El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz tras tomar posesión de su cargo en el Supremo
Tribunales
Un total de cuatro magistrados y trece fiscales avalan investigar a Carles Puigdemont por el terrorismo de Tsunami
En plena subasta del Gobierno a Junts para que apoye la Ley de Amnistía, sin emniendas, el Poder Judicial continúa a su ritmo con las decisiones que afectan a las causas de los líderes políticos del procés
El Poder Judicial tiene «sus propios tiempos» y son ajenos al «oportunismo» la «querencia» de los jueces y fiscales que los miembros del Gobierno y sus socios separatistas ven en las decisiones de los magistrados al frente de las causas más relevantes para el futuro procesal de los líderes políticos del procés. Así las cosas, en plena campaña de Pedro Sánchez para salvar la amnistía, y hacerlo de manera que incluya a Carles Puigdemont, ya son un total de 4 magistrados y 13 fiscales los que consideran que hay motivos para investigar los altercados de Tsunami Democràtic en Barcelona, en 2019, como delito de terrorismo, con penas en algún caso podrían superar los cinco años de prisión, y extender la responsabilidad al expresidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia en Bruselas.
No sólo el juez Manuel García Castellón, titular del Juzgado de Instrucción Central número 6 de la Audiencia Nacional –quien se ha convertido en el objeto de todos los ataques vinculados al lawfare que recogen los pactos del PSOE con los independentistas– considera que ésa es la línea adecuada para las pesquisas que lidera en la causa principal. Además de él, los tres jueces que conforman la Sala de lo Penal del órgano jurisdiccional ha avalado este enfoque, en varias ocasiones en los últimos meses, frente a los intentos de varios de los separatistas imputados por apartarle de la causa.
No en vano, dicha Sala descartaba que el juez tuviese una «pretendida motivación política» al imputar a Puigdemont por el delito de terrorismo, el pasado 6 de noviembre de 2023, en el momento en el que PSOE y Junts perfilaban los últimos flecos de la amnistía. El tribunal respondía en estos términos a su abogado defensor Gonzalo Boye, en la recusación planteada por su exjefe de gabinete, Josep Lluís Alay. Una posición a la que se sumaba, en enero de este mismo año, la magistrada Carolina Rius, al archivar de manera definitiva el incidente planteado contra el magistrado.
«Debe destacarse que son absolutamente rechazables las alegaciones sobre una pretendida motivación política del ilustrísimo señor Manuel García-Castellón al dictar los autos del 6, 21 y 27 de noviembre, a modo de respuesta judicial al acuerdo de investidura entre los partidos políticos PSOE y Junts», rezaba la resolución consensuada entre los jueces Alfonso Guevara, Francisco Javier Vieira y Carlos Fraile.
Además, este mismo martes, la Junta de fiscales de la también Sala Penal, esta vez del Supremo, avalaba por 13 votos contra 2 la exposición motivada de García Castellón en la que pedía al Alto Tribunal que se hiciese cargo de las investigaciones sobre el líder de Junts al ostentar la condición de aforado ya que continúa siendo eurodiputado. Una situación que comparte con la también investigada Marta Rovira, de Esquerra (ERC), y su compañero de filas Rubén Wagensberg que, en los últimos días, se ha fugado como ella a Suiza.
La atronadora mayoría de los miembros del Pleno de la Sección ponía pie en pared contra el intento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de influir en el enfoque del informe con el que el Ministerio Público debe posicionarse sobre el ex presidente catalán al que avala investigar por terrorismo y la competencia del Alto Tribunal para hacerlo. Y ello pese a que un resquicio ha permitido a García Ortiz que el dictamen recaiga, finalmente, en manos de su número dos, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, quien tendrá la última palabra en todo este asunto.
Tan sólo uno de los dos fiscales jefe de la Sección, Joaquín Sánchez-Covisa, y el ponente designado para el informe, Álvaro Redondo, votaban en contra de la visión cuasi unánime de sus compañeros. Cabe recordar, además, que Redondo modificó el informe inicial que planteó al otro jefe del Departamento, el fiscal del procés Fidel Cadena, donde sí reconocía la existencia de terrorismo y apelaba a la presunta responsabilidad penal de Puigdemont, hasta que despachó con el fiscal general García Ortiz sobre esta cuestión. Apenas 72 horas después, cambió el escenario y la tormenta estallaba.
No era la primera vez, sin embargo, que la Fiscalía maniobraba para rectificar su posición favorable al terrorismo de Tsunami y la vinculación del ex presidente catalán con la directiva de la plataforma violenta. El fiscal Miguel Ángel Carballo, designado por el Ministerio Público en el caso ha insistido en todos sus escritos, posteriores a las elecciones generales del 23-J en que «cuando menos» lo ocurrido en Barcelona, en 2019, fue constitutivo de un delito de desórdenes públicos. Se une así a la corrección que el jefe del Ministerio Público en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, aplicó tras dichos comicios a la que, hasta entonces, era la tesis de los fiscales a favor del Terrorismo de Tsunami.
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