La ministra de Justicia, Pilar Llop, durante la presentación del proyecto de las Oficinas de Justicia en los municipios, en la sede de la FEMP
Como avanzó El Debate en primicia
Las asociaciones de jueces y fiscales exigen a Llop que cumpla su mejora salarial antes del 23-J
Los miembros de ambas Carreras están muy «molestos» con la actitud del Gobierno que, todavía, no ha aprobado el decreto ministerial para aplicar el pacto alcanzado en la Mesa de Retribuciones de mayo
Las asociaciones profesionales de jueces y fiscales de nuestro país ya no ocultan su malestar con la posición del Gobierno que, a una semana de las elecciones generales, todavía no ha aprobado el decreto ministerial necesario para la entrada en vigor del pacto de mejora salarial con el que ambas Carreras suspendieron la huelga general convocada para el pasado 16 de mayo, tal y como avanzó este viernes El Debate.
«Reclamamos que con urgencia el Gobierno atienda los acuerdos que alcanzó en el documento signado» y que lo haga «antes de la celebración de las elecciones generales. Lo contrario obligará a los firmantes no sólo a exigir ante los tribunales el cumplimiento de un acuerdo claramente vinculante, sino a adoptar las medidas de presión que sean necesarias para asegurar que se atienden los compromisos alcanzados para la mejora tanto de las condiciones profesionales de judicatura y fiscalía como de la Administración de Justicia».
En un comunicado emitido a primera hora de esta tarde, jueces y fiscales denuncian que en «el marco legal previsto en la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, el pasado mes de mayo se alcanzó un acuerdo en materia de retribuciones entre el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública y la Secretaría de Estado de Justicia, y las asociaciones judiciales y fiscales Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JyJD), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)» que no se ha cumplido hasta la fecha.
Magistrados y miembros del Ministerio Público están «molestos» con la dejación del Ejecutivo socialista, que hace unos días denunciaban los Letrados de la Administración de Justicia /LAJ, en la aplicación de un pacto firmado el 23 de mayo, en el que «se recogió por escrito» la obligación del Consejo de Ministros de «aprobar su contenido», lo que no aún no ha ocurrido.
Así lo denuncian las entidades profesionales en su texto conjunto: «El adelanto electoral, que ha acortado la duración de la legislatura, a nuestro juicio obliga a que el Gobierno de la Nación atienda ese compromiso y lo haga con urgencia, para que sus previsiones tengan efectividad en las fechas pactadas».
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