El Gobierno busca el silencio de la Abogacía del Estado con nombramientos discrecionales como los de la Fiscalía

La «instrumentalización» de la Abogacía del Estado al servicio del Gobierno ha vuelto a la primera línea de la actualidad, en los últimos días, después de que el Ejecutivo haya recurrido a la institución para avalar, legamente, su cancelación de un contrato de compra de munición para la Guardia Civil, a la empresa Israel Military Industries (IMI), por valor de más de 6 millones de euros. Una maniobra que ha incomodado a los letrados públicos y que, «una vez más», ha confirmado la falta de «credibilidad» –sin precedentes– de la que están siendo objeto desde que Pedro Sánchez accediese a La Moncloa, en 2018.

Fue, precisamente, tras la llegada de los socialistas al poder cuando se desató el primer terremoto interno, con la designación de Consuelo Castro como abogada general. La que fuera letrada del 'caso Prestige' en representación del Estado español era elegida por su perfil afín, como lo sería más tarde el fiscal de la misma causa Álvaro García Ortiz quien, casualmente, también ha llegado a ocupar el puesto de fiscal general. A partir de ambas designaciones se ha ido produciendo una progresiva colonización de sendas carreras profesionales, mediante nombramientos discrecionales orientados a controlar la cúpula de las mismas y silenciar las voces críticas.

La compra de voluntades ha comprometido la excelencia del cuerpo de letrados del Estado. Se ha apostado por la promoción inversa con el encumbramiento de los menos capaces, pero los más dóciles

No en vano, mientras en el caso de la Abogacía el punto de inflexión lo puso, bajo el mandato de Castro, la filtración de las alegaciones sobre el alcance de la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, uno de los líderes separatistas del procés, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), antes de que fueran remitidas al Supremo; el actual titular del Ministerio Público se encuentra imputado por el Alto Tribunal como presunto autor de un delito de revelación de secretos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso.

De hecho, cabe recordar cómo en el asunto tributario que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, el abogado del Estado encargado del mismo fue 'purgado' nada más tomar posesión de su vigente cargo el último máximo responsable de la Institución: David Vilas Álvarez. El vigués Vilas descartaba, hasta en dos ocasiones tras su designación, el pasado 18 de junio de 2024, la posibilidad de alcanzar un acuerdo de conformidad con el empresario.

Designaciones trufadas de «secretismo»

En línea con la polémica designación de los máximos responsables institucionales en la Abogacía y la Fiscalía, se han ido sucediendo otros ascensos que «adolecen, con demasiada frecuencia de un alto nivel de secretismo hacia el exterior», denuncian a El Debate varias fuentes conocedoras de la situación.

Con el actual Gobierno se ha insistido en adelantar las plazas vacantes para los puestos de libre designación «a través de un mecanismo que consiste en adelantar dichos huecos a través de un mail interno a todos los miembros de la Abogacía, seleccionar a su destinatario de entre los aspirantes y, posteriormente, regularizarlo en la convocatoria anual recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE)». Es decir, se «confirman» oficialmente lo que los propios letrados públicos llaman, familiarmente, «puestos con inquilino».

Según ha podido saber El Debate, de acuerdo con este dinámica se ha formalizado, por ejemplo, el reciente acceso a un puesto de la máxima categoría del escalafón (N30) para la presidenta de la Asociación tradicional de Abogados del Estado, Lucía Pedreño, como jefa del Departamento Civil y Mercantil.

Un destino en el que –además de beneficiarse de un «sustancial» incremento de sus retribuciones por el «complemento de productividad asociado a este rango»– tendrá, entre sus responsabilidades, la dirección de un amplio equipo de letrados públicos para la prestación de los servicios de asistencia jurídica a Paradores de Turismo de España, S.M.E., SA., de acuerdo con un convenio suscrito el pasado mes de marzo, con el visto bueno del ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños.

«Difícilmente podrá ser crítica con el Gobierno» quien ha sido «promocionada» por éste «a dedo», advierten a este diario varios expertos. «Sin cuestionar la indudable valía» de Pedreño, su propuesta una plaza «extraordinariamente» atractiva, estaría «orientada a garantizar una mayor benevolencia» de la entidad profesional que preside «hacia las maniobras del Ejecutivo» en asuntos de «evidente trascendencia política», apostillan los mismos expertos.

En definitiva: el «uso abusivo de la libre designación y, por contrapartida, de los ceses ilimitados, ha abierto la puerta a un abanico de posibilidades infinitas para la designación de abogados del Estado por mero interés político», como ya venía sucediendo, de manera sistemática, entre los fiscales. Una práctica que ha «destrozado» la función asesora de los profesionales de un Cuerpo de la Administración que, históricamente, se ha catalogado por su «excelencia, imparcialidad y objetividad» con arreglo a la Constitución y «a la ley».