La Justicia británica embarga a España 800.000 euros de cuatro cuentas por los impagos del Gobierno a las renovables

el Gobierno de España sigue asumiendo el altísimo coste de su política de impagos a las empresas e inversores que, animados por los elevados incentivos del Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que ahora Pedro Sánchez se niega a pagar, invirtieron en nuestro país en energías renovables. Una nueva decisión de la Justicia británica, adoptada por la Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Gales, bajo la dirección del magistrado Richard Harold Davison ha decretado el embargo de un total de 800.000 euros de cuatro cuentas bancarias diferentes, titularidad del Estado español, para hacer frente a parte de uno de los importes debidos por nuestro país.

La sentencia fue emitida el 9 de noviembre y sellada y comunicada a las partes el 10 de noviembre. Y éste es el último episodio de la autorización entregada en abril y agosto de este mismo año 2023 para la incautación cautelar de tres propiedades inmobiliarias del Reino de España, todas ellas ubicadas en la capital inglesa. Se trata de la sede del propio Instituto Cervantes, las oficinas de promoción económica de la Generalitat de Cataluña radicadas en Fleet Street y el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañada Blanch, en Portobello Road. Asimismo, los tribunales británicos han dado su visto bueno al embargo cautelar de la indemnización por la catástrofe del Prestige, valorada en 900 millones de euros más.

Es en esta semana, en cambio, cuando ha trascendido la nueva resolución por la que la Justicia británica ha autorizado la incautación de cuatro cuentas bancarias del Instituto Cervantes, la institución pública del Reino de España que promueve la enseñanza, el aprendizaje y el uso del castellano en el mundo. El saldo acumulado en dichas cuentas que ya ha sido bloqueado asciende a un total de 805.808 euros (699.057,49 libras esterlinas).

Este proceso, en concreto, está ligado al caso Infrared, que derrotó a España en un proceso canalizado en el CIADI, tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Dicho litigio arrancó en 2014 y llegó a su fin en agosto de 2019, cuando se publicó un laudo que quedó confirmado en marzo de 2021 y que ahora ha entrado en su fase final de ejecución.

Si bien la denuncia inicial reclamaba una compensación de 75,7 millones de euros para los inversores perjudicados, estos quedaron reducidos a €28,2 millones de euros una vez se conoció la sentencia final, emitida por un tribunal que presidió el jurista canadiense Stephen L. Drymer. Debido a los intereses de demora y las condenas en costas, las obligaciones asociadas a este caso se han ido incrementando de forma progresiva: en primer lugar, añadiendo un total de 4,8 millones al monto que adeuda el Estado; y, en segundo término, ha incrementado las obligaciones en otros 4,5 millones más.

En paralelo a estas medidas de protección, también se intervinieron cuatro títulos de deuda pública española e invocado la cláusula que sitúa a nuestro país en una situación de default técnico. Esta decisión, además, encareció la financiación del Tesoro Público español en los mercados de deuda.

Third Party Debt Order

El proceso de embargo de bienes impulsado en relación con el caso Infrared empezó el pasado mes de abril, con el embargo cautelar de dos inmuebles: la sede del Instituto Cervantes en Londres y la sede del organismo de promoción económica de Cataluña, ACCIÓ.

En paralelo, los afectados por los impagos del gobierno de España activaron un proceso conocido como TPDO o Third Party Debt Order mediante el cual reclamaron que se intervengan cuatro cuentas de banco ligadas a la operativa del Instituto Cervantes en Gran Bretaña.

Un equipo de abogados y consultores especializados en este tipo de procedimientos empezó a trabajar en este proceso ligado al caso Infrared a comienzos de 2023. Las medidas adoptadas entre abril y noviembre han dado pie a la incautación que ahora sale a la luz. La decisión ya ha sido debidamente comunicada y notificada al Gobierno de España.

Más de 25 condenas ejecutables

A lo largo de los últimos años se han publicado un total de hasta 25 sentencias internacionales que condenan a nuestro país a indemnizar a estas compañías e inversores por valor de 1.200 millones de euros. Una cifra a la que hay que sumarle 250 millones de euros más en concepto de sobrecostes judiciales y financieros ligados al empeño del Gobierno en seguir dilatando estos procedimientos e incumpliendo los acuerdos arbitrales a los que se ha sometido de manera vinculante al designar a varios bufetes extranjeros para representar sus intereses fuera de nuestras fronteras donde la Abogacía del Estado no puede actuar.

Ante los impagos recurrentes del Ejecutivo español, las empresas afectadas, por su parte, han tomado medidas legales para registrar los laudos ante los tribunales de terceros países, en general los de sus sedes sociales, como Gran Bretaña, Australia o Estados Unidos, donde exhiben dichas resoluciones para que sean convalidadas en forma de títulos reconocibles y ejecutables.

Un daño reputacional irreparable

España se sitúa ahora como uno de los países con más laudos internacionales pendientes de pago, a la altura de países como Venezuela o Rusia, ocupando el segundo puesto entre ambos en el ranking de incumplimientos, en lo que constituye un claro socavamiento del imperio de la ley y del Estado de Derecho, así como una señal muy negativa a la comunidad inversora internacional sobre la falta de seguridad jurídica en nuestro país.

Así las cosas, nuestro país está sufriendo un daño reputacional irreparable debido a la decisión del Gobierno de incumplir sus obligaciones internacionales y no desembolsar las indemnizaciones decretadas en los más de 25 procesos que ya han llegado a su fin y que, hasta la fecha, se han saldado con la victoria de las empresas e inversores afectados.

Tal es así que el Gobierno de Estados Unidos advirtió en su último informe-país sobre el efecto pernicioso de estos impagos, mientras que la Cámara de Comercio del país norteamericano se personó ante la Justicia para reclamar medidas que pongan fin efectivo a los mismos. En próximas fechas se espera la autorización de nuevos embargos en Australia, donde la Corte Suprema también ha fallado contra España y ha ordenado el reconocimiento de las deudas que sufren las empresas e inversores a quienes se reconocieron las indemnizaciones.

Ante estos desarrollos, no sorprende que los últimos datos de inversión extranjera (segundo trimestre de 2023) reflejen una caída de la inversión extranjera del 74 %, siendo el desplome del 97 % en el caso de Estados Unidos o del 68% en el de Reino Unido. En el acumulado del primer semestre, la caída ronda el 25 %.

La inseguridad jurídica es especialmente problemática en el ámbito de las energías renovables, donde se requiere el despliegue intensivo de capital para financiar proyectos de largo plazo. Resolver este problema es asequible para el Gobierno de España, puesto que las indemnizaciones reconocidas hasta la fecha suponen aproximadamente el 0,1-0,2 % del PIB. Sin embargo, los expertos advierten de que dejar que esta situación se siga enquistando solamente tendrá «malas consecuencias» para España.