Carles Puigdemont
Pacto investidura
El acuerdo del PSOE con Junts dinamita la independencia judicial y abre la puerta a ‘depurar’ jueces incómodos
Al más puro estilo de los cambios de régimen modernos en América Latina apoyados en golpes blandos, entre los que se inscribe el denominado lawfare, el pacto de investidura entre PSOE y Junts ha aceptado admitir un método «de guerra» no convencional en el que una ley, la de amnistía, será usada como medio para conseguir objetivos políticos. O, lo que es lo mismo, para ‘depurar’ en comisiones parlamentarias a jueces incómodos tras determinar que sus decisiones fueron injustas para los intereses de los separatistas.
Tras conocerse, este jueves, los términos en los que se había firmado el pacto entre los socialistas y Carles Puigdemont para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, con los siete votos del partido del expresidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia, el mundo jurídico se pronunciaba de manera unánime para denunciar que la inclusión en el mismo la posibilidad de que el Legislativo y el Ejecutivo rectificasen sentencias judiciales supone una «evidente intromisión en la independencia judicial y una quiebra efectiva de la separación de poderes».
No en vano, ya hay precedentes, sin ir más lejos en Venezuela, de cómo bajo el paraguas del lawfare se han producido auténticas purgas de jueces y magistrados incómodos para el Gobierno de turno. Casos como el de la abogada María Luisa Afiuni o el de la ex fiscal Luisa Ortega Díaz que, tras volverse un elemento contrario a los intereses del chavismo, fue extraditada después de que se le acusase de decenas de delitos, entre ellos, el de traición a la patria.
Así las cosas, socialistas y separatistas han decidido importar a nuestro país un método que, apoyado en la creación de «comisiones de investigación» conformadas por diputados, que no se concreta si del Parlament o del Congreso nacional, y al margen de los cauces del sistema de garantías de una Justicia independiente, admita no sólo corregir aquellas resoluciones de los tribunales que no convengan a determinados objetivos partidistas sino, también, impulsar «reformas legislativas» que permitan incluir en la futura ley de amnistía lo que en un primer momento los jueces hayan dejado fuera.
Sea cual sea la consagración práctica del lawfare en el texto del acuerdo, la realidad es que su mera presencia abre la puerta de par en par al reconocimiento de un perdón de Estado ante la supuesta ‘guerra judicial‘ que éste habría emprendido contra el procés y su entorno de manera injusta.
O, lo que es lo mismo, resulta admitir que los magistrados del Tribunal Constitucional (incluidos los del bloque de izquierdas) que, en 2010, sentenciaron en contra del Estatuto de Autonomía que definía Cataluña como «nación»; o, los de la Sala Segunda del Supremo, que condenaron a los cabecillas políticos del procés hasta a 13 años de prisión por sendos delitos de sedición y malversación, lo hicieron apoyados en algún tipo de animadversión contra las aspiraciones separatistas.
Y que, por ello, los políticos de turno, quedan habilitados para poder incluir en el borrado penal de la amnistía a todos aquellos acusados o condenados que consideren. Incluso aunque sus delitos no tuviesen vinculación alguna con los hechos del procés de Cataluña. Un escenario en el que la corrupción de Marta Rovira, la número dos de Puigdemont, o del abogado Gonzalo Boye, a las puertas del banquillo en la Audiencia Nacional por un delito de blanqueo de capitales vinculado con el narcotráfico, queden impunes.
Señalamiento de jueces
Nada más conocerse hace unos días la decisión del magistrado titular del Juzgado de Instrucción Central número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, de imputar al expresidente de la Generalitat y prófugo en Bruselas un delito de terrorismo en el marco de la causa de Tsunami Democràtic, el líder de Junts colgaba un tuit en su cuenta oficial calificando la misma de «golpe de Estado con togas».
Un escenario que el Gobierno de Pedro Sánchez trató de neutralizar a través de la Fiscalía que, si en un primer informe consideró que los hechos contenidos en la causa podían ser susceptibles de terrorismo, tras las elecciones generales del 23-J, el fiscal jefe de la AN, Jesús Alonso, rectificó en un segundo escrito de subsanación, para dejarlos en meros desórdenes públicos agravados.
Cabe recordar que el separatismo catalán ha puesto en el punto de mira a los jueces que, durante estos últimos años, desde el referéndum inconstitucional del 1-O en Cataluña, se han convertido en azote de quienes trataron de revertir el orden constitucional y declarar la independencia catalana a espaldas de la ley. Entre ellos, por ejemplo, el juez instructor del procés en el Supremo, Pablo Llarena, que llegó a sufrir la ira de los radicales con pintadas e insultos en su casa de Sant Cugat del Vallés.
Ahora, el PSOE, con el único objetivo de asegurarse los siete votos de Junts que Pedro Sánchez necesita para reeditar mandato al frente del Ejecutivo, ha aceptado admitir a través del cajón desastre del lawfare que contiene su pacto con Junts, que magistrados como Llarena se extralimitaron en sus funciones profesionales y persiguieron las ilegalidades del separatismo catalán excediéndose en sus competencias o en base a algún tipo de animadversión personal.
Un escenario sumamente peligroso que, como denuncia, entre otras el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su nota institucional sobre la amnistía «constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales y del propio sistema de división de poderes en que se inspira nuestra Constitución y sobre el que se asiente el Estado de Derecho».
«Una ley de amnistía como la anunciada por el presidente del Gobierno en funciones tan solo puede tener por objeto dejar sin efecto las decisiones -generalmente en sentencias- adoptadas por los Tribunales con relación a los mencionados hechos del pretendido conflicto catalán. Es decir, pura y simplemente, una ley de esas características solo puede suponer declarar la nulidad de esas decisiones. En otras palabras, que las Cortes vendrían a incidir en el Poder Judicial declarando la nulidad de las sentencias dictadas por los tribunales que se integran en él», han alertado los jueces y magistrados de nuestro país.
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