La Moncloa se enreda en su propio argumentario y acaba dando la razón a la juez del caso 'hermanísimo'

La Moncloa ha tropezado otra vez en el mismo argumentario que con Begoña Gómez, una vez que la jueza Beatriz Biedma ha abierto juicio oral a David Sánchez Pérez-Castejón. Ministros y dirigentes del PSOE llevan desde el jueves dando a entender que, si no se tratara del hermano de Pedro Sánchez, no habría habido caso; sin reparar en que el parentesco es la clave de bóveda de esta causa, la condición sine qua non. Como de la que instruye el juez Juan Carlos Peinado contra Gómez.

Si David Sánchez no fuera el hermano del presidente del Gobierno, ningún cargo público perteneciente al partido de su hermano se habría molestado en crearle un puesto de trabajo ad hoc, simulando un proceso de selección que nunca hubo. De la misma manera que si Begoña Gómez no fuera la mujer del presidente del Gobierno, probablemente ninguna de las empresas que financiaron su cátedra o que le fabricaron un software sin recibir un solo euro a cambio habría tenido interés en congraciarse con ella.

El trato de favor va en la naturaleza misma del tráfico de influencias

«Este caso nunca habría llegado a la Justicia de no ser quien es (…). Si David no se llamara Sánchez de apellido y fuera el hermano del presidente del Gobierno, aquí no habría caso», denunció este viernes la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en Onda Cero. Pero es que, precisamente, el trato de favor va en la naturaleza misma del tráfico de influencias, que es uno de los presuntos delitos que pesan sobre los dos familiares directos del presidente, su mujer y su hermano.

El artículo 428 del Código Penal se refiere a «el funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero». El artículo 429 extiende el delito de tráfico de influencias a los particulares: «El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero». Y el artículo 430 añade a los que «ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los dos artículos anteriores, solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o aceptaren ofrecimiento o promesa».

En uno de sus dos escritos del jueves, la jueza Beatriz Biedma apunta de forma implícita a Pedro Sánchez como la persona con capacidad para influir sobre cargos del PSOE de Extremadura para la creación de la plaza para su hermano. «Pura lógica», llega a sostener. «Si David Sánchez no conocía a nadie en Badajoz, o por lo menos no hay indicios de ello, lo que sí consta, por ser hecho público y notorio, es que su hermano había sido secretario general del PSOE y volvió a serlo durante el periodo de adjudicación del puesto y, como tal, había visitado en diversas ocasiones Badajoz», añade la instructora.

No obstante, la vicepresidenta primera le replicó ayer que, cuando David Sánchez aspiraba al puesto de trabajo que se investiga, Pedro Sánchez «no tenía en ese momento ninguna función institucional» y «no era presidente del Gobierno». E insistió en la «persecución» a la que viene siendo sometido su jefe de filas. Quien no quiso opinar sobre la apertura de juicio oral contra el hermano de su socio de Gobierno fue Yolanda Díaz. «No entro en causas judiciales, que la Justicia siga su curso», se limitó a decir este viernes.

En paralelo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes eligió precisamente ayer para confirmar que el Consejo de Ministros aprobará en verano, ya en segunda y definitiva vuelta, el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Una reforma que, entre otros cambios, quitará a jueces como Beatriz Biedma y Juan Carlos Peinado la instrucción de los procedimientos penales para dársela a la Fiscalía General del Estado, que dirige el imputado Álvaro García Ortiz. Y lo que es más: el Gobierno adosará a la Lecrim una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal como mera disposición adicional, en lugar de darle entidad y cauce parlamentario propio.

Como informó El Debate, con esa reforma el Ejecutivo ampliará el mandato del fiscal general de cuatro a cinco años, pensando ya en el próximo García Ortiz (al actual no le afectará porque la reforma entraría en vigor en enero de 2028, cuando teóricamente expira el mandato de éste). La jugada del Gobierno que se malician los fiscales es la siguiente: que pretenda promover a un nuevo fiscal general del Estado en los estertores de la legislatura para que el siguiente Ejecutivo tenga que mantenerlo. Puesto que estaría blindado.