
Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional
Dignidad y Justicia denuncia que el Gobierno «filtra a medios afines» las comisiones rogatorias de Suiza
Algunos medios han publicado la respuesta a la última petición de García Castellón antes de que llegara al juzgado
La asociación de víctimas del terrorismo, Dignidad y Justicia, ha denunciado que «el Gobierno filtra las comisiones rogatorias a medios afines antes de remitirlas al juzgado».
Se refiere en concreto a la respuesta a la comisión rogatoria solicitada por la Audiencia Nacional a la Oficina Federal de Justicia de Suiza en el caso Tsunami por la que el país helvético rechazaba recabar información sobre la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y los movimientos de una cuenta bancaria que podían haber sufragado las acciones violentas del Tsunami Democratic por considerar que detrás pudiera haber «intenciones políticas».
«La respuesta ha sido publicada esta mañana por los mencionados medios (al menos El País y La Vanguardia), algunos de ellos publicaciones en papel, lo que implica que tuvo que ser remitida a estos medios al menos durante el día de ayer, cuando aún no había llegado siquiera a Juzgado de la Audiencia Nacional», explica esta asociación que está personada en el caso.
«La respuesta helvética, que llegó al Ministerio de Justicia a finales de diciembre, ha permanecido en dependencias del departamento gubernamental sin ser remitida a la Audiencia Nacional, por lo tanto, durante casi dos meses. Sin embargo, sí ha sido enviada a los mencionados medios en algún momento durante este periodo».Según Dignidad y Justicia, «esta utilización de documentación judicial y de los tiempos de los procesos supone un uso partidista de las instituciones que tiene el fin de dar propaganda a un escrito que favorece a los imputados de partidos socios del Gobierno».
Por ello, la asociación que preside Daniel Portero, ha anunciado que tomará «las acciones legales oportunas para depurar responsabilidades por estos gravísimos hechos que únicamente sirven para torpedear la independencia judicial y que demuestran la intención clara de este gobierno de fagocitar el poder judicial».