantear cualquier variable creativa sobre la «indisolubilidad» de la nación española que recoge nuestro ordenamiento– la Corte de Garantías, que tendrá que pronunciarse en los recursos contra las causas más políticas del Gobierno, podría ver con buenos ojos dicha posibilidad.
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