El juez confirma que investiga la revelación de secretos de la comisión rogatoria de Suiza

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha confirmado este miércoles que ha acordado abrir una investigación para esclarecer la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por parte de las autoridades o funcionarios que hayan podido tener conocimiento de la respuesta de las autoridades suizas a la comisión rogatoria que cursó en el marco del caso Tsunami Democràtic.

Como adelantó El Debate, el magistrado instructor trabajando para activar los mecanismos legales necesarios que determinen el origen de la filtración publicada por El País antes de que el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional hubiese recibido la notificación oficial de la Administración de Berna (Suiza), acordando suspender la tramitación de la comisión rogatoria que había solicitado García-Castellón el pasado mes de noviembre para pedir información sobre los movimientos físicos y financieros de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en Suiza.

El magistrado había enviado esta comisión pidiendo información sobre los movimientos de Rovira y de una cuenta bancaria desde la que podía haber financiado a Tsunami Democratic que García-Castellón investiga por delitos de terrorismo. Según la filtración que publicó este martes el citado diario afín al Gobierno, la Oficina Federal de Justicia del país helvético denegó el permiso al juez.

En un auto, el juzgado de la Audiencia Nacional acuerda encargar a la Guardia Civil la investigación de los hechos, e insta a la unidad investigadora a «eludir cualquier información sobre el curso de la investigación a sus superiores, debiendo reportar directamente los avances de la investigación a este Magistrado Instructor». También acuerda que se notifique esta resolución al Ministerio Fiscal, indicándose que cabe recurso de reforma o apelación contra ella.

La asociación Dignidad y Justicia, que ejerce la acusación popular en la causa de 'Tsunami Democràtic', denunció ayer que el Gobierno filtrara las comisiones rogatorias «a medios afines antes de remitirlas al juzgado» y anunció que tomará «las acciones legales oportunas para depurar responsabilidades por estos gravísimos hechos».