Los ministros de Derechos Sociales y de Justicia, flanqueando a la portavoz
Salto al vacío
El Gobierno se inventa un terrorismo amnistiable que no existe en la UE
El ministro de la Presidencia y Justicia niega la evidencia y se jacta de que los socialistas no solo no han cruzado su línea roja, sino que han hecho que Junts y ERC retrocedan en las suyas
La noticia pilló por sorpresa a los diputados del PP y Vox. Recién iniciada la Comisión de Justicia del Congreso, en la que se debatían y votaban las enmiendas presentadas a la proposición de ley de amnistía, empezaron a llegarles a sus teléfonos móviles teletipos que informaban de otro acuerdo in extremis entre el PSOE, Junts y ERC.
La portavoz del PP en la Comisión, María Jesús Moro, tomó la palabra para quejarse y para exigir saber lo que iban a votar. Aquello se iba pareciendo demasiado al famoso superpleno de los tres decretos ley. Y lo que iban a votar eran dos enmiendas transaccionales que, de facto, aseguran la impunidad también a los encausados por terrorismo de los CDR y Tsunami Democràtic.
El PSOE dio este martes un salto al vacío al asumir, defender con ímpetu y poner por escrito que existe un tipo de terrorismo amnistiable. Puesto que el nuevo artículo 2 de su proposición de ley abre de par en par la amnistía a los encausados y condenados por terrorismo, con o sin sentencia firme. Solo excluye a quienes «de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario».
No obstante, el salto al vacío del Gobierno puede acabar siendo, también, un paso en falso ante la UE y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Allí se librará la gran batalla una vez que las Cortes aprueben la amnistía, porque el PP da por perdido cualquier recurso en el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido. La directiva europea 2017/541, relativa a la lucha contra el terrorismo, establece en su artículo 16 que los Estados miembro pueden rebajar la pena a un condenado por terrorismo en determinadas circunstancias, pero «en ningún caso se prevé la extinción de la responsabilidad». Esto es algo de lo que ya alertaban los tres letrados adscritos a la Comisión de Justicia en su informe sobre la proposición de ley.
Montaje: Oriol Junqueras y Carles Puigdemont
ERC y Junts querían incluir en la amnistía los actos tipificados en el Código Penal como delitos de «tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos», que son los que afectan a las causas de los CDR y Tsunami Democràtic, y sus deseos fueron órdenes, una vez más, para un Gobierno que necesita los 14 votos del independentismo catalán para respirar.
Nada más alcanzado el acuerdo, Junts se apresuró a felicitarse por haberse comido una nueva rodaja del salchichón, que diría Alfonso Guerra. Y el propio Carles Puigdemont se paseó triunfal por el Parlamento europeo, presumiendo ante los periodistas de que ahora sí estará blindado.
Bolaños llegó a defender que son Junts y ERC los que han cedido con el terrorismo, no el PSOE
Así que para cuando compareció en la Moncloa el ministro de la Presidencia y Justicia después del Consejo de Ministros, Junts había golpeado primero. Aun así, Félix Bolaños señaló que los socialistas no solo no se habían saltado su línea roja del terrorismo, sino que habían hecho a Junts y ERC retroceder posiciones. Porque hasta la semana pasada estos pedían eliminar el terrorismo de las causas de exclusión de la amnistía en sus enmiendas, según presumió el ministro.
Bolaños también aseguró que la nueva redacción es más segura y adaptada al «estándar europeo». «No solo hemos mantenido el terrorismo exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía, sino que hemos mejorado técnicamente y hemos reforzado la seguridad jurídica de ese artículo», insistió.
El Gobierno argumenta que la redacción originaria de la proposición de ley, que excluía de la amnistía a los condenados por terrorismo con sentencia firme, generaba «inseguridad». «De facto todo el mundo podía ser amnistiado. Ahora lo limitamos. El artículo 2 y 3 tendrá que interpretarlo un juez, que es el competente. Si considera que es terrorismo y que hay ‘violaciones graves de derechos humanos’ estará fuera. Y si no, dentro», según fuentes gubernamentales. «Lo de la sentencia firme era una puerta que ríete de la puerta de Brandeburgo, ahí entraba todo el mundo», añaden las mismas fuentes.
Las últimas enmiendas incorporadas a la ley de amnistía tienen beneficiarios con nombre propio, empezando por Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Pero también tienen un destinatario claro: el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor de las causas de Tsunami y los CDR y al que el Gobierno ve como un estorbo. Las declaraciones de la vicepresidenta Teresa Ribera y del ministro Ernest Urtasun son solo una muestra de lo que algunos ministros dicen de él y su intencionalidad política en privado.
La reforma del artículo 2 de la proposición de ley de amnistía es una manera de atar más en corto al juez de la Audiencia Nacional. O en otras palabras: de limitar al mínimo su margen de maniobra. Porque para excluir a alguno de los encausados por terrorismo tendrá que dictaminar que la persona en cuestión ha causado «violaciones graves de derechos humanos» y, a mayores, «de forma manifiesta y con intención directa».
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