Álvaro García Ortiz, fiscal general, Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal y Dolores Delgado, fiscal de Memoria
Tribunales
El acta de los fiscales sobre el terrorismo de Puigdemont complica los planes de la número dos de García Ortiz para evitarlo
El resumen solicitado por la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde a la mayoría de la Junta, que se reúne este martes, es «un mero trámite cosmético»
Pocos confían en el seno de la Carrera fiscal en que su número dos, Ángeles Sánchez Conde, siga la línea de la mayoría de la Sección que, la semana pasada, aprobaba –por doce votos contra tres– la exposición motivada del juez Manuel García Castellón para investigar a Carles Puigdemont por terrorismo en el Supremo. Fuentes judiciales apuntan a que «está todo hecho» en relación con el informe que, una vez rechazada la ponencia del fiscal Álvaro Redondo, tiene que confeccionar la mano derecha de Álvaro García Ortiz para presentar ante la Sala Segunda del Alto Tribunal.
Aún así, Sánchez Conde, quien tendrá la última palabra en todo este asunto, ha solicitado al cónclave un breve resumen de los argumentos aportados, en uno y otro sentido, durante la tensa deliberación que tuvo lugar al conocerse que Redondo había el enfoque de su versión inicial del caso tras despachar con el fiscal general del Estado. La Junta vuelve a reunirse este martes con el firme propósito de reiterar su posición, en un breve resumen a cargo de Consuelo Fidalgo, la fiscal de menor antigüedad de quienes integran la Sección.
Para los fiscales los indicios sobre el carácter terrorista de las acciones perpetradas por la plataforma Tsunami Democràtic, en Cataluña, en 2019, contra «infraestructuras clave» para la economía del Estado, como el aeropuerto del Prat, en Barcelona, son claros. No en vano, la clave de la tesis mayoritaria, en línea con las pesquisas de García Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, está en que muchas de ellas encajan con «delitos graves» castigados «con más de 5 años de prisión». No sólo por su carácter «violento» y «desestabilizador del orden público» y «la paz social» de las protestas, sino porque el hecho de todas ellas estén combinadas con una motivación terrorista, supone «un incremento exponencial» de las condenas.
Es decir, de confirmarse «el intento de secuestro de los controladores aéreos en la toma del Prat», `por ejemplo, estaríamos ante «un supuesto de detención ilegal» del artículo 163.1 del Código Penal que, bajo una motivación terrorista, ascendería de «una pena de 4 a 6 años en su tipo básico» a otra de casi el doble, «atendiendo a lo dispuesto en los subapartados» que integran el 571 y siguientes del mismo texto normativo.
No en vano, doce de los quince miembros de la Sección de fiscales de Sala encargada de fijar la posición del Ministerio Público encuentran razones de peso para avalar el que, hasta 72 horas antes del cónclave y de la llamada del fiscal general al ponente designado, Álvaro Redondo, era el argumento sostenido por éste. De esos quince, además, trece coinciden en investigar a Puigdemont, como mínimo, como el cabecilla de una «organización criminal» con un objetivo político claro a favor de la imposición del separatismo catalán.
A pesar de la resolución de la Junta de fiscales, ahora corresponde a la teniente fiscal del Alto Tribunal, Ángeles Sánchez Conde, decidir la posición del Ministerio Público. En consecuencia, deberá argumentar que Puigdemont sea investigado por terrorismo, tal y como sostiene el juez Manuel García-Castellón en todas sus resoluciones hasta la fecha; o si, por el contrario, prevalece el criterio de Redondo de que en el caso del prófugo catalán no concurre este delito.
Sánchez Conde –que llegó a su actual puesto de la mano de la exfiscal general del Estado y exministra de Sánchez, Dolores Delgado– será la encargada de decidir la posición definitiva de la Fiscalía del Supremo en la causa de Tsunami, en virtud de lo que establece el artículo 24 de la ley que regula el Estatuto del Ministerio Público (EOMF) invocado, por primera vez el pasado martes. El responsable de la carambola fue uno de los dos fiscales jefe de la Sección, Joaquín Sánchez-Covisa, afín a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y a posiciones de izquierdas, frente a la de su homólogo Fidel Cadena quien, sin embargo, es el que habitualmente ostenta la potestad «técnica» del Pleno.
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