El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la puerta del hemiciclo del Congreso de los Diputados
Legislación
¿Qué es la Ley de Enjuiciamiento Criminal que Sánchez puede modificar para que Junts apoye la amnistía?
La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) es la principal norma del orden procesal penal. En consecuencia, en ella se recoge cómo se han desarrollar todos los procedimientos judiciales en los que se enjuician los diferentes delitos de la legislación española. Es una las normativas vigentes más antiguas del ordenamiento jurídico español, ya que data de 1882. Fue promulgada por el famoso jurista decimonónico Manuel Alonso Martínez –que da nombre a una importante plaza del centro de Madrid–, y sancionada por Alfonso XII, tatarabuelo del actual Rey Felipe VI.
Su antigüedad, su extensión y el lenguaje que utiliza han provocado que desde la llegada de la democracia numerosos partidos hayan propuesto su reforma completa, extremo que no se ha materializado todavía. Tanto el PP como el PSOE se comprometieron en sus programas electorales de las últimas elecciones generales –las del 23 de julio del año pasado– a modificar esta norma.
La formación liderada por Pedro Sánchez aseguró en su programa que si ganaban iban a realizar la «reforma integral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal»; mientras que los 'populares' proponían impulsar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, y aprobar las «reformas procesales, organizativas y de digitalización necesarias».
De hecho, en la LECrim hay muchos de los preceptos que nunca se han reformado, y aunque sigan vigentes, se encuentran completamente desfasados.
El párrafo segundo del artículo 171 afirma que «si la persona a quien se haga la entrega no supere firmar, lo hará otra a su ruego; y si no quisiere, firmarán dos testigos buscados al efecto. Estos testigos no podrán negarse a serlo, bajo la multa de 25 a 100 pesetas». Esta sanción, al cambio actual, es de entre 15 y 60 céntimos, y en España la tasa de alfabetización es del 98,44 %.
Moneda de 25 pesetas
«Si la omisión en dar parte fuere de un Profesor en Medicina, Cirugía o Farmacia y tuviese relación con el ejercicio de sus actividades profesionales, la multa no podrá ser inferior a 125 pesetas ni superior a 250», establece a su vez el artículo 262.
Por su parte, cuando se comenzó a hablar de una posible amnistía –el pasado verano– desde Sumar justificaron la legalidad de esta medida de gracia debido a que el artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dictamina que «serán tan sólo objeto de artículos de previo pronunciamiento las cuestiones o excepciones siguientes», «4.ª La de amnistía o indulto».
Por ello, el dirigente de la coalición 'magenta' Jaume Asens aseveró en una entrevista en El País que «su artículo 666.4 ya prevé la amnistía como causa de extinción de responsabilidad criminal. Es otra prueba de su constitucionalidad».
Así las cosas, ahora el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha abierto a realizar una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal –para impedir que los jueces puedan prorrogar las instrucciones– como parte de la negociación para convencer a Junts que vote a favor de la Ley de Amnistía. Ello provocaría que se acortasen las investigaciones de los magistrados que instruyen causas relacionadas con el procés, como Manuel García-Castellón o Joaquín Aguirre,
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