Pedro Sánchez y Pere Aragonès, al comienzo de la Cumbre Hispanofrancesa
A los jueces de España
El TC es ya ahora el antisoberano; el verdugo judicial de la unidad de la Nación española, con Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado, al mando de la guillotina
Escribo las siguientes líneas, lleno de desconfianza en las instituciones de Bruselas, pero no menos henchido de furor jurídico y patriótico. Las dirijo a todos los jueces y magistrados de España, a cuantos hayan, en un futuro más cercano que lejano, de aplicar la ley de amnistía.
Porque, conviene recordarlo, la injusta ley de amnistía no ha de producir efectos inmediatos sino mediante una decisión judicial que la aplique ordenando el sobreseimiento libre de la causa o el archivo de los procedimientos sancionadores.
Efectivamente, todos los jueces lo saben, cabe plantear cuestión de constitucionalidad de acuerdo con el artículo 163 de la Constitución. Hágase por supuesto. Porque ninguna duda hay de los más que justificados motivos para declarar que en España no caben espacios de impunidad para golpistas y ladrones. Pero bien sabemos que el TC no es ya un órgano neutral e independiente. Posiblemente no lo fue jamás. El TC ya no es ni siquiera el peligroso soberano que denunciaba Carl Schmitt –lo ha sido por décadas cambiando y mutando la Constitución al antojo de las mayorías parlamentarias–, mientras el bipartidismo aplaudía con grosería. El TC es ya ahora el antisoberano; el verdugo judicial de la unidad de la Nación española, con Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado, al mando de la guillotina.
Lo que les planteo, animo y espoleo es a que asuman como deber patriótico y moral plantear una decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al amparo del art. 267 del Tratado de Funcionamiento. Ustedes, jueces y magistrados, aplican el derecho y dictan justicia en nombre del Rey, que es símbolo de la unidad y permanencia de la Patria.
Una ley de amnistía priva a quienes vimos violentados nuestros derechos; es decir, a todos los españoles
De conformidad con el artículo 2 del Tratado de la Unión, la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Añade el artículo 19 del mismo Tratado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea garantizará el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados.
De otra parte, el artículo 47 de la llamada Carta Europea de los Derechos Fundamentales establece que toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar.
Es evidente que una ley de amnistía priva a quienes vimos violentados nuestros derechos; es decir, a todos los españoles, ya que los bienes jurídicos protegidos por los delitos de sedición, malversación de caudales y desobediencia a la autoridad judicial no son ni pueden ser disponibles para un gobierno, pues son titularidad de la Nación española –que fue la victima de aquellos actos criminales, probados y firmes– de la tutela efectiva de un juez, de la debida y justa reparación.
Y por ello una ley de amnistía violenta la tutela judicial efectiva, reconocida, así como parte esencial de un Estado de Derecho.
Y aún añade el artículo 49 de la misma Carta, con una dicción de la que deduzco una clara incompatibilidad de una ley de amnistía con el derecho europeo, en su apartado segundo que la retroactividad de leyes penales no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, fuera constitutiva de delito según los principios generales reconocidos por el conjunto de las naciones, haciendo imposible una ley de amnistía que impida el juicio y el castigo en delitos tan graves como los cometidos por los golpistas, reconocidos en todas las naciones; pues de otro modo se violentaría el principio de legalidad, base y fundamento del Estado de derecho moderno.
El juez nacional está legitimado, si estima contrario al Estado de Derecho el texto de la nueva ley, a no aplicarla y, por el contrario, aplicar el derecho anterior derogado
La cuestión grave que plantea la ley de amnistía ya ha sido resuelta por el TJUE (sentencia de la Gran Sala de 2 de marzo de 2021). En dicha sentencia el TJUE señaló que «Ante unas modificaciones del ordenamiento jurídico nacional que, primero, retiran a un órgano jurisdiccional nacional su competencia para conocer…; segundo, decretan el sobreseimiento por mandato legal de tales recursos en caso de que estén pendientes de resolución, impidiendo que puedan proseguir su examen o que puedan volver a interponerse; y tercero, privan de este modo a tal órgano jurisdiccional nacional de la posibilidad de obtener respuesta…» habilita, y obliga, al juez nacional remitente de la cuestión a hacer caso omiso de dichas disposiciones, y a aplicar en su lugar las disposiciones nacionales anteriormente vigentes y ejercer él mismo el control previsto en estas últimas”.
Es decir, ante una ley como la de amnistía que desapodera al juez predeterminado por la ley y al Poder Judicial de su poder soberano, el juez nacional está legitimado, si estima contrario al Estado de Derecho el texto de la nueva ley, a no aplicarla y, por el contrario, aplicar el derecho anterior derogado.
Si Sánchez y sus secuaces quieren domesticar hasta la anulación al Poder Judicial, jueces y magistrados tienen el deber de defenderse pues con ello defienden la ley, a España y su existencia. De otro modo, España transitará el amargo camino de la tiranía.
Si luego el TJUE dice cosa distinta de lo que ha dicho para Polonia o Hungría, podremos dar por confirmado que el federalismo y el globalismo han finiquitado las comunidades europeas. Si no lo hiciera, habremos ayudado a salvar España y la libertad.
Si luego la Comisión Europea calla y el Parlamento europeo otorga, cualquier español decente sabrá que son máquinas al servicio del globalismo más feroz, aliado de los separatismos que acechan a la Nación. Y todo español decente podrá confirmar lo que ya se ha escrito: solo en la Nación hay verdadera solidaridad; sólo en la Nación hay verdadera democracia e igualdad.
- Jorge Buxadé es eurodiputado y vicepresidente de Acción Política de Vox
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