Cientos de letrados de la administración de Justicia se han manifestado frente al Ministerio de Justicia
Justicia limita las vacaciones de los Letrados (LAJ) como castigo a su primera semana de huelga
El Ministerio de Pilar Llop ha lanzado una nueva instrucción de «imposible cumplimiento» para los funcionarios afectados que recurrirán la misma
Lejos de sentarse a negociar, buscar una solución que satisfaga a ambas partes y poner fin al paro indefinido que los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) iniciaron el pasado martes, hace hoy una semana, para exigir al Ministerio de Justicia que cumpla las promesas de mejoras salariales y profesionales que adquirió con ellos, desde el Departamento de Pilar Llop han decidido presionar a los funcionarios en huelga. Una nueva instrucción remitida, este martes, a toda la plantilla de los LAJ les limita la solicitud y disfrute de sus vacaciones, utilizando «una figura totalmente desconocida» hasta la fecha y que trata de «presionar más» a quienes «estamos ejerciendo un derecho constitucional legítimo», denuncian desde el Comité de Huelga.
El texto ha provocado un fuerte «enfado» entre los Letrados judiciales que, además, anuncian recurso contra una decisión ministerial que califican de «ataque» y trata de «boicotear la huelga» actual ya que establece que «todos los permisos y vacaciones» pendientes para el ejercicio 2023 y, a partir de la entrada en vigor de la misma, sólo se podrán disfrutar «en días que no haya señalamientos» lo que ya, de entrada, «impide que los funcionarios puedan disponer, por ejemplo, de semanas completas» por este motivo. Además, «obliga a tener que pedir favores a otros compañeros para garantizar que tus responsabilidades queden cubiertas en tu ausencia», lo que «al final, se estará provocando un enfrentamiento innecesario entre compañeros huelguistas y no huelguistas» dentro del propio cuerpo, desde el Ministerio.
«Es una barbaridad» de «imposible cumplimiento» porque ningún trabajador, «ni del ámbito público ni del sector privado tiene por qué comunicar a sus compañeros, con antelación, si va o no a secundar un paro», denuncian los Letrados. Ni siquiera «hay obligación de comunicárselo a la patronal» que, en este caso, es el Departamento que dirige Pilar LLop. La crítica nace del epígrafe de la nota ministerial en la que se «indica a quién tiene que designarse como compañero que te cubre durante tus vacaciones» del «partido judicial que no esté de huelga».
No es la primera vez que, a juicio de los convocantes, La ministra LLop trata de diluir o dificultar la asistencia a la huelga que, hace una semana, arrancaba con unos servicios mínimos los cuales, en la práctica, suponían casi la obligación de cubrir el 50% de la plantilla de los antiguos secretarios judiciales. «En el Ministerio están nerviosos», apuntaban entonces los LAJ, y poco o nada parece haber mejorado en estos días.
No en vano, las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) convocantes de la huelga indefinida han señalado que el seguimiento en la sexta jornada de paro ha sido del 75% lo que ha provocado la suspensión de «miles de actuaciones judiciales». En un comunicado conjunto emitido por las tres entidades que promueven las proptestas: Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados, se asegura que la ministra de Justicia, sigue «sin convocarles» y parece «no importarle el perjuicio que el conflicto está ocasionando para los ciudadanos».
Al margen de lo anterior, este mismo martes, los LAJ del Tribunal Supremo se han sumado íntegramente al parón y han hecho un llamamiento para que la ministra «o los partidos que sustentan al Gobierno» promuevan una «negociación sincera y directa» con las asociaciones de LAJ. Este movimiento, en concreto, ha coincidido con la reactivación de la causa del 'procés', que está pendiente de resolver los recursos que las defensas de los independentistas fugados de la Justicia española, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont, presentaron contra la decisión del juez Pablo Llarena de mantener su procesamiento por el delito de desobediencia y malversación tras la reforma del Gobierno al Código Penal.
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