Pedro Sánchez y Pere Aragonés, en la Moncloa
Encuesta de Target Point para El Debate
Dos de cada cinco españoles creen que Sánchez incumplirá su palabra y habrá referéndum pactado en Cataluña
Las polémicas de la sedición, malversación y los acuerdos con ERC pasan factura electoral al Gobierno, en las últimas semanas, tras días acumulándose en la opinión pública
hablar más con los independentistas que con España no está resultando inocuo para el PSOE en términos electorales. El descenso de los socialistas en las encuestas como resultado de su posicionamiento ante el mal llamado «conflicto catalán» ha terminado por poner en evidencia no sólo el elevado coste de las políticas de concesiones de Pedro Sánchez con sus socios de legislatura sino, también, la falta de credibilidad del presidente. Según el primer sondeo de 2023 realizado por Target Point para El Debate hay más españoles que consideran que sí habrá algún tipo de referéndum o consulta en Cataluña, como parte de los acuerdos alcanzados por el Gobierno con Esquerra Republicana (ERC) que los que se inclinan por creer, sin matices, en la palabra de un Sánchez que, hace menos de una semana, volvía a descartar cualquier posibilidad sobre la cuestión.
Los ciudadanos no confían en el aparente cerrojazo del Ejecutivo a una convocatoria legal de referéndum pactado en la comunidad autónoma presidida por Pere Aragonès. No en vano, una mayoría de los encuestados (38 %) consideran que habrá algún tipo de planteamiento en este sentido, de los cuales: dos de cada cinco apuestan por la consulta de independencia, uno de cada diez se inclina por una pregunta sobre la reforma del Estatut y un 7 % no descarta que la llamada a urnas sea para cambiar el régimen de toda España.
Por el contrario, tan sólo algo menos del 34 % cree que no habrá referéndum, tal y como se ha comprometido Pedro Sánchez. Sin embargo, frente al 20 % que cierra filas respecto de las palabras del presidente del Gobierno –potenciales votantes del PSOE, Podemos y Mas País–, un nada desdeñable 14 % entiende que la futura y eventual consulta no tendrá lugar porque, en última instancia, «lo impedirá la Justicia».
El Gobierno no logra amortizar, por sí mismo, su bula hacia los sediciosos catalanes a cambio del «sí» de estos a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para continuar en la Moncloa hasta el final de la legislatura. No en vano, la consolidación del bloque político de la izquierda de la investidura, tras la luz verde del separatismo catalán y vasco a las cuentas de Sánchez inauguraba «una nueva etapa» en la que «dar paso a políticas históricas para soluciones históricas». Y, para cada dos de cinco españoles, todo apunta a que habrá de pasar, necesariamente, por un nuevo procés de la mano de un «referéndum pactado» con los de Oriol Junqueras.
El coste electoral de las rebajas penales
Los adjetivos más comunes para definir las iniciativas del Gobierno con la sedición y la malversación son «inmoral» (12 %), «irresponsable» (22 %) y «traición» (11 %), de connotaciones más negativas, especialmente mencionados por los votantes de centro-derecha. Un 10 % se inclina por pensar que se trata de una apuesta política «arriesgada» –opción mayoritaria entre los potenciales votantes de partidos de izquierda– la misma cifra que acumulan la suma de «ilegítimo» (6 %) y «temerario» (5 %).
Mientras, un 19 % de los encuestados no sabe cuál es el término con el que definir «mejor» la « eliminación del delito de sedición y la rebaja de la malversación» propuestas «por el Gobierno a sus aliados» los separatistas catalanes.
Así las cosas, tampoco han resultado inocuas para Pedro Sánchez sus maniobras legales para aligerar, en pasado y a futuro, las consecuencias penales sobre los delitos por los que fueron condenados los líderes separatistas del referéndum inconstitucional del 1-O en Cataluña. El apoyo expreso de estos últimos a los Presupuestos Generales del Estado les ha permitido poner sobre la mesa la reclamación expresa de una «necesidad de articular una solución democrática al problema territorial del Estado» y «el derecho a decidir».
La larga factura con la que los socialistas están pagando, en los últimos meses, las cesiones a las exigencias de sus socios de Gobierno ha terminado por traducirse en cifras: casi cuatro de cada diez españoles penalizan al PSOE que haya radicalizado su postura procatalanista. Las encuestas constatan que, en 2023, la apuesta del electorado será a favor de posiciones centradas y alejadas de los coqueteos de Sánchez con el independentismo.
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