El PSOE niega las evidencias de su guerra sucia contra la UCO tras ser descubierto

Hace cinco días, la diputada del PP Ana Belén Vázquez irrumpió en la sesión de control al Gobierno en el Congreso dirigiéndose al ministro del Interior en un tono muy duro: «Estamos asistiendo a una operación política sin precedentes. El Gobierno entero confabulado para atacar a la UCO. El enemigo para ustedes no es la corrupción, es quien destapa su corrupción», denunció. Fernando Grande-Marlaska negó la mayor y respondió que los tiempos en que el Gobierno «instrumentalizaba» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acabaron cuando Mariano Rajoy salió de la Moncloa. «Están absolutamente fuera de juego», añadió el ministro.

Este lunes, El Confidencial desveló un audio del pasado febrero en el que una fontanera del PSOE se reúne con un investigado en la trama de hidrocarburos -la liderada por Víctor de Aldama- en busca de información que destruya al jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas. Este mando es quien lidera la investigación de los casos de la mujer y del hermano del presidente, así como de la trama en torno a José Luis Ábalos.

El PSOE emitió casi ipso facto un comunicado desmintiendo «de forma categórica» que las personas de la grabación tengan relación alguna con el partido. Y enmarcando la información en la «ofensiva diaria contra los socialistas», ante la que se reservan el derecho de emprender acciones legales. «Los de la policía patriótica son otros», señaló a la entrada de Ferraz la secretaria de Economía y Transformación Digital de los socialistas, Enma López.

Sin embargo, el audio no es un hecho aislado, sino que se produce en un contexto de suma hostilidad del Gobierno y del PSOE hacia la Unidad Central Operativa por sus últimos informes. Más si cabe, aún, a raíz de que los socialistas hayan sabido que el próximo dossier de sus agentes involucra a su secretario de Organización, Santos Cerdán, en la adjudicación de la obra millonaria del túnel de Belate, en Navarra.

El 12 de mayo, al día siguiente de que El Mundo empezara a publicar los whatsapps entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, no tuvo reparos en señalar directamente a la UCO sin ninguna prueba, porque eran los que tenían «el deber de custodia». Ello a pesar de que, desde el comienzo, todo apuntaba al propio exministro, como acabó demostrándose días después porque él mismo lo reconoció. Es más: esos whatsapps ni siquiera forman parte de la instrucción que lleva el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional.

Aún hoy, nadie del Gobierno ni del PSOE ha exculpado públicamente a la UCO, ni tampoco desautorizado a sus socios parlamentarios cuando incluyen a esta unidad de la Guardia Civil -y lo hacen constantemente- en una operación de la derecha para derribar al Gobierno. Hace apenas dos semanas, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, llegó a hablar de la existencia de un «golpe de Estado blando». «¿Son conscientes de la ofensiva policial, judicial, digital, mediática que viven?», preguntó a Sánchez y al resto de los socialistas.

El 20 de mayo, El Debate desveló que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, había dado orden a varios subordinados de su confianza de elaborar un informe que desacreditara el trabajo de la UCO, para su defensa en el Tribunal Supremo.

El auto inédito del juez Hurtado

El trabajo de zapa de los socialistas contra la UCO ha sido constante en los últimos meses. Y los jueces son conscientes. En enero, precisamente el juez instructor de la causa contra García Ortiz, Ángel Luis Hurtado, hizo algo inédito en un auto: salió en defensa de esta unidad de la Guardia Civil, en respuesta a los comentarios maledicentes hechos desde las terminales sociales para desacreditar su trabajo. «Conviene no olvidar las notas de imparcialidad y objetividad en el proceder de un organismo como es esa Unidad, que, dicho sea de paso, ha venido contando con el beneplácito del Ministerio Fiscal en otras causas en que se ha apoyado habitualmente en sus informes para mantener sus tesis acusatorias», escribió Hurtado.

Ni siquiera el ministro del Interior, responsable de la UCO, fue capaz de cerrar filas con sus agentes sin peros ni ambages. Preguntado al respecto por aquel entonces, primero fue tajante para después acabar matizándose a sí mismo: «Por supuesto que respaldo todos y cada uno de los informes de la UCO y del resto de unidades de Guardia Civil y de Policía Nacional. También bien saben que los informes de la UCO son distintamente, o de forma diferente interpretados por determinadas instituciones y determinados colectivos. También me llama la atención que, en casos muy significativos, informes de la propia UCO diciendo que no hay la comisión de ningún delito, que no hay ningún indicio, pues parece ser que no han sido suficientes para la autoridad judicial». Con esto último se refería al caso Begoña y a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de seguir con la investigación pese a que hubo un primer informe de la UCO, en verano, que no veía indicios de delito en las adjudicaciones públicas a las empresas de Carlos Barrabés.

Claro que Grande-Marlaska es el ministro del Interior que, cuando apenas llevaba un mes en el cargo, decidió fulminar al entonces jefe de la UCO, el coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí. El nuevo Gobierno cerró el grifo de los fondos reservados a esta unidad para «revisar» su uso y Sánchez Corbí decidió suspender las investigaciones en curso hasta que el Ejecutivo garantizara a su unidad las partidas necesarias. No le dio tiempo: Grande-Marlaska lo cesó en pleno verano.

Este lunes, Jucil denunció la «purga sistemática» del Gobierno de Sánchez en la Guardia Civil en los últimos años, «en especial contra la UCO». En un comunicado se refirió expresamente al caso de Sánchez Corbí y del que fuera jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, destituido por no informar a Grande-Marlaska de un informe que había solicitado la jueza instructora sobre el posible impacto de la manifestación del 8-M de 2020 en la expansión del covid. Pérez de los Cobos solo cumplía con su deber de informar únicamente a la autoridad judicial.