El horizonte judicial de Alvise se complica en el Supremo

El líder de la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta (SALF), Alvise Pérez, aseguró antes de las elecciones europeas que su intención era llegar a la Eurocámara «porque quiero un privilegio político para mí que no tenéis ninguno de vosotros los ciudadanos, y ese es el aforamiento», que «me permite una serie de cuestiones, como protegerme judicialmente, tener un cierto amparo, ante toda la serie de juicios que ministros, mercenarios, corruptos, etc, me ponen cada semana».

El artículo 9 del Protocolo (nº 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea afirma que «mientras el Parlamento Europeo esté en período de sesiones, sus diputados gozarán, en su territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los diputados del Parlamento de su Estado». «En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS)», señala por su parte el artículo 71 de la Constitución Española.

En consecuencia, los posibles delitos que cometa Alvise deben ser investigados y –en su caso sentenciados– por el Supremo; y el europarlamentario acumula cinco diferentes asuntos por lo que podría llegar al Alto Tribunal.

Después de haber reconocido que recibió 100.000 euros en efectivo del dueño de la compañía de criptomonedas Madeira Invest Club (MIC), Álvaro Romillo –sobre el que hay abiertas unas diligencias por una presunta estafa que podría superar los 600 millones de euros– hay dos casos contra Alvise que podrían acabar en el Supremo; uno por un delito de financiación ilegal y otro por los tipos penales de estafa agravada, pertenencia a organización ilegal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

La plataforma Afectados por Madeira Invest Club –defendida por el despacho Aránguez Abogados– amplió la denuncia inicial contra la empresa de criptomonedas para que se incluyera el líder de SALF. Sin embargo, la Audiencia Nacional (AN) rechazó inhibirse el pasado viernes ante el Supremo al considerar que se debe remitir una exposición razonada para investigar a un aforado cuando aparezcan «indicios de responsabilidad». El letrado Carlos Aránguez ha señalado a este periódico que eso significa que la AN «se queda» con la parte de la investigación relacionada con el político comunitario para que «en el futuro, si comprueba que ha indicios, deduzca testimonio».

Respecto a la donación de 100.000 €, la misma plataforma ha llevado a Alvise al Supremo por un delito de financiación ilegal. Para Aránguez es una «cantidad que pertenece a las víctimas» y con las que pudo pagar actos de la formación que encabeza. «No tengo ningún interés contra Alvise. Si cobró los 100.000 € de un estafador debería devolverlos». Además, el Alto Tribunal ha pedido «exposición razonada», extremo que el letrado de las víctimas ha calificado como «normal».

Por su parte, la Audiencia Provincial de Sevilla ordenó –a finales del mes pasado– al Juzgado de Instrucción Nº1 de la capital hispalense, que inicialmente archivó el caso, la apertura de una investigación por un posible delito de revelación de secretos por parte del líder de SALF tras publicar una foto privada de la hija de Pedro Sánchez.

Igualmente, a principios del mes de septiembre el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla ordenó librar testimonio a la Fiscalía del Tribunal Supremo para que examine una serie de contenidos difundidos Alvise. Se tramita una causa por presuntas injurias y calumnias del jefe de comunicación de Se Acabó la Fiesta al secretario general de la asociación de consumidores y usuarios Facua, Rubén Sánchez.

Además, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez presentó una querella contra el eurodiputado por el tipo penal de revelación de secretos tras haber filtrado mensajes en su canal de Telegram con supuestos secretos oficiales, causa que en la actualidad se encuentra en un juzgado de instrucción madrileño y que podría finalizar en el TS.