La eurodiputada de Cs, Maite Pagazaurtundúa; el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, y la eurodiputada de ERC, Diana Riba
Vox confía en el alcance de la misión de la UE en Cataluña: «Tiene una importancia política decisiva»
Desde el partido de Santiago Abascal denuncian el «comisariado político» del separatismo y su intento de «deslegitimar» al Parlamento Europeo
Este lunes aterrizaba en España una delegación de eurodiputados con el objetivo de comprobar in situ los efectos de la llamada inmersión lingüística en las escuelas de Cataluña. Una misión del Parlamento Europeo que desde la Generalitat se intentó boicotear desde el primer momento y en la que no participó ningún parlamentario socialista al considerarla «un sainete».
Vox confía en el alcance que puede tener esta visita y el correspondiente informe con las conclusiones y las recomendaciones que se van a extraer de ella, como suele hacerse con todas las misiones que llegan de Bruselas para analizar una cuestión determinada, que se presentará en tres meses. Este informe, aunque no es vinculante, «tiene una importancia política decisiva porque los padres y alumnos van a tener un asidero político y jurídico para defender sus derechos», explican a El Debate fuentes del partido.
«Los eurodiputados extranjeros han podido tener un conocimiento real de cuál es el falso modelo educativo de la Generalitat de Cataluña. La Generalitat ha dicho permanentemente que se garantiza el bilingüismo, pero han podido ver que se trata de un sistema monolingüista que además utiliza la lengua como un medio para la construcción artificial de una identidad nacional catalana exclusiva», remarcan.
Estas mismas fuentes señalan que hay cuestiones que han llamado mucho la atención a los europarlamentarios de otros países. Entre ellas, que las páginas web de los colegios solo estén en catalán, como las comunicaciones que se difunden desde los colegios y la administración educativa a los padres, o que haya una «voluntad en los proyectos lingüísticos» de los centros educativos de que a los alumnos se les hable en catalán en el recreo y en las actividades extraescolares. Una realidad que conocen, y denuncian, políticos españoles y ahora se ha trasladado también al Parlamento Europeo.
Del mismo modo, los que han participado en la visita también han visto con asombro que el Parlamento catalán apruebe una ley para sortear la ejecución de una sentencia –la del Tribunal Supremo que obliga a aplicar un 25 % de español en las aulas–. Una maniobra del Gobierno catalán que, como denuncian desde el partido de Santiago Abascal, supone ir «en contra del Estado de derecho» y, apuntan, es el mismo proceso que se ha producido con la amnistía o con la derogación del delito de sedición. Fue, de hecho, recurrida en su momento por la oposición ante el Constitucional.
La presión del separatismo
Al término de la visita, la presidenta de la misión, la eurodiputada estonia Yana Toom (de Renew Europe), sí señaló varias conclusiones que, previas al informe, había sacado de los tres días de reuniones con los peticionarios de esta misión, con los padres que han reclamado más clases en español y con representantes de las asociaciones que defienden el bilingüismo en Cataluña y de las visitas a dos centros educativos de la región.
Entre otras cosas, concluyó que el catalán no está en peligro en Cataluña y mostró extrañeza por no haber recibido respuesta a sus preguntas sobre el número de alumnos que reciben el 25 % de educación en castellano, o sobre cuántas familias habían sido acosadas por reclamarlo. Y trasladó, por otro lado, el intento que observaron por parte de la Generalitat de obstaculizar su trabajo, así como la presión ejercida por el independentismo hacia ellos.
Como contó El Debate, el Gobierno de Pere Aragonès envió a dos altos cargos de la Consejería de Educación –al director general de Centros del departamento de Educación y al inspector de la Consejería–, para que estuvieran presentes en la visita de la delegación europea a dos centros educativos de El Prat, y no solo eso, sino que el primero fue el que respondió a la mayoría de preguntas de los eurodiputados pese a ir dirigidas a los directores de esos centros. También estaba presente un concejal del Ayuntamiento del municipio barcelonés. Una situación fue denunciada por el europarlamentario de Vox Jorge Buxadé, que los calificó de «comisarios políticos».
Garantizar derechos, más allá de porcentajes
Desde Vox critican el intento del separatismo por «deslegitimar» al Parlamento Europeo al poner la etiqueta de «ultraderecha» a la misión y al alegar desde la Generalitat que los eurodiputados no tienen competencias en este tema. «No es un tema de competencias en materia de Educación; es un tema de violación de derechos fundamentales, de violación del propio Derecho europeo», subrayan desde la formación, y recuerdan en este sentido que la Carta Europea de Derechos Fundamentales habla de discriminación por razón de lengua.
«Es evidente que se está produciendo, con argumentos que además son falsos», indican, como por ejemplo el de un supuesto «arrinconamiento del catalán» que alegaron en su momento para la ley de normalización lingüística de 1983: «Es absolutamente falso; es monopolístico en los medios de comunicación públicos de Cataluña, en la administración catalana, en el sistema educativo...».
Vox se muestra rotundo a la hora de defender que no se trata de que se aplique un porcentaje, en este caso del 25 %, sino que «se tiene que garantizar el derecho a ser educado en español en las mismas condiciones, al menos, que a ser educado en catalán». Su planteamiento pasa entre otras cosas por cambiar ese sistema de inmersión lingüística establecido en Cataluña, de forma que se dé libertad a los centros y se permita a los padres elegir la lengua en la que quieren que sus hijos sean educados.
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