Sánchez reconoce por escrito que no hizo nada para evitar la inclusión de terroristas en las listas de Bildu
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Sánchez reconoce por escrito que no hizo nada para evitar la inclusión de terroristas en las listas de Bildu
El presidente devolvió el favor a Otegi de apoyarle incluso en otra legislatura renunciando a ejercer los poderes que tenía para evitar el intento de colocar a etarras en ayuntamientos
El Gobierno renunció a impugnar la designación de 44 terroristas en las candidaturas electorales de Bildu, a pesar de que la Ley de Partidos considera esa decisión, textualmente, como causa de ilegalización.
Así consta en un escrito en posesión de El Debate firmado por la Directora de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno, Beatriz Rodríguez Pérez, fechado el pasado 22 de mayo, en el que reconoce literalmente que «no existe documento o contenido en poder de este órgano» que recoja algún intento de Sánchez de frenar la intentona del partido de Arnaldo Otegi por situar a etarras en instituciones municipales del País Vasco como cargos públicos.
En el documento, los responsables jurídicos de La Moncloa reconocen también que el Gobierno no ha movido ni un dedo para activar la «posibilidad de ilegalización del partido político EH-BILDU de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3 c) de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, por incluir en sus listas electorales personas condenadas por delitos terrorismo que no han rechazado públicamente los fines y medios de la organización terrorista ETA».
La legislación vigente daba a Sánchez una opción de combatir la decisión de Bildu de premiar a terroristas con cargo público, activando uno de los apartados que regulan el funcionamiento, los principios y hasta los representantes de los partidos que quieran participar en la competición electoral para impulsar la ilegalización de partidos que incumplan ese precepto:
«Incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas, o mantener un amplio número de sus afiliados doble afiliación a organizaciones o entidades vinculadas a un grupo terrorista o violento, salvo que hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su expulsión».
Sánchez trasladó primero a los etarras a cárceles vascas para evitar que en sus prisiones de origen les negaran la libertad y luego desechó intentar que no fueran candidatos
Bildu se salta esas obligaciones, de manera ostentosa, y casi en su totalidad: ha incorporado al último jefe de ETA, David Pla, a la dirección de Sortu, la formación dominante en Bildu de manera casi hegemónica; nunca ha condenado el terrorismo más allá de mensajes de condolencia a las víctimas y además promociona a etarras en sus candidaturas electorales: es decir, incumple tres de las causas descritas de ilegalización.
Pese a ello, ni el Gobierno ni Pedro Sánchez ha hecho nada por frenar ese despliegue de sintonía entre la heredera de Batasuna y los terroristas presos, más allá de una queja retórica sobre la decisión de su aliado que no ha incluido el intento de evitar el desembarco masivo de etarras, algunos con delitos de sangre, en Ayuntamientos vascos.
Tan es así que el Gobierno de Sánchez reconoce, en el mismo documento es propiedad de este periódico, que carece de «copia de los informes, estudios, previsiones de actuaciones futuras y previsibles consecuencias encargadas por el Presidente del Gobierno referidos a la posibilidad de ilegalización del partido político EH Bildu».
El apoyo de Otegi para varios años
El partido deudor de la vieja Batasuna, del que ha heredado hasta al máximo responsable, Arnaldo Otegi, dejó claro en octubre de 2021 que respaldaría a Sánchez si con ello lograba sus objetivos: «Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, pues los votamos».
Una declaración de intenciones que amplió a la siguiente legislatura, reconociendo que, a cambio de facilitar la impunidad de los miembros de ETA, facilitaría la supervivencia de Sánchez al frente de un Gobierno de coalición:
«Hemos dado una patada al hormiguero y nos hemos puesto en el centro del tablero. Este es el momento. Es un momento crítico, es un momento difícil, es un momento importante. Y vamos a darlo todo, vamos a ponerlo todo», señaló el batasuno en una intervención en Éibar en la que mostró su apuesta por Sánchez.
En paridad, tal y como reveló El Debate, Sánchez ha devuelto los favores cediendo al País Vasco las competencias penitenciarias para, una vez culminado ese proceso, trasladar allí a los presos aberzales y facilitar su acceso al régimen de semilibertad, desaconsejado en sus cárceles de origen.
Así logró el pasado verano pisar la calle, entre otros, Liarni Armendaritz, condenada por el asesinato del socialista Ernest Lluch tras dispararle a quemarropa en el garaje de su propio domicilio.
El montaje de Sánchez, previo a la designación de terroristas como candidatos, prescindió de la opinión de los expertos de las prisiones donde estaban internos antes de que Interior los acercara al País Vasco, pese a ser muy contundente: «De la conducta global no se desprende una evolución suficientemente favorable, por el momento, que permita inferir una capacidad para llevar en lo sucesivo un régimen de vida en semilibertad».
Etarras elegidos
La inacción de Sánchez para al menos tratar de frenar los planes de Bildu se concretó el pasado domingo con la elección de dos etarras con asesinatos a sus espaldas, Juan Carlos Arriaga y Begoña Uzkudun, como concejales de Berrioplano y Errezil, respectivamente. Y con la llegada a distintos ayuntamientos vascos de otros nueve condenados por pertenencia a la banda terrorista: Asier Altuna, Aloña Muñoa, Egoitz Apaolaza, Urko Mantzizidor, Andoni Lariz, Zaloa Zenarruzabeitia, Egoitz Garmendia, Urtza Alkorta y Sonia Respaldiza.
Todos ellos podrán tomar posesión de sus cargos dentro de dos semanas si, finalmente, se «olvidan» del anuncio que hizo el propio Otegi en la precampaña de que, llegado el momento renunciarían a los mismos: nada legal les obliga a cumplir la promesa de su líder.
El histórico desembarco de etarras en las instituciones coincide con el intento de Sánchez de distanciarse de Bildu para esquivar reproches antes de las Elecciones Generales del 23 de julio, que le ha llevado a descartar negociaciones con la sucesora de Batasuna en el Ayuntamiento de Pamplona y en la Comunidad Foral de Navarra.
En ambos gobernaría UPN, como lista más votada, si los socialistas lo aceptaran, algo que no han hecho para intentar que Bildu permita con su abstención la supervivencia en la Presidencia del Gobierno Foral de la socialista María Chivite, perdedora el 28M y dependiente de la abstención de Bildu.
«Creen que la gente es boba, llevamos cuatro años juntos», dijo el propio Otegi para desmontar la táctica del PSOE de desmarcarse temporalmente de una alianza que, a cambio de ventajas para los presos y otras prebendas, le ha permitido aprobar investiduras, presupuestos, leyes y acceder al poder en Navarra.
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