Un pueblo de Zaragoza que va a recibir más de 3.700 temporeros pide más policía a Marlaska

A finales del pasado año, una encuesta de Target Point reveló que más del 60 % de los españoles cree que la inmigración masiva está aumentando la inseguridad en España. Una tendencia al alza que no encuentra su excepción en Caspe, una población en la provincia de Zaragoza de poco más de 10.000 habitantes que muestra su preocupación por el aumento de la inseguridad provocada por la llegada, desde hace ya más de 15 años, de miles de extranjeros de más de 60 países distintos.

A ello, se le suma el abandono de Fernando Grande-Marlaska y el Ministerio del Interior, que sigue sin dotar a la localidad de las unidades de Guardia Civil que el pueblo requiere para mantener la seguridad de sus ciudadanos, que se prepara para recibir a más de 3.700 inmigrantes este mismo mes.

Tal incremento poblacional, como así lo asegura la alcaldesa de Caspe, Ana Jarque, exige de manera urgente el refuerzo de la plantilla de la Guardia Civil. «Pedimos al Ministerio del Interior que deje de mirar hacia otro lado y asuma su responsabilidad con Caspe que crece y que exige lo que merece: seguridad, presencia de Guardia Civil y medios», declara la regidora a El Debate.

A día de hoy, Caspe cuenta con 11 agentes de Policía Local en activo, y se espera la incorporación de cuatro más en corto plazo. A pesar de este esfuerzo por parte del Ayuntamiento, la alcaldesa popular asegura que «la seguridad ciudadana es competencia del Ministerio del Interior y no puede depender solo del esfuerzo local, que es para dar soporte y ayuda a la Guardia Civil».

Ana Jarque también denuncia «la mala gestión con la inmigración» que está realizando el Gobierno central. «El Gobierno de España deja entrar a todo el mundo, pero deja su distribución a su merced; al final, somos los municipios los que, con nuestros recursos, tenemos que alojar a estas personas», asegura la popular.

Una gestión que, en lo económico, merma a Caspe y la obliga a destinar parte del limitado presupuesto de la población, porque, según la edil, «no tenemos ni soporte económico para inmersión lingüística ni para esa acogida».

Un pueblo harto y que pide mayor presencia de la Guardia Civil

Los vecinos de Caspe están hartos del abandono por parte del Ejecutivo central. Tanto es así que, en el último año, han convocado tres manifestaciones para denunciar la situación que vive la localidad y exigir cambios, tras sufrir, durante los meses de enero y marzo, varias oleadas de delincuencia, robos y okupaciones.

A finales del mes de enero tuvo lugar una protesta en el pueblo para demandar una mayor seguridad, convocada por la Asociación Profesional de Empresarios de Caspe. Aquel día, más de mil personas se reunieron a las puertas del Ayuntamiento para reclamar al Ministerio de Interior en general y a Grande-Marlaska en particular un incremento de la presencia de cuerpos de seguridad.

El concejal de Vox en Caspe, Germán Sanz, ha manifestado, por su parte, a este periódico que la situación que vive el municipio es insostenible. Considera que es necesario «un refuerzo urgente» para acompañar el aumento poblacional en Caspe –en los últimos años ha incrementado el censo en más de un 40 %– con un crecimiento equivalente en efectivos de la Guardia Civil.

Y es que, según denuncia el concejal de los de Abascal en la localidad, la plantilla de la Benemérita se mantiene con los mismos agentes desde hace más de 25 años. «Los agentes no dan abasto, hay que aumentar las plazas que hay para Caspe porque la situación no es la misma de cuando éramos 7.000 habitantes y teníamos un nivel de delincuencia normal», apostilla Sanz.

Llegada de temporeros en verano

Caspe cuenta con más de 10.369 habitantes, según los datos publicados por el INE correspondientes a 2024, y más de un 30 % de ellos son de origen extranjero. La demanda de empleo del sector primario de la zona ha supuesto un mayor incremento de la población, que sigue aumentando y más en la temporada de verano, donde se espera la llegada de miles de temporeros para trabajar en el sector primario, la principal actividad económica del pueblo.

Desde el Ayuntamiento y el Sindicato Agrario se baraja que sean más de 3.700 los contratos de trabajo que se firmen correspondientes a la campaña de recogida de fruta. Un desembarco que se proyecta para este mismo mes de mayo y para el que la Administración local de Caspe ya trabaja para asegurar un servicio de acogida al temporero.

«Se está trabajando en el control y requerimiento de documentación para que las personas que no consigan trabajo tengan que irse a otro municipio», asegura la alcaldesa. Asimismo, la popular defiende que «hay que asegurar que los que lleguen tengan trabajo, un lugar donde dormir y que, cuando se les acabe el contrato, se puedan ir.»