El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ante la Comisión de Justicia del Senado, febrero de 2023
Tribunales
Semana clave para el fiscal general: comparece en el Senado a la espera de que el Supremo decida sobre el registro de su despacho
La Sala de Apelaciones de lo Penal delibera, de nuevo, esta semana, para resolver si la entrada de la Guardia Civil en la sede de la Fiscalía fue nula o no
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se enfrenta a una semana clave para su futuro judicial. El Supremo, donde se encuentra investigado por un delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, tomará a principios de la misma una decisión sobre la nulidad que el titular del Ministerio Público trata de conseguir para la entrada y registro de su despacho en la madrileña sede de la Fiscalía General.
De manera que García Ortiz comparecerá a las 16.00 horas del próximo martes en la Comisión de Justicia del Senado –para presentar la Memoria anual de la Institución, del año 2023– conociendo la resolución de la Sala de Apelaciones penal sobre los cuatro recursos planteados por la Abogacía del Estado acerca de la nulidad de la entrada y registro de la UCO en los despachos profesionales tanto del fiscal general como de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Según ha podido saber El Debate, los tres magistrados encargados de la cuestión se han citado, de nuevo, y por segunda vez, en las próximas horas.
Así las cosas, por tanto, será la primera vez el máximo titular de la Fiscalía acuda a las Cortes Generales desde que el TS) le imputase por presuntamente filtrar datos confidenciales del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, la popular Yolanda Ibarrola, exigió a García Ortiz que compareciera el pasado diciembre para rendir cuentas de su gestión, pero el fiscal general del Estado excusó su ausencia por motivos de agenda, algo que fue interpretado por el PP como una «huida».
«La situación de García Ortiz como imputado es una causa con un peso aplastante como para que ya hubiera presentado su dimisión, así como los escándalos que lo acorralan», dijo la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.
Desde las filas de la oposición, por tanto, volvió a pedir su dimisión, «por responsabilidad y decencia democrática», pero también le emplazó a que ofreciera fecha para su comparecencia con el objetivo de dar «explicaciones acerca de su gestión». Y «una disculpa por el daño que está haciendo a la democracia», añadió.
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Tras ello, Ibarrola insistió el pasado enero, obteniendo como respuesta un ofrecimiento del jefe del Ministerio Público para acudir a la Cámara Alta a presentar la Memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) de 2023.
Finalmente, el Senado señaló el 18 de febrero , de entre las tres fechas ofrecidas por García Ortiz, el mismo día que estaba prevista la segunda declaración del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ante el TS por el 'caso Koldo', que se acabó aplazando al 20 de febrero por la agenda de su abogado.
La cita de García Ortiz estará marcada por la investigación que el instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, dirige contra el fiscal general; la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez; y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la FGE, Diego Villafañe.
La causa arrancó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a raíz de una querella de González Amador por la nota de prensa que la Fiscalía emitió el 14 de marzo de 2024 para desmentir la noticia publicada en un diario, la noche anterior donde se decía que fue el Ministerio Público quien ofreció pactar al empresario en el marco de las pesquisas en su contra por presuntos delitos fiscales.
La nota de prensa daba detallada cuenta del cruce de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigaba por delitos fiscales, Julián Salto, por lo que el empresario denunció que se trataba de una difusión ilegal de datos confidenciales.
La investigación saltó al Supremo, donde se amplió para incluir también el correo electrónico del 2 de febrero de 2024 donde la defensa ofrecía a Salto reconocer dos delitos fiscales a cambio de pactar; y, la filtración de la existencia de una investigación contra González Amador, noticia que acabó publicándose el 12 de marzo en un digital afín al Gobierno.
