La fiscal coimputada con García Ortiz recurre su procesamiento y apunta a «evidentes errores» del juez Hurtado

La fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, co- procesada con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que corrija la decisión del magistrado Ángel Hurtado de acordar su enjuiciamiento. En el escrito de apelación registrado por su abogado, este mismo martes, ante el Alto Tribunal, Rodríguez reclama que se revoque el procesamiento, «decretando en su lugar el sobreseimiento libre o, subsidiariamente, provisional de la causa». Además, solicita que suspenda el plazo de presentación de escritos de acusación o de peticiones de archivo hasta que resuelva su solicitud.

No en vano, su defensa a cargo del letrado Daniel Campos, que se hizo cargo del caso tras la renuncia de la fiscal a los servicios de la Abogacía del Estado, sostiene que «diversos medios de comunicación» tuvieron conocimiento de que el abogado de la pareja de Ayuso, el empresario González Amador, había ofrecido reconocer dos delitos a cambio de un pacto de conformidad; y, que todo ello fue «con carácter previo» a que Rodríguez lo supiera y «antes de que» enviara correo alguno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por orden de éste.

El abogado de la fiscal Rodríguez destaca que, a diferencia de García Ortiz, ella sí contestó a todas las preguntas del magistrado y «no ha borrado ni uno sólo de sus mensajes o correos»

«Resulta imposible materialmente» que la copia del correo en el que se ofrece dicho pacto, y que la fiscal provincial envió a García Ortiz a las 21.59 horas del 13 de marzo de 2024, fuera el origen de las noticias publicadas los días 13 y 14 porque varios medios tenían la información desde «antes», argumenta el representante jurídico de Rodríguez, en 54 folios. Además, alega dicho abogado que «una vez revelada y divulgada la información, no era ya apta para ser considerada» secreta.

De hecho, también reprocha al juez Hurtado que, en relación a dicha nota institucional, «omita» que los fiscales tienen el deber de «informar a la opinión pública» y, para ello, apoya su argumento en la sentencia del propio Supremo sobre la demanda civil del novio de Ayuso contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, donde dice que González Amador «es un personaje público en tanto que es la pareja de la presidenta de una comunidad autónoma y, al parecer, conviven en un piso que es objeto de comentario constante en los medios de comunicación sobre el origen de los fondos con los que se sufragó».

Y, en el mismo sentido, insiste en que a la fiscal provincial, su patrocinada, y como ella misma declaró en el Supremo como imputada, nadie le pidió su opinión sobre la comunicación de la polémica. Simplemente se limitó a cumplir órdenes, sin pedir explicaciones, ha añadido la defensa, dado que «ningún miembro de la carrera fiscal puede ni debe cuestionar las razones por las que su jefe (mucho menos el fiscal general) desea conocer el contenido de una actuación», así como que tampoco conoce «la razón por la que un superior jerárquico requiere una información».

«Siendo el fiscal general quien da instrucciones para que se le remitan los correos (...), la instrucción aparece como legítima, sin que exista atisbo, duda o indicio alguno de que pudieran filtrase», relata el abogado de la fiscal Rodríguez. «¿Por qué en esta ocasión habría de representarse que se iba a hacer un mal uso de los datos que le fueron requeridos?», plantea para añadir: «¿Se lo planteó Julián Salto?, ¿se lo planteó Virna Alonso?, ¿se lo planteó Diego Villafañe?, ¿se lo planteó Almudena Lastra? Evidentemente no. Ni mi representada ni ninguno de los 2.700 fiscales que componen la carrera fiscal se plantea cuando su jefe le pide que informe sobre cualquier asunto que se va a hacer un uso ilícito», asegura.

Cuestiona la versión de la fiscal regional

Sin embargo, acto seguido, el escrito del abogado de la fiscal provincial pone en cuarentena la frase de su compañera, la jea superior regional de Madrid, Almudena Lastra, quien de acuerdo con su testimonio ante el juez Hurtado advirtió a su compañera de lo que iba a ocurrir: «Pilar, lo van a filtrar».

Así las cosas, el letrado de esta última cuestiona dicha afirmación porque «la primera conversación telefónica entre Rodríguez y Lastra se produce a las 21.07 horas del días 13 de marzo de 2024, cuando todavía no se conocía (...) la existencia de correos cruzados entre Salto y Carlos Neira», el abogado de González Amador en esa causa.

Precisa que, «según la propia UCO, es a las 21:34 horas, una vez se ha publicado la información de El Mundo que transcribía un correo electrónico» cuando la fiscal Rodríguez «recibe una llamada del fiscal general, donde le ordenaría recabar» los 'emails' entre Salto y la defensa del novio de Ayuso.

«No es posible ni por tanto creíble que Lastra hiciera advertencia alguna a Rodríguez sobre la remisión de unos correos que todavía no se le habían requerido, y lo que es más importante, eran unos correos de cuya existencia mi representada a las 21:07 horas no tenía ni idea», subraya.

La defensa enfatiza que, «a raíz de la revelación del correo de 12 de marzo de 2024 realizada por Neira [el abogado que representa a González Amador en la causa tributaria en la que está siendo investigado] a su cliente, y de su cliente al director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, se generó una información tergiversada o directamente inventada que descalificaba la labor profesional de los fiscales», por lo que «lejos de ser reprochable» era «oportuno» y urgente que la Fiscalía lo atajara.

A todo esto suma que, tras más de un año de instrucción, «no se ha podido determinar con la debida certeza si la filtración del correo de 2 de febrero de 2024 (...) procedía de la Fiscalía General».

Sospechas al círculo de Ayuso

Sobre esto, incide el abogado de Pilar Rodríguez en que, «a resultas de lo instruido, es incuestionable» que «el día 6 de marzo de 2024 ya había habido una filtración del procedimiento seguido contra [la empresa] Maxwell Cremona y González Amador ^de la que era administrados único]», porque la jefa de prensa de la Fiscalía General testificó que recibió llamadas de periodistas preguntando por ese asunto.

Asimismo, la defensa afea al magistrado que limite la obligación de reserva «sólo» a la Fiscalía, «sin que haga ningún reproche cuando la brecha al círculo de confidencialidad la causa el abogado».

De hecho, el letrado de la fiscal provincial de Madrid asegura que se «ha acreditado de forma incuestionable» que una copia (pantallazo) del correo de 12 de marzo de 2024 fue remitido por Neira a González Amador, que «minutos después» se lo reenvió al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Un hecho del que se destilan «notables indicios» de que «el entorno» del querellante era la fuente del citado diario.