El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Justicia
Fiscales piden a García Ortiz que desautorice la filtración de la propuesta de pacto a la pareja de Ayuso
La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha emitido un comunicado en el que pide públicamente a la Fiscalía General del Estado que «desautorice la práctica de revelar por los miembros del Ministerio Fiscal el contenido de las propuestas en casos de conformidad que se formulen», a investigados o procesados, «ordenando a todas las Fiscalías guardar el deber de sigilo que legalmente está impuesto».
La carta que ha remitido la entidad al titular del Ministerio Público, y a la que ha tenido acceso EL DEBATE, hace referencia a la nota de prensa remitida por la Fiscalía de Madrid, este jueves, a los medios de comunicación para aclarar algunos aspecto sobre la denuncia contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. En dicho texto se daba «cuenta de la tramitación de las diligencias de investigación incoadas por la Fiscalía Provincial de Madrid».
A juicio de la APIF, el contenido de esta nota de prensa «excede, en mucho, la obligación impuesta» por el artículo 4, 5º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En este sentido, APIF recuerda que el artículo 24 de la Constitución «consagra el derecho a la presunción de inocencia» y el citado artículo del EOMF señala que la obligación de informar por parte de la Fiscalía tiene como límite que se respete el «secreto del sumario» y «los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados».
Para los fiscales que conforman la entidad profesional, la revelación del Ministerio Fiscal «causa un perjuicio evidente al investigado y, además, teniendo en cuenta la relevancia de la persona investigada, por su relación con un alto cargo público, aleja a la Fiscalía del papel de absoluta neutralidad, en el ámbito político, que debe desempeñar siempre como institución».
«Resulta de obligado cumplimiento, para todos los fiscales, lo dispuesto en la Instrucción 3/2005 de la Fiscalía General del Estado», en la que se señala cómo «a la hora de proporcionar información habrán de tener siempre presente los Sres. Fiscales que el derecho a la presunción de inocencia que ampara al imputado le garantiza el ser tratado como inocente hasta tanto no haya recaído una sentencia firme condenatoria», reitera la APIF en su comunicado.
«Es más», recuerdan desde su Junta Directiva que «el Estatuto de la Abogacía aprobado por Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, impone al abogado en el artículo 22, dentro del ámbito del secreto profesional, el deber y derecho a que se guarde secreto de todas las propuestas que, como profesional de la Abogacía, haya conocido, emitido o recibido en su ejercicio profesional». De manera que, resultando «claro que las propuestas emitidas y no ratificadas por un letrado en defensa de los intereses de su patrocinado no pueden ser desveladas por el Ministerio Fiscal por afectar al derecho que el abogado tiene a la reserva de las mismas», menos cabe que sea la propia Fiscalía la que contribuya en la divulgación de las suyas.
«Por todo lo expuesto, solicitamos públicamente al Fiscal General del Estado que desautorice la práctica de revelar por los miembros del Ministerio Fiscal el contenido de las propuestas en casos de conformidad que se formulen, ordenando a todas las Fiscalías guardar el deber de sigilo que legalmente está impuesto», concluye la APIF en el escrito que ha remitido al titular de la institución, Álvaro García Ortiz.
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