Casi 3,5 millones de euros sin abonar de la malversación del procés

El Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido ha dado luz verde a la Ley de Amnistía, que por decisión del Tribunal Supremo no incluye el delito de malversación de los condenados en la causa del procés, que mantiene a Carles Puigdemont en búsqueda y captura. Sin el despilfarro de fondos públicos de la Generalitat para tratar de conseguir el respaldo internacional al mencionado procés no se entiende la declaración unilateral de independencia que se pretende perdonar.

El Tribunal de Cuentas fiscalizó las cuentas del Gobierno de Cataluña, con los votos favorables tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, desde 2011 hasta ese 27 de octubre de 2017 que el Parlament aprobó la República Catalana durante cincuenta y seis segundos. Y aunque el PSOE había apoyado al Gobierno de Mariano Rajoy en la activación del artículo 155, presionó para postergar la aprobación del informe un mes después de las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Dos meses más tarde, el 30 de julio, Santos Cerdán era nombrado presidente de la Comisión Mixta para la Relaciones con el TCu. Uno de los hombres de mayor confianza de Pedro Sánchez, que años después negoció punto por punto la amnistía con Puigdemont en Bruselas, retrasó la sesión de debate y votación durante los cuatro años que duró su presidencia, y no se resolvió hasta el 17 de septiembre de 2024.

La Generalitat, en siete años, destinó 417 millones de euros en acción exterior con la única hoja de ruta de dar los pasos para que Cataluña fuera independiente. Un dinero invertido en toda una maquinaria al servicio de la «creación de estructuras de Estado» como «un ministerio de Asuntos Exteriores» paralelo, «embajadas catalanas» e instituciones como Diplocat, que organizaban reuniones con la OTAN, visitas de responsables gubernamentales y parlamentarios extranjeros, y cuyo objetivo era «la consecución de un Estado propio». Crearon hasta un «manual de instrucciones» con argumentarios de cómo vender la independencia con mucha discreción para que la «Unión Europea forzara a España» a entrar en razón.

Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, como máximos representantes de la Generalitat, así como los exconsejeros Raul Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, entre otros condenados, gastaron fondos públicos «sin ningún control» para conseguir el respaldo internacional a la independencia de Cataluña. Entre ellos, 27 millones de euros en la red de las llamadas embajadas catalanas y 16 millones de euros del erario público para el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) creado para legitimar a Cataluña como nación.

En el meticuloso informe del Tribunal de Cuentas se desentraña de forma minuciosa los gastos para vender fuera de nuestras fronteras las bondades del procés: 479.633 euros en viajes para «promocionar el proceso soberanista», tanto de Puigdemont, Artur Mas como de sus consejeros, para impartir conferencias en universidades, encuentros políticos o desayunos coloquios, donde se defendía el derecho de autodeterminación; 548.989 euros en observadores internacionales para el referéndum «ilegal» del 1 de octubre; 451.171 euros en una web para internacionalizar el procés; o 350.850 euros en subvenciones, como la entregada a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que emitió un informe acusando a España de vulnerar los derechos de los presos políticos catalanes.

Aunque de todo, lo que hizo saltar las alarmas por su gravedad fue el gasto de 1.393.300 euros en un lobby norteamericano, Independen Diplomat, especializado en «procesos independentistas, secesionistas o vinculados con el resultado de guerras», que cerró varias reuniones en Bruselas con oficiales de la OTAN, para establecer contactos para crear una posible subsede catalana de la Alianza Atlántica. Este movimiento hubiera comprometido «la seguridad nacional y las relaciones exteriores de España». El argumento esgrimido era «la capacidad militar de una hipotética Cataluña independiente y su influencia en la defensa en la alianza». El lobby también organizó distintos encuentros en Nueva York, Washington, Londres, París e incluso en la Santa Sede.

Sin olvidar la conexión rusa del procés. El TCu anota que la Generalitat gastó 2.613.124 euros en un Centro de Promoción Turística en Moscú con un «régimen de gestión indirecta mediante contrato de servicios que no parece justificado». Como recoge el sumario del caso Voloh, «parece evidente que la injerencia rusa como medida de estrategia geopolítica de desestabilización fue un hecho durante el otoño de 2017».

Por esta malversación de libro, el fiscal del Tribunal de Cuentas solicitó la devolución de 9,5 millones de euros, que sufrió una enmienda a la totalidad cuando Félix Bolaños y Teodoro García Egea pactaron la renovación del Tribunal a finales de 2021, que pasó a requerir 3.429.342,43 euros a los 35 altos cargos del Govern acusados de malversación, que nunca cubriría lo despilfarrado por daño en el patrimonio público de la Generalitat. El procedimiento de reintegro de dicha cantidad está todavía pendiente de la resolución de la cuestión prejudicial que el departamento segundo de enjuiciamiento del TCu, cuya ponente es Elena Hernáez Salguero, elevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea después de acumular un notable retraso en la resolución de dicha cuestión.