
La teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde
Nueva polémica en el Ministerio Público
Trece fiscales rechazan la prescripción del asesinato de Miguel Ángel Blanco que prepara la 'dos' de García Ortiz
En un informe de más de 70 páginas, ponencia del fiscal Álvaro Redondo, que ha sido avalado por una atronadora mayoría de los miembros de una de las dos secciones del Supremo, en su última junta de este martes
Trece fiscales, contra tres, de los dieciséis que conforman una de las dos secciones de Sala del Ministerio Público en el Supremo se pronunciaban, este martes, en contra de la prescripción de la causa reabierta en la Audiencia Nacional (AN), por el ya jubilado juez Manuel García-Castellón, frente a los presuntos autores intelectuales del secuestro y asesinato del concejal popular Miguel Ángel Blanco, en 1997.
Una atronadora mayoría de fiscales que por lo tanto, y como exige el artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, considera que la cuestión de «previo pronunciamiento» planteada por las víctimas del terrorismo, que han recurrido ante el Alto Tribunal el archivo del asunto, ha de ser resuelta por el órgano que juzgó el caso y no por la Sala de Apelaciones de la AN, como sucedió el pasado 4 de octubre.
Así lo refleja, como adelantó El Debate en primicia, un informe de más de setenta páginas, ponencia del veterano Álvaro Redondo, en el que se recogen las causas por las que todos ellos consideran que –en contra del criterio mantenido hasta ahora por la Fiscalía de la Audiencia Nacional–, se interrumpió la prescripción del delito cuya obligación, como fiscales, es «explorar hasta dar con sus responsables últimos», a todos los niveles. Una posibilidad que, ayer, resultaba frustrada por uno de los dos fiscales jefe que integran el Pleno de la sección, Fernando Prieto, afín al todavía titular de la Institución, Álvaro García Ortiz pese a su imputación penal por revelación de secretos.

Atronadora mayoría de trece votos en contra
Un jefe penal de la Fiscalía nombrado por García Ortiz maniobra para declarar prescrito el asesinato de Miguel Ángel Blanco
De nada ha servido que casi todos los miembros del Pleno de la cúpula fiscal en el Supremo, encabezados por el otro jefe de sección Fidel Cadena, hayan avalado con sus votos la ponencia de su compañero Redondo contra el cierre del caso que afecta a los cuatro etarras que formaban parte del Comité Ejecutivo de la banda terrorista ETA, en el momento de producirse la ejecución del político vasco, tras 72 horas de cautiverio en las que, a cambio de su vida, se exigió la liberación de presos.
Al existir «discrepancias» en la interpretación de la causa entre los dos fiscales de mayor rango, Cadena y Prieto, y tras aplicar el artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que determina la intervención de un superior jerárquico, el 'desempate' recaerá en Sánchez Conde, como número dos del organigrama.
Cabe recordar, llegados a este punto, cómo en julio de 2022, El Debate adelantó en exclusiva la renuncia del fiscal Vicente González Mota por discrepancias con sus superiores que le pedían informar para que se diese carpetazo al proceso. González Mota, era el representante de la Fiscalía en la reapertura de la causa contra los 'cerebros' del atentado de Miguel Ángel Blanco –que las víctimas del terrorismo habían impulsado ante el Juzgado de Instrucción Central número 2 de la AN, al hilo de nuevos documentos localizados por la Guardia Civil en los papeles franceses de ETA– y se negó a cumplir las órdenes jerárquicas que recibió, recién llegado García Ortiz al cargo, para cambiar su posición en el asunto.
Una decisión que le costó el puesto del que fue purgado, por el que se le expedientó «sin pruebas» y que, en cambio, ahora ha sido avalada sin fisuras por trece fiscales del máximo rango.
En su lugar, García Ortiz colocó al fiscal Miguel Ángel Carballo quien, más tarde, resultaría el elegido para rectificar la posición del Ministerio Público en la investigación de la causa de Tsunami Democràtic abierta contra Carles Puigdemont por terrorismo; y, el cual fue premiado con la Jefatura de la Fiscalía de Ciudad Real, como tanto ansiaba desde que perdiese la condición de teniente fiscal de la AN, durante el mandato de Dolores Delgado quien decidió no confirmarlo en una segunda ocasión.
Ahora, ha resultado ser otro afín al fiscal general, Fernando Prieto, propuesto para el cargo que ocupa a espaldas de la mayoría del Consejo, y pese a ser el penúltimo candidato peor posicionado para la plaza, quien ahora ha salvado el trance del caso Blanco, a favor de los intereses de su máximo superior jerárquico. Fuentes próximas a la Institución ya apuntaron a este diario, en los días previos a su designación, que Prieto habría defendido entre sus compañeros lo «excesivo» de que García Ortiz se viese abocado a dimitir si el Alto Tribunal decidía imputarle formalmente, por un delito de revelación de secretos, como ha terminado sucediendo.