Conde-Pumpido permitió cambiar una oferta fuera de plazo a la empresa del contrato de 722.000 € que le han anulado

Cándido Conde-Pumpido, actual presidente del Constitucional, ocultó al Pleno del órgano, la impugnación presentada por una de las cuatro empresas invitadas al proceso negociado sin publicidad que él mismo convocó y gestionó, para adjudicar el contrato por valor de 722.000 (sin IVA) correspondiente a la organización del VI Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional que se celebrará en Madrid del 28 al 31 de octubre de este año.

No en vano, tras la admisión del recurso presentado por la segunda entidad mejor clasificada en la criba, Integración de Agencias de Viajes (IAG7) S.A., por parte del Tribunal Central de Recursos Contractuales (TCRC) –un organismo administrativo independiente enmarcado en el área del Ministerio de Hacienda–, el titular de la Corte de Garantías tendrá que retroceder en el tiempo hasta el momento de la valoración inicial de las ofertas. Eso sí, justo antes de que se produjese la modificación de una de las propuestas económicas, la de la empresa seleccionada por Conde-Pumpido, la Escuela Internacional de Protocolo SL., a la que él mismo permitió corregir una de las cifras presentadas a la competición, fuera del plazo legal previsto en la convocatoria.

Es decir, una vez entregadas todas las ofertas definitivas de todos los participantes invitados, por él mismo, al proceso de selección, Conde-Pumpido reclamó aclaraciones a 3 de las 4 mercantiles, entre las que se encontraba la Escuela Internacional de Protocolo que fue la elegida, en último término, para asumir el encargo de la organización del macro evento controlado por el presidente del TC. Una maniobra que Cándido justificó alegando un error suyo previo, pero que el TCRC sostiene que benefició al adjudicatario final.

El fallo del tribunal es contundente: la subsanación autorizada por Conde-Pumpido, con la que salió favorecida la empresa seleccionada, vulneró el principio de invariabilidad de las ofertas, que rige en las adjudicaciones de los contratos públicos, sea cual sea la modalidad elegida para la tramitación de los mismos. Conde-Pumpido tapó como una simple subsanación, una modificación estructural de la oferta final, tras el cierre del plazo previsto.

Y, todo ello, como recuerda la resolución del TCRC, a la que El Debate ha accedido en exclusiva, cuando el Constitucional no estaba obligado a reclamar corrección alguna y pudo haber optado, según la gravedad del vicio detectado, por excluir o no puntuar el criterio de adjudicación defectuoso (tal y como consta en la página 18 del documento al que ha tenido acceso este diario).

Un pronunciamiento que rechaza, de plano, los argumentos planteados por el propio TC en su defensa. Conde-Pumpido alegó que había autorizado esa «subsanación» sin excluir a las otras tres empresas competidoras para no vulnerar el principio de confianza legítima (según lo recogido en la página 9 del texto).

Sin embargo, la 'treta' del presidente del Constitucional no ha resultado creíble a los ojos del Tribunal administrativo que ha anulado su, presuntamente, teledirigida decisión. No sólo porque con ella se incumplió su propio Pliego de Cláusulas (PCAP) donde antes de la maniobra de Conde-Pumpido no se recogía semejante posibilidad sino, además, porque en base a lo anterior, el contrato que adjudicó a la Escuela Internacional de Protocolo, incumple la reiterada jurisprudencia del Supremo y de la Justicia Europea (TJUE) en este mismo sentido. Una doctrina que resulta complicado pensar que, en este caso, no fuese conocida por el magistrado y veterano jurista gallego.