Míriam Nogueras (Junts) pasa frente a Pedro Sánchez y Teresa Ribera
Otra vía de agua
Junts amaga con echar atrás la ley de amnistía y rehacerla ante el cerco judicial a Puigdemont por traición y terrorismo
Las dudas sobre el horizonte judicial del expresidente fugado están haciendo mella en su partido. La votación de este martes se prevé angustiosa para el PSOE y su desenlace es incierto
AA la defensa de Carles Puigdemont se le acumulan las vías de agua. La decisión del juez de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, de prorrogar seis meses más la instrucción del caso Voloh ante los indicios de que el expresidente catalán pudo cometer un delito de traición complica aún más su impunidad. Que ya de por sí torció el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón la semana pasada.
El doble cerco judicial al expresidente catalán por posibles delitos de terrorismo y traición ha obligado a Junts a repensar su estrategia. El partido amaga con echar atrás la ley de amnistía en el Pleno de este martes para obligar al PSOE a rehacerla en la Comisión de Justicia. Así que la jornada se presenta angustiosa para los socialistas.
Los delitos de traición han estado desde el principio entre las exclusiones de la ley de amnistía, recogidos en el artículo 2. Figuraban en la proposición de ley que el PSOE registró en el Congreso el pasado noviembre y desde entonces ese apartado no ha sufrido cambios. Es éste: «Los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional del Título XXIII del Libro II del Código Penal».
De hecho, ni Junts ni ERC han intentado en ningún momento hasta ahora que la traición sea incluida en la amnistía. No pensaban que esa espada de Damocles podía pender sobre sobre Puigdemont.
Es más. Junts no está a tiempo de exigir in extremis la inclusión de los delitos de traición, porque eso no figura en ninguna de las enmiendas que el partido de Puigdemont lleva vivas al Pleno de este martes. Los diputados solo votarán las enmiendas que ya se votaron en la Comisión de Justicia de la semana pasada pero no salieron adelante, y cuyos proponentes han decidido llevarlas al pleno en un último intento de que prosperen. En total son 38: 20 del PP (todas ellas de supresión), 10 de Junts en solitario, cinco que firman conjuntamente Junts y el PNV, dos de ERC y una última al alimón entre Junts y ERC.
Reunión entre Santos Cerdán y Puigdemont
El único golpe en el tablero que puede dar Puigdemont es ordenar a sus siete diputados que voten en contra de la ley en el Pleno de este martes. Suena descabellado y hasta provocador, pero tendría su explicación, y en las últimas horas la formación está alimentando esa posibilidad. El exdiputado de los Comunes y negociador de Yolanda Díaz con los independentistas, Jaume Asens, confirmó este martes en una entrevista esa posibilidad e instó a los socialistas a que «se esfuercen para llegar a un acuerdo porque sería una imagen desastrosa».
Si la proposición de ley orgánica no es aprobada por mayoría absoluta (176 síes), automáticamente sería devuelta a la Comisión de Justicia. Y ahí sí Junts tendría margen de maniobra para tirar del ronzal a Pedro Sánchez e intentar introducir más modificaciones. La Comisión tendría que aprobar un nuevo dictamen en el plazo de un mes, según el Reglamento de la Cámara Baja, y volver a elevarlo al Pleno.
Las dos enmiendas sobre el terrorismo
El movimiento del juez Aguirre pilló al PSOE deshojando la margarita antes de la sesión de hoy. De ahí que desde Ferraz se revolvieran contra el instructor de Voloh por prorrogar seis meses más la investigación. «Cada vez que el legislativo mueve ficha, un juez mueve ficha», denunciaron.
En la votación de este martes, Junts y ERC pretenden que los socialistas acepten incluir todos los delitos de terrorismo en la ley de amnistía, no solo algunos. Lo conseguirían si el PSOE y el resto del bloque votan a favor de una de las dos enmiendas que El Debate publicó este domingo. La primera es una enmienda conjunta de Junts y el PNV en la que se suprime por completo del articulado de la ley el apartado d) del artículo 2. Fue el que el PSOE pactó con los independentistas la semana pasada y excluye «los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal que hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas comprendidas en la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario».
En la enmienda entre Junts y ERC, el enunciado de ese apartado queda así: «Los actos que hayan causado de forma manifiesta y con intención directa violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario».
En el debate de este martes intervendrán los líderes del PP y de Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Desde la Moncloa no han confirmado si Sánchez también o no. En la aprobación de la reforma constitucional del artículo 49 sí tomó la palabra, pero aquel era un debate más amable. El de hoy no lo será.
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