Los cuatro nuevos magistrados del Constitucional junto al Rey
Renovación de la Corte de Garantías
El TC estará controlado por la izquierda durante los próximos nueve años
Con la llegada de los nuevos magistrados a la Corte de Garantías, el Gobierno cumple con uno de sus principales objetivos de la legislatura en materia Tribunales aunque con menos amplitud de lo esperado por Pedro Sánchez
Tras varios meses de tira y afloja, la dimisión de un presidente del Consejo General del poder Judicial (CGPJ) y una crisis institucional sin precedentes, el pasado 27 de diciembre se materializaba, finalmente, la renovación del Constitucional con la llegada de cuatro nuevos magistrados. El freno del propio órgano al intento del Gobierno por controlarlo, retocando su ley orgánica por la puerta de atrás, y la doble propuesta del sector conservador del Consejo –que incorporaba a la magistrada María Luisa Segoviano como candidata de izquierdas a ocupar un nuevo asiento en el Pleno de la Corte y hacía caer al elegido por la Moncloa, el también magistrado José Manuel Bandrés– eran la clave para desencallar una situación que se prolongaba desde el pasado junio en que concluyó el mandato de un tercio de los miembros del Tribunal de Garantías.
Así las cosas, el frente abierto desde el Gobierno con el Poder Judicial se cerraba, in extremis, a tres días del final de año con la designación de los dos perfiles competencia del órgano de gobierno de los jueces, el expresidente de la Sala Tercera del Supremo César Tolosa y la expresidenta de la Sala Cuarta del Alto Tribunal María Luisa Segoviano por parte del CGPJ. Ambos, sumados a los nombres elegidos por el Gobierno, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática procatalanista Laura Díez, confirmaban el cambio en la composición de la mayoría de un órgano que a partir del próximo 9 de enero, fecha en la que los cuatro tomarán posesión de sus respectivos cargos, quedará en manos de la izquierda, como mínimo, durante la próxima década.
Los nombres del Gobierno frente al bloqueo del Consejo a la renovación del Tribunal Constitucional que trataba de esquivar las maniobras legales previstas para reducir las mayorías reforzadas de tres quintos, todavía vigentes, llegaron unilateralmente el pasado 29 de noviembre, Fue entonces cuando Sánchez decidía despejar la quiniela de nombres de sus dos candidatos del cupo, sin esperar a los jueces. El exministro Campo y la exalto cargo de la Generalitat Díez, ambos muy cercanos al PSOE, levantaba ampollas en el seno de la judicatura y, como no, desde la oposición política. En especial en el caso del exministro que, con su firma al indulto, ponía en libertad a los líderes separatistas del procés condenados por el Supremo.
Un cónclave siete a cuatro
Tras la toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados, el Pleno del TC que se celebrará veinticuatro horas después, tendrá la misión de nombrar al que será su nuevo presidente, ya que el actual Pedro González-Trevijano es uno de los miembros que dejará su cargo vacante como fruto de la renovación. El cónclave quedará, desde entonces, conformado por una amplia mayoría de izquierdas, con siete magistrados afines a la esfera el Gobierno frente a los cuatro conservadores que harán, la veces, de contrapeso, en espera de la llegada de un quinto compañero, una vez que el Senado avance con los trámites para la elección de un sustituto de Alfredo Montoya Melgar quien renunció a su plaza, el pasado julio, por graves problemas de salud.
Aunque inicialmente el exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido se daba por seguro como el próximo líder de la Corte, con el beneplácito de la Moncloa, su compañera la magistrada María Luisa Balaguer cuenta con un amplio respaldo entre los conservadores y podría alzarse como la segunda mujer presidenta de la institución y, por lo tanto, la quinta autoridad del Estado.
Sea como fuere, el Pleno una vez constituido y despejado el liderazgo tendrá que resolver, como mínimo, la parálisis cautelarísima sobre el intento de reforma de Sánchez hacia el propio órgano y sobre el propio CGPJ, a través de dos enmiendas coladas en una ley que nada tenia que ver con el Constitucional y que se saltaban no sólo los informes preceptivos de la consulta al CGPJ y el Consejo de Estado, sino que privaban al Parlamento de un debate profundo sobre el alcance del texto.
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