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23 de julio de 2024

Carles Puigdemont investigado en la Audiencia Nacional por Tsunami Democràtic

Carles Puigdemont investigado en la Audiencia Nacional por Tsunami DemocràticPaula Andrade

Audiencia Nacional

La imputación de Puigdemont por terrorismo lo convierte en el único separatista al que no podrá indultar Sánchez

La decisión del juez García Castellón de incorporar al expresidente de la Generalitat en la causa que se sigue contra Tsunami Democràtic bloquea los planes con Junts y activa la vía europea

El juez que investiga la causa de Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, dictaba este lunes un auto de imputación por un presunto delito de terrorismo para dos de los principales cabecillas políticos del procés: Marta Rovira, segunda de Oriol Junqueras, de Esquerra (ERC) y Carles Puigdemont, líder de Junts. Una decisión que no sólo parece haber complicado las negociaciones de Pedro Sánchez para obtener el 'sí' de los siete diputados de la formación para su investidura sino que, además, abre la vía de la Justicia europea para neutralizar una amnistía de la que el único que no podrá beneficiarse será el propio Puigdemont.

De acuerdo con el artículo 83.1 del Tratado Fundacional de la Unión Europea (TFUE), no cabe que España se apoye en su soberanía interna para perdonar un ilícito de esta naturaleza que, por su entidad y características, es un «delito europeo» lo que convierte al líder de Junts en un «justiciable europeo» y al magistrado que lo reclama en «juez europeo», con todo lo que esto conlleva.

Así las cosas, cualquier intento del Gobierno de Pedro Sánchez por alterar el «compromiso» adquirido por España en base al TFUE para la «adopción de medidas efectivas para la persecución de los delitos de terrorismo» podría ser cuestionado por el magistrado García Castellón antes de aplicarlo.

Es decir, si se aprueba la amnistía y el magistrado entiende que el contenido de la misma es incompatible con el Derecho comunitario consolidado, queda autorizado para plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) –que ya sentenció que Bélgica no podía denegar la entrega de Puigdemont a nuestro país– bloqueando las expectativas de impunidad para Puigdemont en el corto y medio plazo. De ahí las prisas de la Fiscalía por evitarlo, en las últimas semanas.

El auto de 34 páginas dictado por García Castellón, al que ha tenido acceso El Debate, y en el que se implica directamente al que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña en la causa de Tsunami Democràtic será clave para que la UE se pronuncie sobre la incompatibilidad de una amnistía a Puigdemont con el Derecho de la Unión Europea, cuando contra él hay abierta una causa por delito de terrorismo.

«Dada la armonización que en esta materia se ha efectuado de algunos tipos penales relacionados con el terrorismo, se puede afirmar que nos encontramos ante una materia que es Derecho de la Unión Europea», ha advertido el juez instructor de la causa de Tsunami Democràtic en su última resolución.

Cabe recordar que la imputación acordada por el magistrado se deriva del informe final de la Jefatura de Inteligencia de la Guardia Civil que apuntaba cómo el líder de Junts habría asistido en Ginebra (Suiza) a alguna reunión preparatoria, de los que serían graves altercados y movilizaciones masivas de la plataforma separatista Tsunami Democràtic contra la sentencia condenatoria del Supremo a los cabecillas del procés.

La consecuencia más grave de aquellos planes, la toma del aeropuerto del Prat, en Barcelona. Una iniciativa que «no surgió de forma espontánea, sino que fue el resultado de una estrategia minuciosamente planificada para protestar contra la sentencia del juicio del procés» y cuyo único objetivo era actuar «como elemento desestabilizador y de presión política a través de la movilización social a gran escala», a través de convocatorias masivas que «comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España».

La activación de una nueva OEDE

Ante la más que previsible negativa de Puigdemont, fugado en Bruselas desde 2018, a «comparecer de manera voluntaria» en la Audiencia Nacional para prestar declaración ante esta nueva imputación, García Castellón ya ha avanzado que pedirá un suplicatorio ante el Parlamento donde todavía es eurodiputado y ponerlo a disposición judicial.

Es decir, García Castellón ha abierto la vía a la emisión de una nueva orden europea de detención y entrega (OEDE) que, a diferencia de lo que sucede en el TS donde Puigdemont está procesado por sendos delitos de desobediencia y malversación, afectará a un delito de terrorismo que España está obligado, sin remedio, a perseguir como miembro de la Unión Europea (UE).

Existe un compromiso de España en la persecución de los delitos de terrorismo. Dada la armonización comunitaria se puede afirmar que nos encontramos ante una materia que es Derecho de la Unión Europea

Así las cosas, si la ley de amnistía llegase a aprobarse, y aunque fuese retroactiva para todas las causas judiciales abiertas contra los beneficiados por la norma, el Derecho comunitario consolidado es clave: tan sólo el juez titular de la causa, incluidas las euroórdenes, es propietario de la misma y ningún cambio legislativo, aunque éste suponga el borrado penal de los delitos, puede interferir, alterar o desactivar sus decisiones.

Tanto la imputación por delito de terrorismo, como la activación de una OEDE en la Audiencia Nacional contra Puigdemont complican su inclusión en el texto de la amnistía y, por extensión, su regreso en libertad a España de manera inmediata. Es sólo cuestión de tiempo conocer cómo afecta esto a las negociaciones en marcha entre PSOE y Junts para lograrlo.

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