Irene Montero, en un acto en la embajada de Chile
El peor final
La rebaja de la pena a un miembro de La Manada da la puntilla a Montero, la ministra desterrada
La titular de Igualdad ya solo espera su relevo una vez que haya nuevo Gobierno, mientras el PSOE y Sumar empiezan un tira y afloja soterrado por heredar su ministerio
La rebaja de la pena de 15 a 14 años de cárcel para uno de los condenados de La Manada pilló este martes a Irene Montero a punto de entrar en el Consejo de Ministros. Y supone el peor epílogo para su trayectoria como ministra de Igualdad, por el simbolismo que encierra. A pesar de que la líder de Podemos, Ione Belarra, pedía hace solo unos días a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz que dejaran continuar a Montero como titular de Igualdad.
A la salida de la reunión en la Moncloa, Montero se apresuró a tuitear su rechazo a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. «La reacción machista opera desde muchos lugares», lamentó, refiriéndose al TSJ navarro.
Sin embargo, solo le siguieron Pablo Echenique, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez «Pam», y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell. Esta última se acogió al voto particular emitido contra la rebaja a 14 años por la magistrada Esther Erice, según Rosell la «única experta en violencia de género». Por su parte, Rodríguez insistió: «Estamos ante un ejercicio de interpretación. El debate no va sobre la imposición de penas de la ley sino sobre la apreciación de la gravedad de los hechos».
Pero ni la portavoz del Gobierno ni la de Sumar tuvieron la más mínima condescendencia hacia Montero. La primera se limitó a recordar que, como la ley tuvo «efectos no deseados», ya fue corregida en las Cortes. La segunda, la diputada Marta Lois, evitó responder cuando le preguntaron si Montero debería dimitir después de esta rebaja. Aunque eso ni pasaba ni pasa por la cabeza de Montero. «Desde Sumar lamentamos la decisión del tribunal, no nos gusta», señaló Lois, cortante.
Para mayor escarnio de la ministra de Igualdad, el abogado del preso beneficiado, Ángel Boza, celebró este martes la rebaja de la condena y dio las gracias a Montero. Cabe recordar que no solo ella votó en contra de reformar la ley del 'solo sí es sí en abril', sino también Yolanda Díaz y todo el grupo parlamentario de Unidas Podemos. «Yo soy una demócrata y, por tanto, emitiré el voto que decida el grupo parlamentario al que pertenezco», argumentó entonces la hoy líder de Sumar.
La revisión de la sentencia de la Manada ha pillado al PSOE y Sumar en pleno tira y afloja soterrado por cuál de los dos socios se queda con el Ministerio de Igualdad en esta legislatura. Como contó El Debate el pasado 3 de septiembre, entre los socialistas hay muchos partidarios de arrebatárselo a Sumar. Primero, porque consideran que Igualdad ya fue un enorme foco de conflicto con Montero al frente y que la coalición no se puede permitir un elemento desestabilizador así, cuando todavía están pagando las consecuencias de la ley del 'solo sí es sí' (como se vio este martes). Pero también para recuperar la voz propia dentro de un movimiento feminista cada vez más colonizado por la izquierda a su izquierda.
Entretanto, Irene Montero sigue condenada a las catacumbas del Consejo de Ministros. Su agenda pública está desierta muchos días y lleva sin comparecer en rueda de prensa desde la Moncloa desde el pasado 28 de febrero, con motivo de unas transferencias del Gobierno a las comunidades en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Tampoco está previsto que la Secretaría de Estado de Comunicación le permita hacerlo ahora que está en funciones.
Así que la ministra de Igualdad ya solo espera su relevo. De momento, Montero no ha aclarado qué planes tiene para cuando eso suceda. Si decide acogerse a la indemnización por cese a la que tienen derecho los altos cargos del Ejecutivo cuando son destituidos o dimiten, le corresponderán unos 61.980 euros al año, por un máximo de dos años. Ello supone más de 5.100 euros mensuales.
La indemnización por cese asciende al 80 % del sueldo durante el mismo tiempo que el solicitante haya ocupado el puesto, hasta un máximo de 24 meses. Eso sí: es incompatible con cualquier otro salario público o privado, y el beneficiario tiene que solicitarla al Ministerio de la Presidencia.
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