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Tribunales
El Supremo australiano ya puede confiscar buques de Navantia y el Cervantes en Sidney por la deuda de las renovables
La Corte Suprema de Australia ha fallado, por unanimidad, a favor de la compañía Antin y en contra del Gobierno por el impago de 101 millones de euros
Tras conocerse, la semana pasada, la decisión de la Justicia británica de decretar el embargo de la sede del Instituto Cervantes y las oficinas del Diplocat, la embajada separatista del Govern catalán, en Londres, como resultado del impago de las indemnizaciones que debe el Gobierno a los inversores de las energías renovables, en nuestro país, ha llegado un nuevo mazazo para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Según ha podido saber El Debate en primicia, la Corte Suprema de Australia ha fallado, este mismo miércoles, de forma unánime el recnocimiento de un laudo a favor de la compañía Antin Energía Termosolar que se traducirá, en la práctica, en el embargo de nuevos bienes del Estado español en el extranjero por valor de hasta 101 millones de euros. Entre ellos, la sede del Instituto Cervantes en Sydney y varios buques titularidad de la empresa pública Navantia.
El proceso, iniciado hace algunos meses, cuando la empresa Antin, perjudicada por el cambio regulatorio articulado en relación con las primas de las energías verdes, presentó ante la Justicia australiana el laudo obtenido del Centro Internacional de Arreglo de Inversiones Internacionales (CIADI) para su reconocimiento previo a la solicitud de bloqueo de los bienes del deudor, en dicho país. Esto es, los activos y propiedades de España en Australia.
Pese a los intentos de la Abogacía del Estado por evitarlo, inicialmente en Washington, la acción prosperó y con la resolución dictada hoy, a la que ha tenido acceso El Debate en primicia, queda total y definitivamente reconocida la deuda. Y, «lo que es más importante», se trata de «una puerta abierta a las empresas» que «podrán interponer» de inmediato «acciones de protección como el embargo e incautación de activos del Reino de España». El camino iniciado por el juez Peter Fraser de la Alta Corte de Inglaterra y Gales ha cuajado, ahora, en Australia.
En el punto de mira de los inversores a los que la Justicia australiana ha dado la razón están, de nuevo, las sedes de edificios adscritos a instituciones oficiales como, por ejemplo, la sede del Instituto Cervantes en Sydney; las inversiones, buques y fragatas de Navantia en Australia; y, además, las cuentas bancarias y activos financieros de los que el Reino de España pueda ser titular en las antípodas.
Según fuentes de la empresa consultadas por este diario, dado que «el proceso de rastreo de activos ya está, de hecho, completado» –gracias a un minucioso trabajo previo que El Debate avanzó en exclusiva– las peticiones de bloqueo sobre los bienes concretos, hasta completar el importe de la deuda, se consignarán ante el Tribunal sentenciador en los próximos días.
La Corte australiana ha condenado, también, a España a pagar las costas del procedimiento que el Gobierno ha perdido contra Antin, por los daños y perjuicios sufridos por la compañía tras la revocación retroactiva, en 2013, de las primas concedidas por el Ejecutivo de José Luis Rodrígez Zapatero a las renovables. No en vano, Antin financió con 139,5 millones de euros dos plantas: Andasol 1 y Andasol 2, en Granada.
Según los expertos consultados esta nueva decisión confirma el efecto cascada de ejecuciones que podría sufrir España ya que nuestro país «renunció a su inmunidad estatal» al firmar el Convenio Internacional de Arbitraje del CIADI de 1966, que le ha condenado ya en más de una veintena de causas, y el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) de 1994, que regula las relaciones entre las partes contratantes en el sector energético.
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