El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es aplaudido en un acto del PSOE tras anunciar la ley de paridad
La ley de paridad de Sánchez en realidad es una transposición de una directiva de la UE
El presidente del Gobierno anunció la nueva norma en un acto feminista en vísperas del 8-M
El Parlamento Europeo aprobó la ley comunitaria, impulsada por el PP europeo, a finales del pasado noviembre
La ley de paridad anunciada este sábado por Pedro Sánchez en un acto feminista del PSOE es en realidad una transposición de una ley comunitaria aprobada en el Parlamento Europeo a finales del pasado mes de noviembre.
«En el próximo consejo de ministros vamos a aprobar una ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión. Porque, si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico tiene que ser de las mujeres», enfatizó el presidente del Gobierno en Madrid en un evento celebrado con motivo del próximo 8-M.
Sin embargo, el anuncio estrella del líder del Ejecutivo de cara al Día Internacional de la Mujer y con las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo cada vez más cerca tiene de original simplemente la fecha de aplicación, que, presumiblemente, será antes de lo que dicta Europa, que establece el plazo límite en junio de 2026.
El consejo de ministros en los que se comenzará a tramitar la norma se producirá este martes y la ley comenzará a regir en cuanto sea publicada en el Boletín Oficial del Estado. Sus características principales pasan por obligar a cualquier empresa cotizada o entidad de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de volumen de negocio anual a tener un 40 por ciento de mujeres.
La directiva comunitaria, por su parte, obligará a las empresas a instaurar procesos de contratación transparentes, de modo que al menos el 40 % de los puestos de director no ejecutivo o el 33 % de todos los puestos de director estén ocupados por personas del género menos representado. La ley europea establece, asimismo, que la norma no se aplicará a las pymes con menos de 250 empleados. Exactamente igual que la de Sánchez.
La propuesta de la norma de la que el Gobierno se presenta como artífice fue, además, una propuesta de la luxemburguesa Viviane Reding, comisaria europea entre 1999 y 2014 y miembro del Partido Popular Social Cristiano, afiliado al Partido Popular Europeo, realizada en 2012.
Las multas las establecerá el Gobierno
La directiva europea contempla que los países miembros deberán establecer sanciones económicas «efectivas, disuasorias y proporcionadas» para las empresas que no apliquen procesos de contratación abiertos y transparentes y señala que los tribunales podrán anular el nombramiento de toda junta directiva que incumpla los principios de la directiva.
Según los datos que manejan en la UE, en 2021 España ocupaba el décimo puesto de los 27 estados miembros respecto a porcentaje de mujeres en órganos de decisión de grandes empresas, con el 32,6 %, como consta en un informe del Instituto Europeo para la Igualdad de Género.
En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha señalado este lunes en una entrevista en RNE que «es muy bueno dar un paso adelante con la ley de mañana» y que hasta ahora lo único que existen son «orientaciones», algo que con la nueva norma se convertirán en «obligaciones concretas».
Sin embargo, las directivas son «actos legislativos en los cuales se establecen objetivos que todos los países de la UE deben cumplir», según la propia legislación comunitaria, que lo que establece es que corresponde a cada país elaborar sus propias leyes para alcanzar esos objetivos marcados desde Europa.
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