La cúpula de las empresas públicas Tragsa y Adif señaladas por el «enchufe» a la «sobrina ministro» de Ábalos

«Dejen en paz a Jessica sobre el tema de los fichajes» es el mensaje de un misterioso correo que supuestamente se envió desde Adif, responsable último del contrato de Jessica, al director de Tragsatec, Juan Pablo González Mata para que la inspección a esta empleada no fuese tan exhaustiva. Esa era la excusa inventada por la empresa pública dependiente del grupo Tragsa, cuyo máximo accionista es la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), para justificar que no hubiese control sobre el trabajo de la expareja de José Luis Ábalos, por esas fechas ministro de Transportes.

Tanto la directora de Auditoría de Tragsatec, Cecilia González, como el subdirector, Francisco J. Masedo, insistieron que se incluyera esa afirmación en una investigación en la Unidad de Cumplimiento Normativo que dirimía las responsabilidades de la contratación de la «novia» de Ábalos. Querían dejar constancia de que Adif Alta Velocidad (AV), empresa pública que pagaba una tarifa a Tragsatec para que subcontratase a una administrativa, se quejaba de que estuvieran atosigándola con el sistema de fichajes: «Dejemos en paz a Jessica, que la estamos haciendo trabajar mucho».

Auditoría

El propio presidente de TRAGSA, Jesús Casas Grande, «presionó» para que estuviera en el informe a la Dirección de Auditoría esa versión, «a pesar de no estar documentada». Y solicitó que se incluyera un párrafo al final «en el que se diga expresamente que él en ningún momento supo de los hechos y, por supuesto, no tuvo que ver con ellos».

Jessica Rodríguez García nunca fichó en las oficinas de la empresa pública Adif AV, en la calle Sor Ángela de la Cruz, dónde se ubicaba su puesto de trabajo, que dependía de presidencia de Adif, cuando estaba bajo la dirección de Isabel Pardo de Vera. Y en las propias observaciones del cuadro de contrataciones aparecía la anotación al lado de su candidatura el concepto «sobrina ministro» tras el envío por parte de Adif de un correo electrónico con el currículo de Jessica.

Según otro correo enviado el 21 de abril de 2021, que recopila esta investigación interna, la responsable del proyecto en Tragsatec indicaba que desde Adif le habían transmitido una conversación con la presidenta, en la que Pardo de Vera trasladaba «qué pasa con Tragsa, que le estamos obligando a Jessica a hacer muchas cosas». Por entonces Pardo de Vera estaba orgánicamente a las órdenes del Ministerio de Transportes y «tenía una relación cercana como Presidenta de Adif, una relación de trabajo» con Ábalos, como manifestó en su testifical ante el Supremo.

A pesar de que la propia Jessica aseguró en el Tribunal Supremo de que nunca acudió a trabajar y que ni siquiera sabía «dónde estaba su puesto de trabajo», Adif certificaba mensualmente el 100% de su trabajo. Sus partes horarios se registraron durante todos los meses que duró su contrato en relación al «Servicio de Asistencia para el apoyo a la Gestión Presupuestaria, control sistemático de expedientes administrativos y soporte técnico en Adif Alta Velocidad para el periodo 2019-2021».

El responsable técnico del proyecto recibía cada mes «la relación valorada que acreditaba las horas y el trabajo realizado por Jessica» para después abonar la certificación correspondiente. Por tanto, el cliente (presidencia de Adif) «estaba conforme con los trabajos realizados». En ningún momento se trasladaron «ausencias, faltas de fichaje o cualquier otro problema relativo al trabajo de Jésica ni por parte de Adif ni internamente».

Tras su declaración en el Supremo a finales de febrero, dónde afirmó que accedió al puesto de administrativa por sugerencia del exministro, el presidente del grupo Tragsa, Jesús Casas Grande, realizó una comunicación a los empleados de la empresa pública, el pasado 4 de marzo, dónde indicaba que Adif «nunca puso en cuestión que Jessica estuviera incumpliendo sus funciones».