Un jefe penal de la Fiscalía nombrado por García Ortiz maniobra para declarar prescrito el asesinato de Miguel Ángel Blanco

Trece fiscales, contra tres, se han pronunciado hoy en contra de que se archive de manera definitiva la causa reabierta en la Audiencia Nacional, por el magistrado Manuel García-Castellón, ya jubilado, contra los autores intelectuales del secuestro y asesinato perpetrado, en 1997, por la banda terrorista ETA contra el concejal popular de Ermua Miguel Ángel Blanco.

La maniobra planteada por uno de los dos fiscales jefe que integran el Pleno de la sección del 'generalato', que hoy debía resolver la posición de la Fiscalía sobre la prescripción del asunto, el recientemente designado para el cargo Fernando Prieto, ha provocado que sea la número dos del escalafón, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde quien tenga la última palabra ante el Alto Tribunal. El Ministerio Público está llamado a pronunciarse en la impugnación de las víctimas contra la resolución de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional que dio la razón a los etarras y todo apunta que así seguirá siendo por parte de la Institución, de acuerdo con las indicaciones de García Ortiz.

De nada ha servido que una atronadora mayoría de los miembros del Pleno de la cúpula del Ministerio Público en el Supremo, encabezados por Fidel Cadena, hayan avalado con sus votos la ponencia «muy bien defendida» por el fiscal Álvaro Redondo contra el cierre del caso. Un procedimiento que afecta a los cuatro etarras que formaban parte del Comité Ejecutivo de la banda terrorista, en el momento de producirse la ejecución del político vasco, tras 72 horas de cautiverio en las que, a cambio de su vida, se exigió la liberación de presos.

Al existir «discrepancias» en la interpretación de la causa entre los dos fiscales jefe de la Sección, Cadena y Prieto, y tras aplicar el artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que determina la intervención de un superior jerárquico, el cometido recaerá en la número dos del organigrama que, pese a su imputación, sigue liderando García Ortiz.

Cabe recordar, llegados a este punto, cómo en julio de 2022, El Debate adelantó en exclusiva la renuncia del fiscal Vicente González Mota por discrepancias con sus superiores que le pedían informar para que se diese carpetazo al proceso. González Mota, era el encargado de la Fiscalía en la reapertura de la causa contra los 'cerebros' del atentado de Miguel Ángel Blanco, que las víctimas del terrorismo habían impulsado ante el Juzgado de Instrucción Central número 2 de la AN, al hilo de nuevos documentos localizados por la Guardia Civil en los papeles franceses de ETA. Se negó a cumplir las órdenes dadas para cambiar de criterio, que ahora ha sido avalado por trece fiscales del Supremo, y por ello fue purgado y expedientado hasta en dos ocasiones «sin pruebas».

En su lugar, García Ortiz colocó al fiscal Miguel Ángel Carballo quien, más tarde, resultaría el elegido para rectificar la posición del Ministerio Público en la investigación de la causa de Tsunami Democràtic abierta contra Carles Puigdemont por terrorismo, y que fue premiado con la Jefatura de la Fiscalía, en Ciudad Real, como tanto ansiaba desde que perdiese la condición de teniente fiscal de la AN, durante el mandato de Dolores Delgado quien decidió no confirmarlo un segundo mandato.

Ahora, ha resultado ser otro afín al fiscal general, Fernando Prieto, propuesto para el cargo que ocupa a espaldas de la mayoría del Consejo, y pese a ser el penúltimo candidato peor posicionado para la plaza, quien ha salvado el trance a favor de los intereses de su máximo superior jerárquico. Fuentes próximas a la Institución ya apuntaron a este diario, en los días previos a su designación, que Prieto habría defendido entre sus compañeros lo «excesivo» de que García Ortiz se viese abocado a dimitir si el Alto Tribunal decidía imputarle formalmente, por un delito de revelación de secretos, como ha terminado sucediendo.