Vicente Guilarte, presidente interino del CGPJ, al frente del Pleno
Tribunales
El debate del CGPJ sobre la amnistía dinamita la unidad en el bloque de la izquierda jurídica
En el sector del Consejo más afín al Gobierno han surgido diferencias sobre el sentido del voto de cara al Pleno de este lunes. El presidente del órgano ha rechazado la posibilidad de desconvocarlo por «ilegal»
El Pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la futura amnistía a los líderes del procés que tendrá lugar este lunes a las 19.00 horas no será un mero trámite. El cónclave convocado a petición de un total de ocho vocales del bloque conservador para firmar una declaración institucional contraria a los anunciados planes de Pedro Sánchez para los separatistas catalanes procesados y condenados del 1-O, entre ellos el prófugo Carles Puigdemont, ha dinamitado órgano dividido desde hace un tiempo.
La amnistía retratará no sólo las discrepancias evidentes entre los miembros de los dos sectores que integran el máximo órgano de los jueces sino, también, pondrá de manifiesto la falta de unidad en el propio seno del ala izquierda acerca de esta polémica.
De los dieciséis vocales que componen el Consejo vigente, prorrogado desde 2018, un total de ocho, los promotores del durísimo texto que se debatirá esta tarde –entre los que se encuentran Carmen Llombart, Francisco Martínez-Tristán, Nuria Díaz Abad, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y José María Macías– consideran que la amnistía supondrá la «abolición del Estado de Derecho en España».
Entre los ocho restantes, posiciones encontradas: mientras hay quienes entienden que el pronunciamiento no debe darse antes de conocer el texto definitivo de la norma, por ejemplo, el magistrado Wenceslao Olea. Otros, se debaten entre una disyuntiva personal compleja, como en el caso de Enrique Lucas quien, nombrado a propuesta del Partido Nacionalista Vasco (PNV) es, a su vez, hermano del magistrado de la Sala Tercera Pablo Lucas, gravemente señalado por el separatismo tras conocerse que autorizó las escuchas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el presidente Pere Aragonés y otros líderes políticos de Esquerra (ERC).
Por su parte, el vocal más afín al Gobierno de Pedro Sánchez dentro del actual CGPJ, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, pedía al presidente interino Vicente Guilarte, suspender el Pleno de este lunes asegurando que se trata de una convocatoria «ilegal».
La respuesta de Guilarte ha sido negativa a las pretensiones de Cuesta quien ha deslizado que, en tal caso, se ausentará de la cita allanando, sin quererlo, el camino a que la comunicación institucional sea aprobada, en tal caso, por la mayoría de los miembros del Pleno. Cabe recordar que este vocal ya fracasó, en marzo de este mismo año, en su intento por promover la dimisión en bloque de todos sus compañeros para forzar la renovación del órgano a la medida del PSOE.
Dos posibles escenarios numéricos
Así las cosas, este lunes sólo caben dos resultados tras la reunión del Pleno del Consejo que promete ser tensa. El primero es que la ausencia del socialista Álvaro Cuesta haga efectiva la aceptación del texto presentado a debate por los ocho vocales conservadores que, en un cónclave de quince miembros presentes –suficiente para alcanzar el quorum legal previsto–, serían mayoría. Lo que no significa que no exista la posibilidad de que a este pronunciamiento se sumen finalmente otras voces como la de Olea, Lucas o el propio Guilarte, presidente interino del máximo órgano de los jueces.
El segundo escenario es que si todos los miembros acuden a la cita y Cuesta no cumple su amenaza, la nota institucional, para ser aprobada y emitida, como pronunciamiento formal del CGPJ sobre la amnistía, queda condicionada a obtener el voto afirmativo de, como mínimo, nueve vocales de los dieciséis presentes en la cita. De ahí que no sea inocua la decisión final que adopten los vocales que, como Olea, estarían en contra del borrado penal del procés pero no es partidario de adelantarse a acordar una lectura crítica de la misma sin haber tenido acceso al contenido que la defina, apuntan a El Debate fuentes jurídicas.
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