El expresidente Carles Puigdemont durante las negociaciones con el PSOE
Investigación
La Generalitat investiga si Puigdemont se financia desde una fundación de la que han desaparecido 500 millones
La investigación comenzó en mayo tras esfumarse el patrimonio de Pere Mir, un empresario catalán que falleció en 2017
La Generalitat de Cataluña investiga en secreto desde hace varios meses la desaparición de una herencia de 500 millones de euros perteneciente a la Fundación Cellex. Este dinero se desvaneció cuando el empresario catalán Pere Mir, fundador de la entidad, falleció en 2017. El Debate, que publica hoy la denuncia que ha motivado la apertura de la investigación, ha conversado con uno de los testigos del botín desaparecido, que apunta a que estos fondos han podido servir para financiar el procés y para costear la estancia del expresidente Carles Puigdemont en Bélgica.
Sólo la vivienda de Waterloo tiene un coste de 4.400 euros al mes. A esta cifra hay que sumarle los suministros de la propiedad y los gastos que Puigdemont y su equipo han tenido desde que huyeron a Bélgica en octubre de 2017. Desde entonces, ni el expresidente catalán ni el Consell de la República, el organismo que él mismo constituyó para llevar a cabo la declaración de independencia de Cataluña, han aclarado de qué manera se financian. Ahora, se abre una vía de investigación oficial que lleva meses operativa sin que se le haya dado ninguna publicidad. Antes de fallecer, Mir recibió un premio de la mano del entonces presidente Puigdemont, que declaró públicamente que «Cataluña necesita muchos Pere Mir».
Inicio de la investigación sobre el paradero de la herencia de Pere Mir
La documentación que obra en poder de este periódico acredita que el Departamento de Justicia de la Generalitat comenzó a indagar sobre el paradero de la herencia millonaria de Mir el pasado 11 de mayo, a pesar de que no se hizo público. La investigación comenzó tras la interposición de una denuncia en la que se informaba de la desaparición del dinero. Esta denuncia fue puesta el pasado 6 de marzo por Ángel Surroca, la persona que levantó el imperio empresarial de Derivados Forestales, de Mir, siendo consejero delegado de todas ellas.
Surroca apunta a tres personas: Jordi Segarra, un contable que poco a poco se fue haciendo con la confianza de Mir que acabó como gestor de las fundaciones y de los pagos y cobros del empresario; José Francisco Capellas, abogado radicado en Andorra; y por último el médico Josep Tabernero, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Vall d'Hebron.
El denunciante afirma que la herencia de Mir desaparecida oscila entre los 400 y los 600 millones de euros. Surroca enumera los bienes inmuebles de alto valor económico que forman parte del patrimonio de Mir. Entre ellos figuraban el domicilio del empresario catalán, un impresionante ático próximo al Parque del Turó de Barcelona, un segundo ático en el que vivían sus suegros, un chalet en la exclusiva urbanización La Pleta, en Baqueira Beret (Gerona), una casa en Vilassar de Mar y un edificio entero y dos planta de otro bloque, ambos en el Paseo de San Juan de Barcelona.
La denuncia relata los bienes que conforman el patrimonio millonario del empresario
Pere Mir fue un reputado empresario catalán del sector químico. Falleció el 10 de marzo de 2017 y fue entonces cuando comenzó a desaparecer el dinero. El primer hecho irregular que se produjo, según el testigo de la fortuna, fue la rápida incineración del empresario, de ahí que su médico sea uno de los denunciados. En la denuncia se afirma: «Su muerte se llevó con total secretismo respecto a la viuda y las sobrinas que no pudieron ni hacerle el velatorio, ya que fue trasladado el cuerpo directamente a la funeraria e incinerado, en cuanto se cumplió el plazo establecido». Mir acudió al notario para modificar su testamento dos meses antes de morir. En el nuevo documento nombró albaceas –es decir, gestores de sus bienes– a las tres personas que hoy están bajo sospecha tras la desaparición de los fondos.
Una operación opaca
En la denuncia también se declara la desaparición de varias fincas en Argentina, la residencia que Mir usaba en Ginebra (Suiza) en la que residió durante varios años y donde, además, conservaba un coche de la marca Rolls Royce, y una segunda vivienda en el municipio helvético de Villars-Sur-Ollon, entre otras propiedades. «Los bienes pasaron a ser controlados por las empresas de Pere Mir y formaron parte de la herencia que se transmitió a su esposa y, al morir ésta, a la Fundación Cellex (...) Una operación irregular, si tenemos en cuenta que estamos hablando de un patrimonio destinado a cumplir una finalidad fundacional», afirma la denuncia.
Pere Mir modificó su testamento antes de morir en beneficio de los hoy denunciados
A parte de las propiedades inmobiliarias también se desconoce cuál es el paradero de las joyas de la esposa de Mir, sus colecciones de relojes, las pinacotecas, las bibliotecas, los muebles y todos sus objetos familiares de alto valor económico. También ha desaparecido un barco de Mir llamado Danae, de 36 metros, y el valor de los amarres que tenía en los puertos de Barcelona, Ibiza y Formentera. La denuncia concluye que, analizados los bienes y depósitos de la fortuna de Pere Mir, según consta en la inspección de 2019 que heredó la Fundación Cellex, «no se ve en las cuentas ni en las memorias presentadas al Protectorado que figuren dichas propiedades». El denunciante afirma que «no consta en ningún lugar, ni en las cuentas de la entidad, los derechos y propiedades» en una inspección que llevó a cabo la Agencia Tributaria de Cataluña en 2019.
Otro de los puntos que revela la denuncia es que las dos sobrinas de Mir no han podido ver el testamento y se les ha ofrecido una pensión vitalicia a cambio de no reclamar la herencia ni realizar ningún tipo de acción en relación con ella. Para Ángel Surroca, este extremo «pone en cuestión la situación de opacidad que rodea la herencia». En concreto, la retribución que se les ingresa a las sobrinas de Mir asciende a 14.000 euros al mes. Esta cantidad es abonada a través de la sociedad Simex SL, de la que el denunciado Segarra es administrador único desde el 22 de octubre de 2018. Esta sociedad, según su última declaración de la renta, cuenta a día de hoy con activos por valor de 22,3 millones de euros
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