Un año del caso Ábalos y el talón de Aquiles de Sánchez no está siendo la corrupción

Aquel 21 de febrero de 2024 había sesión de control al Gobierno en el Congreso. La primera después de las elecciones gallegas, en las que el PP consiguió su quinta mayoría absoluta consecutiva. Todo transcurría dentro de la normalidad hasta que, poco después del mediodía, la prensa empezó a informar de la detención de un ex asesor de José Luis Ábalos y del presidente del Zamora C.F. por una trama corrupta en la compra venta de mascarillas durante la pandemia. Los susodichos eran Koldo García y Víctor de Aldama. A Ábalos la noticia le pilló en los pasillos de la Cámara Baja. Allí improvisó unas declaraciones ante los periodistas: «No tengo ni idea. O sea, es que me he enterado ahora. Me he quedado estupefacto con esto (…). Hasta donde yo sé, él tenía una vida muy normalita. Es que me… me cuesta creerlo (…). Bueno, muy decepcionado estoy, en todo caso. Solo deseo que quede en nada, ojalá», afirmó. Se encogió de hombros, se dio media vuelta y siguió su camino.

En unos días se cumple un año del estallido del primer caso de corrupción en el Gobierno de Pedro Sánchez y, por increíble que parezca, Ábalos sigue paseándose por esos pasillos como si tal cosa. Incluso después de que, a mediados de enero, el Congreso votara por unanimidad conceder al Tribunal Supremo el suplicatorio para investigarlo formalmente. El pasado miércoles, el todavía diputado fue al Pleno a votar el decreto ómnibus y se detuvo a charlar con algunos excompañeros —no todos en el PSOE le hacen el vacío cuando no hay cámaras— y con algún que otro periodista. Cobra al mes más de 5.300 euros como diputado por Valencia por cortesía de la democracia y de los españoles, como para dejar el escaño voluntariamente.

El hedor de la corrupción

Doce meses después de que la Guardia Civil abriera la fosa séptica socialista, el hedor de la corrupción no se despeja del traje del presidente del Gobierno. Al contrario. Están imputados su mujer, su hermano, el fiscal general del Estado, su exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE y, bajo sospecha, la presidenta del Congreso, el ministro de Política Territorial, la exministra de Industria y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y el jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda y número dos del Gobierno.

Pero los socialistas hacen como Ábalos, fingir que no pasa nada. Con cada nuevo informe de la UCO, con cada nuevo testimonio, con cada avance en alguna de las investigaciones, ellos repiten a coro su salmo responsorial: «Confianza en la Justicia», «no hay caso», «la verdad pondrá las cosas en su sitio».

El pasado martes, la ONG Transparencia Internacional hizo público su último Índice de Percepción de la Corrupción. España ha retrocedido diez puestos en solo un año, hasta el cuadragésimo sexto, por detrás de países como Botsuana y Ruanda. Desde los tiempos de Felipe González, los de Filesa y Roldán, no recibía una puntuación tan mala. La buena noticia es que Sudán del Sur está peor.

Joaquim Bosch, portavoz territorial de Jueces y Juezas para la Democracia, la asociación a la que pertenece Álvaro García Ortiz, escribió al respecto: «España sigue bajando en el ranking de la lucha contra la corrupción, con niveles alarmantes que nos llevan a la franja de las democracias defectuosas». Pero ninguno de los socios de Pedro Sánchez ha dicho nada al respecto. Ni el PNV, ni Bildu, ni Esquerra, ni el BNG y ni siquiera Junts. Menos aún Sumar. Además, dice José Félix Tezanos que el PSOE está 5,3 puntos por delante del PP en intención de voto. Así que todo en orden.

Un año después de que la Guardia Civil practicara las primeras detenciones por una trama que, inicialmente, superaba los 50 millones de euros en contratos bajo sospecha, las instrucciones judiciales siguen vivas y Sánchez, también. Y la realidad es que, en el día al día, al presidente y al PSOE les está haciendo más daño la política fiscal que los escándalos de corrupción y el retroceso democrático. Porque ahí es donde la mayoría antinatura de izquierdas y derechas independentistas que lidera Sánchez se quiebra.

Pasó en diciembre con el paquete fiscal menguante de María Jesús Montero y el impuesto temporal a las energéticas, al que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda tuvo que renunciar para convencer al PNV y Junts. No obstante, ese capítulo no está cerrado, porque Podemos ha pedido como condición para negociar los Presupuestos que el Gobierno vuelva a gravar lo que llama «beneficios caídos del cielo».

Después pasó con el primer decreto ómnibus, que Junts tumbó en enero por las medidas tributarias que incluía (entre ellas, acerca del impuesto de sociedades y el de la banca). De hecho, el segundo decreto, el que pactaron Sánchez y Carles Puigdemont y que fue convalidado el miércoles por el Pleno del Congreso, excluye toda la parte relativa a impuestos. Queda pendiente para una negociación futura, otra más.

Y esta semana ha pasado con la tributación del salario mínimo interprofesional en el IRPF por primera vez, adornada por una guerra televisada entre los socialistas y Yolanda Díaz. Se ha dicho y escrito mucho sobre por qué Sánchez se ha metido en tamaño jardín, pero hay una clave de fondo que apenas ha asomado: la electoral.

Montero estaba resuelta a acabar con la exención del SMI esta legislatura, puesto que cada vez hay más trabajadores bajo ese paraguas. Una vez tomada la decisión, mejor este año, que no hay elecciones a la vista ni en la mente de Sánchez, que el que viene, que las elecciones estarán más cerca. Todo el que se dedica a la política sabe que a los electores hay que darles las malas noticias en la primera mitad de la legislatura, y hasta donde dependa del presidente ésta durará hasta 2027. De hecho, así lo reiteró el martes en una reunión con sus diputados y senadores: «Es en mitad del maratón cuando hay que mirar al frente. Que ellos pidan elecciones, que nosotros vamos a seguir gobernando hasta 2027. Y cuando llegue el momento les volveremos a vencer y tendremos más gobiernos progresistas».

Lo curioso de esta matrimoniada entre los socios de la coalición es que todos tienen la seguridad de que lo solucionará, aunque aún no sepan cómo. «Algo haremos para que siga todo bien, como lo hemos hecho siempre», señalan desde el ala de Sumar en el Gobierno. Así que a esperar la reconciliación hasta el próximo impuesto.