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El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, este lunes, en un acto mientras se conocía su enjuiciamiento

El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, este lunes, en un acto mientras se conocía su enjuiciamientoEuropa Press

Los 15 meses en los que el fiscal general no ha podido escaparse de la imputación

El juez Hurtado abrió juicio oral contra Álvaro García Ortiz, cuyo nombramiento llenó de polémicas todo el tiempo que lleva en el cargo

Fue la mañana del 14 de marzo de 2024 cuando llegó a los medios de comunicación una nota de prensa de la Fiscalía de Madrid en la que se trataba de desmentir una información publicada por varios medios según la cual la Fiscalía había ofrecido al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un acuerdo para evitar un juicio en torno a dos presuntos delitos fiscales.

Además de desmentir esa información, incluía como prueba un correo electrónico que había enviado el abogado de González Amador al Fiscal. Y ese fue el error. Al día siguiente le llegaron las demandas por revelación de secretos que le han llevado a sentarse en el banquillo de los acusados junto con la Fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid.

La trayectoria de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado se encuentra llena de polémicas. Sin haber accedido todavía al cargo, ya le envolvió la controversia por un informe técnico en el que abogaba por la prescripción del asesinato de Miguel Ángel Blanco para tres de los cuatro jefes etarras procesados. Tampoco sentó mal el nombramiento, nada más tomar posesión de su cargo en julio de 2022 de su antecesora, Dolores Delgado, como fiscal del Supremo. Y, a continuación, fue acusado de adecuar la postura de la Fiscalía General del Estado a los intereses del Gobierno en causas como la polémica 'Ley del solo sí es sí' que ha rebajado las penas a miles de condenados por agresiones sexuales.

Pero, una vez que estalló el escándalo aquel 14 de marzo de 2024, todos los movimientos de Álvaro García Ortiz han estado dirigidos a exculparse de un delito de revelación de secretos ya que la nota de la Fiscalía madrileña señalaba que la misma no se habría publicada «sin la previa autorización e instrucciones de la Fiscalía General».

García Ortiz insistió en que había periodistas que ya habían recibido el correo del abogado de González Amador antes que él, por lo que ya era público antes de que la Fiscalía la publicase. Para justificarlo, cuatro periodistas ratificaron ante el juez las afirmaciones del Fiscal General, aunque, visto lo visto, el juez no les creyó.

Después se excusó en un grupo de chat «con cientos de compañeros» desde el que cualquiera podía haber tenido acceso a ese correo electrónico. De ese chat, nunca más se supo.

Pero, finalmente, en octubre de 2024, el Supremo admitió la elevación de la causa desde un juzgado de Madrid y encausó al Fiscal General del Estado. En un auto judicial, la Sala de lo Penal del Supremo establece que las publicaciones iniciales de los medios de comunicación contenían informaciones que solo podían saber la Fiscalía de Madrid, la Fiscalía General del Estado y el abogado de Alberto González Amador, por lo que ha encausado a los representantes de las dos fiscalías.

Ante el juez Hurtado, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, todavía como testigo, aseguró el pasado 16 de enero que en su opinión los intercambios de mensajes entre la Fiscalía y el abogado de González Amador solo lo podía haber filtrado la propia Fiscalía. «¿Álvaro, has filtrado tú?», le preguntó la propia Lastra a García Ortiz. «Eso no importa ahora», le respondió el Fiscal General, según explicó la letrada.

Y todos estos indicios se vieron conglomerados con el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que demostraba que Álvaro García Ortiz había borrado todos sus mensajes tan solo una semana después de ser admitida por el Supremo la demanda contra él. Un borrado del que no se han podido recuperar los mensajes. El Fiscal General del Estado se excusó en que el borrado de mensajes era habitual cada poco tiempo para evitar precisamente filtraciones. «Se puede imaginar la cantidad de información que afecta a los pilares del Estado puede contener el teléfono el Fiscal General del Estado», aseguró García Ortiz en ese momento.

Finalmente, el juez Hurtado ha decidido abrir juicio oral contra el Fiscal General del Estado, por lo que algún indicio contra él deberá ver.

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