Carlos Puigdemont, en un acto en Francia
Causas Pendientes
Una Fiscalía General del Estado a la medida de la amnistía que Sánchez prepara para Puigdemont
En plenas negociaciones para una futura investidura, el independentismo catalán se fija en el Ministerio Público que, hasta la fecha, ha sido implacable en el Supremo contra el procés
La Guardia Civil acreditó que Puigdemont intentó desde el exilio seguir recibiendo ayuda de Putin
Unas recientes declaraciones en las que el ex presidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemont, en las que afirmaba que acabar con la «persecución judicial» al procés «también es responsabilidad del Gobierno en funciones, a través de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado», hacían saltar todas las alarmas en plena negociación para la investidura de Pedro Sánchez que necesita el 'sí' expreso de los siete diputados de Junts para lograrlo.
Puigdemont situaba en el centro de sus críticas al Ministerio Público, especialmente contundente en el Supremo contra el separatismo, y no lo hacía en un momento cualquiera sino, consciente de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra cesado, con el Gobierno que lo propuso, tras la convocatoria de elecciones generales del pasado 23-J, a pesar de que el Consejo de Ministros no ha formalizado su situación mediante el correspondiente decreto.
El escenario no puede ser más «alegal», según confirman los expertos a El Debate, porque si bien la Fiscalía «no se encuentra descabezada como tal», lo cierto es que su ex titular, para el que el Estatuto Orgánico del Ministerio «no prevé una prórroga funcional», sólo puede adoptar decisiones operativas para el día a día pero «no nombramientos de carácter permanente o posiciones que vinculen a futuro» a la institución. Lo cierto es que García Ortiz, ajeno a las críticas que ha recibido durante su mandato y las polémicas heredadas y propias que le han salpicado, no oculta en sus círculos más cercanos el deseo de renovar al frente de la Carrera fiscal y «continuar» en las labores que le fueron encomendadas tras suceder en el cargo a su amiga y mentora Dolores Delgado.
Así las cosas, ¿podría García Ortiz intervenir para dar directrices a los fiscales en caso de que, aprobada la ley de amnistía el Supremo decidiese presentar una cuestión de inconstitucionalidad de la norma ante el Constitucional (TC)?. ¿Tendría el fiscal general la capacidad de responder, en nombre de la Administración española en una futura y eventual cuestión prejudicial sobre la amnistía ante la Justicia europea?.
¿Acaso desconoce Puigdemont que el titular de la Fiscalía está privado, hoy por hoy, de competencias perdurables que excedan de una mera gestión ordinaria? ¿O es que el ex presidente de la Generalitat piensa ya, dadas las circunstancias, en la oportunidad de que el próximo fiscal general deba recibir su beneplácito antes de ser designado?
Cabe recordar que el prófugo de la Justicia española que negocia contrarreloj con el Ejecutivo socialista en funciones, para hacer valer su posición ante la ansiada reelección a la que aspira Sánchez, ya ha reclamado que se reconozca «la legitimidad» del independentismo, una amnistía a los encausados por el referéndum inconstitucional del 1-O y garantías de cumplimiento de todos los acuerdos alcanzados, como condiciones previas, para avalar al presidente del Gobierno. Todo ello, sin renunciar a la vía unilateral y, además, articulando un mecanismo de mediación con la vista puesta en el referéndum de autodeterminación.
Si «no se aceptan estos requisitos», aseguraba en su reciente declaración, «no tendría ningún sentido» embarcarse en una negociación de investidura del candidato del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Nada impide, tampoco, a Puigdemont incluir en el intercambio de prestaciones que el futuro fiscal general del Estado sea alguien de su agrado, ni a estas alturas impide a Sánchez cumplir con el gusto del fugado.
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