Audiencia Provincial de Cantabria en una foto de archivo
En Cantabria
Un conserje es acusado de agresión sexual por realizar tocamientos a una limpiadora mientras trabajaba
El Ministerio Público considera estos hechos un delito continuado de abuso sexual mientras que la acusación particular pide que se juzguen los hechos como agresión sexual
un conserje de un centro social se enfrenta a una acusación de agresión sexual por realizar tocamientos a una limpiadora del mismo centro mientras trabajaba.
La Audiencia Provincial de Cantabria juzgará este martes, 11 de febrero, a un conserje de un centro social por un delito contra la libertad sexual, acusado de realizar tocamientos a una limpiadora en el lugar de trabajo.
La Fiscalía pide para él una multa de 6.600 euros y la víctima, dos años de prisión, al entender que lo ocurrido fue una agresión sexual. El juicio se celebrará a partir de las 10.00 horas en la Sección Tercera, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia.
Como así lo describe el escrito del Ministerio Público, el implicado se dirigió a la mujer cuando se encontraba realizando su trabajo en el baño de hombres y le mordió ligeramente el cuello intentando besarla, lo que no logró porque ella se apartó y salió del aseo.
Al día siguiente, cuando la víctima llegó al centro y accedió a la conserjería para coger las llaves del cuarto de limpieza, él la agarró del brazo, la sentó en sus piernas y le tocó pecho y nalgas.
El juez decidirá entre abuso o agresión sexual
La Fiscalía considera estos hechos un delito continuado de abuso sexual merecedor de una multa de 6.600 euros, así como la prohibición de comunicar y acercarse a la mujer durante un año. En concepto de responsabilidad civil, solicita que el acusado indemnice a la denunciante en 1.000 euros por los daños morales ocasionados.
Por su parte, la acusación particular que ejerce la mujer pide que se juzguen los hechos como agresión sexual y eleva la petición de pena a dos años de prisión, inhabilitación para el desempeño con menores durante un año y medio, y libertad vigilada de dos años tras la finalización de la pena privativa de libertad. Además, solicita una indemnización de 3.000 euros por daño moral.
