García Ortiz y Conde-Pumpido: dos juristas al servicio de la mutación constitucional que prepara el 'sanchismo'

Una sociedad en crisis siempre busca referentes, puntos de apoyo que le aporten certezas y anclajes de seguridad jurídica en tiempos convulsos o inciertos. Hasta eso se ha encargado de dinamitar el actual Gobierno con su doble plan para controlar la Justicia desde sus cimientos y, en consecuencia, blindarse frente a las futuras y eventuales consecuencias de la corrupción que le salpica de lleno. El Ejecutivo socialista busca, de la mano de la Fiscalía General del Estado, cuyo titular está procesado por, presuntamente, violar la legalidad que está obligado a defender; y, del Tribunal Constitucional, tras la anulación de la sentencia de los ERE de Andalucía y, en unas semanas, dando luz verde a la amnistía, un cortafuegos de «impunidad» para sus tropelías.

Así las cosas, son ya pocos los ciudadanos que perciben al Ministerio Público o a la Corte de Garantías como pilares sólidos del Estado de Derecho que constituye el esqueleto mismo de la democracia. No es para menos. De la mano de Álvaro García Ortiz y Cándido Conde-Pumpido, respectivamente, ambas instituciones han entrado en el descrédito y el oportunismo puestas al servicio de intereses políticos que nada tienen que ver con los ideales de la Justicia y la responsabilidad de quienes están llamados a dar ejemplo de independencia e imparcialidad.

No en vano, el 'sanchismo' se ha encargado de elegir a los mejores para llevar a término los proyectos normativos con los que aspira, como adelantaba el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, a «adaptar» los asuntos judiciales «al signo de los tiempos» que no es otro que el de un Gobierno cercado por la corrupción y tambaleándose tras el último informe en el que la UCO entregaba al Supremo los audios de las conversaciones mantenidas entre tres de sus hombres más fuertes, también en Ferraz: Koldo García Izaguirre, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

En realidad, bajo esas reformas normativas que Bolaños, en nombre del resto del Ejecutivo, presentaba como necesarias para adaptar nuestra realidad a los estándares europeos se oculta un plano que «beneficiará» al Gobierno y, también, a la Fiscalía en las causas judiciales de ámbito penal que más los acorralan en este momento, así como «ante futuros y eventuales procedimientos».

Entregar la instrucción penal a la Fiscalía que ha salido al rescate de las causas más relevantes para Pedro Sánchez, en los últimos tiempos, no parece un ejercicio de mejora sustancial de la situación, más bien al contrario. Bajo la batuta de Álvaro García Ortiz se han dado instrucciones para salvar la 'ley del sí es sí'; solicitar la amnistía, sin cuestionarla, en todos los procedimientos abiertos o resueltos vinculados al 'procés'; se ha maniobrado para dar la vuelta a la posición inicial mantenida en la reapertura del caso Miguel Ángel Blanco, contra los autores intelectuales del atentado; también, para retirar la calificación jurídica de terrorismo en las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre Tsunami; presuntamente, se dieron instrucciones para divulgar información tributaria confidencial de un ciudadano particular, en un intento por desacreditar a su pareja, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, elegida por mayoría absoluta para el cargo,...

De hecho, era el propio fiscal general del Estado –al borde de sentarse en el banquillo del Alto Tribunal, junto a la fiscal provincial de Madrid, por un presunto delito de revelación de secretos, en relación a este último caso– quien visaba, hace unas horas, en último término, el escrito con el que su número dos en la Fiscalía, y subordinada directa, la teniente fiscal del Supremo Ángeles Sánchez Conde, instaba la revocación de su procesamiento. Esto es: el beneficiario directo de la posición de la Fiscalía en la causa penal que se sigue contra él, actuando desde ésta, como máximo responsable jerárquico, para protegerse a sí mismo de la acción de la Justicia. Cuesta encontrar un ejemplo más nítido y evidente del conflicto de intereses.

Tampoco resulta mejor parado su predecesor en el cargo como máximo titular del Ministerio Público durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, Cándido Conde-Pumpido, hoy al frente de la mayoría mínima del Constitucional que se prepara para aprobar, a espaldas de Europa, la Ley de Amnistía.

Conde-Pumpido ha decidido avanzar en el blanqueamiento de la polémica norma sin esperar al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE donde la Comisión ha avanzado que se trata de un texto que no responde al interés general y es una autoamnistía, en tanto en cuanto ha sido concebida a la medida, y aprobada con los votos, de aquellos a los que aspira a beneficiar.

No importa con cuánto polvo haya tenido que mancharse la toga del veterano jurista, afín al PSOE, durante el camino, para lograrlo: salvar su propia recusación de la mano de un cambio de doctrina del propio TC que, hasta ahora, decía todo lo contrario; vetar, por el argumento contrario, la participación del magistrado José María Macías en todas las causas sobre la materia, admitiendo para ello un escrito presentado por la Fiscalía de García Ortiz, instado fuera de plazo; negarse a plantear una cuestión prejudicial sobre diferentes aspectos del borrado penal del procés, antes de pronunciarse o, en su defecto, suspender la resolución del primer recurso hasta que el TJUE (activado por hasta cuatro órganos españoles distintos) diga algo, como pedía el PP y tres magistrados,...

Y, lo más grave de todo ello, no es el enjuagué que validará con seis votos de un órgano de doce, y con la unánime crítica del resto de la comunidad jurídica en contra, sino la mutación constitucional que implicará la amnistía, sin consenso parlamentario, como si se tratase de una ley cualquiera a validar o que se pueda interpretar e imponer, por intereses políticos que nada tienen que ver con el perdón, el arrepentimiento previo, ni el cumplimiento de la legalidad.