El ministro Bolaños se convierte en el máximo exponente de los ataques del Gobierno a los jueces

Han bastado unos cuantos meses y varias causas judiciales para que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, haya pasado de declarar en sede parlamentaria que «no acepto ninguna descalificación a los jueces y magistrados de este país» a convertirse en punta de lanza de los ataques del Gobierno a los miembros de la Magistratura.

A Bolaños no le gusta que los jueces, a través de las diferentes investigaciones que cercan la corrupción que salpica a buena parte de la familia directa de Pedro Sánchez y algunos de sus ministros, le recuerden a diario a través de sus actuaciones profesionales que todos los Poderes del Estado, incluido el Ejecutivo, están obligados al cumplimiento de la ley.

Por ello, parece haber decidido sumarse a los ataques y las descalificaciones del resto de los miembros del Consejo de Ministros abonados al lawfare. Algo que, en su posición es, si cabe, más grave de lo que ya lo era en boca del resto de sus compañeros porque, como titular en la materia, es una figura clave en la formulación y ejecución de las políticas jurídicas, la defensa de los derechos humanos y la garantía de un sistema de Justicia eficiente y accesible que, a la vista de sus declaraciones, parece no respetar.

Tal es el cerco judicial al entorno del presidente que la ira del Gobierno contra jueces y magistrados, en especial los de instrucción penal, por hacer su trabajo –primero tras la imputación del fiscal general del Estado, más tarde por las que afectan a la mujer y al hermano de Sánchez– se ha personificado en la figura de Bolaños, con especial crudeza, después de que ésta misma semana el juez Juan Carlos Peinado decretase el cambio de condición procesal del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre para ser formalmente investigado en la pieza separada por malversación que se sigue en la contratación de Cristina Álvarez.

Es decir, de la asesora que, presuntamente, ayudó a Begoña Gómez, en La Moncloa, para la recaudación de fondos de empresas privadas hacia su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Bolaños salía al paso de la decisión judicial asegurando que más que el papel de su delegado en la capital, quien fuera su mano derecha y subordinado durante la etapa en la que él mismo se encargaba de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, su «preocupación máxima» era la «imparcialidad» del magistrado. Una crítica del ministro de Justicia hacia un juez concreto al que, soslayadamente, acusaba de prevaricar. Si bien evitó utilizar el término expreso, no escatimó en reflexiones con las que descalificar, una vez más, a los jueces que no le gustan.

Al tri ministro le patina la institucionalidad que va ligada a cualquier alto cargo, el respeto a la separación de poderes, propio de cualquier democracia avanzada que se precie; y, el sometimiento a la ejemplaridad que debería dar como máximo exponente político de la Justicia que exige para los suyos. Con sus declaraciones, Bolaños ha demostrado ya en varias ocasiones su «deslealtad» con los servidores de un Poder al que debería defender y proteger.

Así las cosas, son muchas las voces que piden ya la intervención del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en defensa de la labor de jueces y magistrados contra el acoso del que están siendo objeto por parte del Gobierno, cuyo máximo exponente es, aunque resulte tan paradójico como «inadmisible», el ministro llamado a representarlos, el de Justicia, dentro de un Ejecutivo que, muy al contrario, ha normalizado los ataques a los tribunales libres de este país.