Sánchez barre su responsabilidad en el caso PSOE bajo un plan con medidas parciales y recicladas

Pedro Sánchez ha tratado de convertir un problema suyo, el de nombrar a presuntos corruptos para puestos clave del Gobierno y del PSOE, en uno de toda la sociedad.

El presidente del Gobierno ha intentado socializar las culpas y la responsabilidad de que existan corruptores y corruptos en España durante su discurso en el Pleno monográfico del Congreso, en el que ha dejado claro que no va a «tirar la toalla». «Soy un político limpio», ha señalado.

Sánchez ha presentado un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción -después de siete años en la Moncloa- con medidas algunas recicladas y otras solicitadas por Sumar y el resto de sus socios, de los que ha dicho que aspira a «recuperar su confianza».

La más aplaudida -y casi única- por la bancada del PSOE ha sido la creación de una lista negra de empresas incursas en mordidas para que no puedan contratar más con la administración pública.

Las medidas son:

-La creación de una Agencia de Integridad Pública independiente.

-La extensión de la metodología aplicada a la adjudicación de los Fondos Next Generation a toda la Administración.

-El uso de la inteligencia artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

-La exigencia de sistemas de compliance anticorrupción a las empresas que quieran contratar con las administraciones.

-La Ley de Administración Abierta, ya existente.

-La obligación a partidos y fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros de realizar auditorías externas e independientes.

-Reducir el umbral de publicación de donaciones a 2.500 euros y el plazo de publicación a un mes desde su recepción.

-Una ley de lobbies muchas veces prometida.

-Incluir en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que cualquier persona que acuda directamente ante la Fiscalía, la Policía o un juez a denunciar actos de corrupción, cuente con garantías plenas de confidencialidad, protección y apoyo legal. Se exigirá a las empresas tener canales internos de denuncia y obligaremos a todas las administraciones públicas a incorporar estos canales en un sistema general de integridad institucional.

-Crear secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia.

-Llevar de una vez por todas al Congreso la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dejará la instrucción de las causas penales a los fiscales.

-Endurecimiento de las penas por delitos contra la Administración Pública en el Código Penal y duplicación de los plazos de prescripción.

-Listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la Administración.

-Dentro de los partidos, endurecimiento de las sanciones por infracciones contables y retirada de subvenciones públicas a aquellos que mantengan en sus listas, estructuras u órganos de dirección a personas condenadas por corrupción.

-Aumento de medios y plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.

-Incautación de bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena penal previa.

-Realización de estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España, lanzamiento de campañas de concienciación ciudadana y refuerzo de la formación de los empleados públicos en integridad y prevención.