La Fiscalía toca fondo: «vaciado» de mensajes de García Ortiz, juicio a Rubiales y manipulación contra Stampa

«Es claro que los miembros del Ministerio Público están sujetos a responsabilidad en el ejercicio de sus funciones y que les corresponde un deber de sigilo», recordaba la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en la sentencia dictada a favor del fiscal anticorrupción purgado en el conocido 'caso Villarejo', Ignacio Stampa.

En un contundente fallo, los magistrados José Félix Méndez (presidente), Francisco Díaz (ponente), Lucía Acín y Ana María Sangüesa, daban la razón a Stampa en su cruzada contra la ya acreditada «manipulación» que tanto el actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, como su predecesora en el cargo, Dolores Delgado, hicieron de la investigación penal interna, abierta contra él, prologándola de manera artificial, más allá de lo necesario. «Una dilación injustificada» que provocó «un daño» para el fiscal que «por su cargo, y los principios a los que se encuentra sometido (legalidad, imparcialidad, defensa de los intereses generales, jerarquía)» le causó un «daño moral (...) que no tenía el deber de soportar», reza la resolución a la que ha tenido acceso El Debate.

Legalidad, imparcialidad y defensa de los intereses generales que, en una semana fatídica para la Institución, han quedado comprometidos por la actuación, certificada en el último informe entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al instructor de la causa que mantiene imputado a García Ortiz, ante el Supremo, por un delito de revelación de secretos.

Todo un fiscal general del Estado que borró el contenido de su terminal «intencionadamente», el mismo día que le imputó el Supremo, eliminando sus Whatsapp hasta en dos ocasiones y que, pese a ello, y a su situación procesal, continúa al frente del escalafón, comprometiendo la credibilidad de la Fiscalía al completo.

De nada han servido hasta la fecha los durísimos comunicados emitidos desde dos de las tres asociaciones profesionales , la mayoritaria AF y la independiente APIF –personada como acusación popular en la causa especial del TS– solicitando la inmediata dimisión de su máximo superior jerárquico. Tampoco la carta elevada por trece de los fiscales del Sala del Alto Tribunal, los más veteranos y prestigiosos miembros de la Carrera, a su todavía jefe, en la que denunciaron la precariedad en la que se encuentra una Fiscalía «que está siendo sometida a una tensión insoportable».

Trece han sido también los fiscales, de un total de dieciséis, que esta misma semana se pronunciaban en contra de la maniobra de archivo de la causa reabierta en el Audiencia Nacional, por el ya jubilado juez Manuel García-Castellón, contra los autores intelectuales del secuestro y asesinato del concejal vasco Miguel Ángel Blanco, en 1997.

Así las cosas, mientras una atronadora mayoría de los miembros de una de las dos secciones del 'generalato' de la Institución, apoyan que se investigue a los cuatro 'cerebros' etarras –presuntamente responsables del Comité Ejecutivo de ETA, cuando se perpetró el fatídico atentado– otros tres, capitaneados por Fernando Prieto, recién designado para el cargo de jefe penal por su afinidad con García Ortiz, pese a ser el penúltimo de los candidatos por sus méritos, planteaban un conflicto interno que tendrá que ser resuelto por la número dos de la Fiscalía, la teniente del Alto Tribunal, Ángeles Sánchez Conde.

Sánchez Conde, quien se oponía a intervenir en el interrogatorio practicado a su jefe directo por el magistrado Ángel Hurtado al que García Ortiz señaló en su comparecencia por estar «predeterminado» contra él, no es, sin embargo, la única fiscal que de manera evidente y reciente ha comprometido la maltrecha imagen de la Fiscalía cuya cúpula «hace tiempo que ha abandonado la igualdad, la imparcialidad, la eficacia, la transparencia y el respeto» que rigen su actuación como máximos garantes de la legalidad.

También la número dos del Ministerio Público en la Audiencia Nacional, la fiscal Marta Durántez Gil, encargada del 'caso Rubiales' dejaba en entredicho el papel y el nivel de la Carrera, enfocando sus intervenciones más desde un punto de vista «ideológico que jurídico». Pese a que el Código Ético que rige para los fiscales les insta a actuar con «la máxima objetividad» y «abstraerse de sus convicciones personales» absteniéndose de emitirlas, Durántez ha protagonizado un «espectáculo que se aleja del buen hacer de la mayoría de los profesionales que conforman el cuerpo de la Fiscalía».

«No satisfecha con haber formulado una mayoría de preguntas improcedentes» a los imputados y a los testigos que, durante once días, han puesto a prueba la paciencia del magistrado juzgador, José Manuel Fernádez-Prieto, la fiscal «faltaba al respeto de los abogados de oficio» y «confundía la Responsabilidad Civil» derivada del delito de coacciones, por el que se han sentado en el banquillo varios de los procesados, con la «multa» asociada al mismo. Es decir que, para Durántez la sanción económica ha de cuantificarse «según la capacidad económica de los acusados y no en función del daño causado por estos a la víctima». Nunca la Fiscalía «ha estado en peores manos», se lamentaban algunos expertos al hilo de todos los escándalos.