El Constitucional da la razón al diputado de Podemos que perdió su escaño por patear a un policía

El Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido ha admitido el recurso presentado por Alberto Rodríguez, el que fuera diputado de Podemos, contra la decisión del Supremo que provocó la pérdida de su condición de diputado, tras ser condenado por un delito de atentado contra la autoridad. La Corte de Garantías ha dado la razón al expolítico de la formación morada al entender que la consecuencia práctica para una sanción penal que no significó el cumplimiento de la pena principal de prisión, al quedar reemplazada por una multa (como medida accesoria), vulneró los derechos de representación política de Rodríguez.

Según han adelantado fuentes judiciales a El Debate, la mayoría de los magistrados de izquierdas han respaldado la tesis defendida por la ponente de la sentencia, María Luisa Segoviano, quien como ya avanzó este periódico en exclusiva, consideró «desproporcionada», en un primer momento, la interpretación parlamentaria que dio lugar a la retirada del escaño a Rodríguez. Por su parte, mientras el magistrado Ramón Sáez ha emitido un voto concurrente con el fallo del Pleno, los cuatro magistrados del bloque conservador han anunciado un voto particular en contra.

Pese a que, finalmente, el fallo ha salido adelante sin dicha consideración -según la cual el Tribunal se asomaba al «disparate» jurídico de proponer que las condenas penales a un cargo público, por delitos leves como el que se le imputó a Rodríguez, no provocasen la pérdida del acta parlamentaria-, lo cierto es que la Corte ha avalado otras razones de fondo alegadas por su abogado, Gonzalo Boye.

Así, en esta segunda ponencia aprobada, propuesta de amparar a Rodríguez con un razonamiento distinto. En concreto, expone que la operación jurídica que hizo el Supremo fue incorrecta porque al sustituir la pena de cárcel por multa ya no era posible mantener la pena accesoria, esto es, la inhabilitación que propició su salida del Congreso de los Diputados.

Por lo tanto, el Pleno concluye que «se vulneró el derecho del demandante de amparo a la legalidad penal (art. 25.1 CE), desde la perspectiva del principio de prohibición de interpretación extensiva o analógica de los preceptos sancionadores». Ya que «la interpretación efectuada en las resoluciones impugnadas de la normativa penal conforme a la cual la pena de prisión a imponer de un mes y quince días, aun siendo obligatoria su sustitución por otras penas de inferior incidencia lesiva en los derechos de los condenados -en este caso de multa-, pervive de manera autónoma posibilitando la aplicación de las consecuencias accesorias penales y extrapenales vinculadas a la pena de prisión».

Cabe recordar que el ex diputado canario fue condenado el 6 de octubre de 2021 por el Supremo a una pena de un mes y medio de prisión, e inhabilitación para ser elegido cargo público durante ese mismo tiempo, como culpable de un delito de atentado a agente de la autoridad tras propinar una patada a un policía en una protesta celebrada en Canarias, contra la Ley Wert, en 2014.

Apenas una semana más tarde, el Alto Tribunal a través de su entonces presidente, Carlos Lesmes, remitía a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet –y a la Junta Electoral Central– la sentencia de la Sala Segunda de lo Penal del TS para que procediese a aplicarla. Una resolución que para el político de Podemos conllevó la inmediata pérdida de su condición.

El recurso contra Batet, pendiente

Precisamente, Rodríguez, también impugnó el acuerdo adoptado el 22 de octubre de 2021 por la entonces presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, para retirarle el escaño después de que el Supremo le condenara. Sin embargo, el TC no ha entrado ahora en este asunto, que queda pendiente.

Además, el ex diputado 'morado' lleva desde enero de 2022 a la espera de que el TC conteste a una medida cautelar, con la que buscaba que se le devolviera el acta de diputado, que planteó al mismo tiempo que pidió amparo al Constitucional. La Fiscalía del Tribunal Constitucional apoyó amparar al político canario por la retirada del escaño, no así en la impugnación contra el fallo del alto tribunal.