La Fiscalía de Perú cita a Ábalos como investigado por apropiarse del inmueble de 900 m² que fue construido con ayudas públicas

La Fiscalía de Perú ha abierto una investigación penal al exministro de Transportes José Luis Ábalos, actualmente también imputado por el Tribunal Supremo por delitos de corrupción, por la apropiación de un inmueble edificado con ayudas públicas españolas y que, tal y como publicó El Debate en exclusiva, puso a su nombre. El edificio fue construido con fondos destinados a proyectos benéficos pero acabó inscrito en el extranjero a nombre del exministro. Este periódico ha tenido acceso a la resolución judicial peruana en la que se cita a declarar a Ábalos este viernes en calidad de imputado.

La resolución, firmada por la fiscal Angélica Benites Molina, del Segundo Despacho de Decisión Temprana de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nuevo Chimbote, ordena la apertura de diligencias preliminares contra el que fuera mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su colaboradora en Perú, llamada Jenifer Balta Cueva, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y fraude procesal. Ambos conllevan penas de hasta seis años de prisión.

«Se presume que los investigados habrían incurrido en falsedad ideológica al sustentar actos legales sobre una propiedad cuya titularidad era ficticia, y en fraude procesal al inducir en error a las autoridades judiciales y al Ministerio Público respecto a la legitimidad de su posesión sobre el inmueble», asegura la disposición fiscal. El Ministerio Público destaca también que existe «causa probable de ilicitud penal» en la conducta de Ábalos y que se han dispuesto diligencias para confirmar si debe formalizarse la acusación penal contra él.

La denuncia fue interpuesta el año pasado por el presidente de la Asociación de Vivienda de Trabajadores Marítimos y Portuarios de Chimbote Miguel Grau tras descubrir que Ábalos y Balta simularon una compraventa para apropiarse del edificio que gestiona dicha asociación. El inmueble fue construido con fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y estaba destinado a fines sociales. Sin embargo, Ábalos se presentó como propietario y nombró apoderada a Balta en un acto notarial fechado el 28 de mayo de 2019 en el Consulado de Perú en Madrid. En dicho documento, el exministro declaró ante la cónsul Lucía Carolina Cáceres Ramírez que el inmueble era suyo ocultando su condición de ministro y alegando ser simplemente «profesor».

El Debate ha podido confirmar que Balta usó ese poder notarial para iniciar acciones legales contra los beneficiarios originales del edificio, que fueron denunciados por «allanamiento de morada» y desahuciados pese a haber ocupado el inmueble de forma legítima durante más de una década al ser ellos los beneficiarios de la subvención que se adjudicó de manera inicial. El Ministerio Público solicitó el archivo del caso en favor de los moradores pero el juez ordenó su imputación. Hoy, dos de ellos siguen procesados mientras la asociación ha quedado desalojada y sin sede.

Se intentó vender por 1,2 millones

La documentación oficial obtenida por este periódico acredita que el inmueble fue financiado con 150.000 euros en subvenciones otorgadas por el Ministerio de Exteriores, la Junta de Castilla-La Mancha —entonces presidida por José Bono—, la Diputación de Valencia, el Fons Valencià per la Solidaritat y los ayuntamientos de Santa Pola y Liria, ambos en manos del PSOE en ese momento. El dinero fue canalizado a través de Fiadelso, la ONG de Ábalos que en estos momentos está siendo objeto de una minuciosa investigación por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El inmueble se encuentra en Chimbote, en el norte del Perú, y tiene una superficie de 900 metros cuadrados que están repartidos en dos plantas. Según la nota registral que El Debate publicó el pasado mes de febrero, depositada ante la Oficina Registral de Chavín, los titulares del inmueble son José Luis Ábalos Meco y Manuel Valls Ferrer, un empresario valenciano que ya ha fallecido. El edificio está actualmente cerrado y se intentó vender hace varios años por 1,2 millones de euros. A pesar de su obligación legal, Ábalos nunca ha declarado la propiedad en sus declaraciones de bienes ante el Congreso. Este periódico viajó hasta Perú para comprobar sobre el terreno la situación del inmueble y confirmar su titularidad.

Durante esa investigación, se obtuvo la escritura de compraventa original, firmada por Ábalos en la notaría de Bernabé Zúñiga Quiroz el 19 de julio de 1998. Para realizar la transacción, el entonces asesor del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia usó su DNI español, terminando en «99», un documento sin validez legal en Perú. Lo hizo, según fuentes peruanas, para evitar dejar rastro fiscal al entrar como turista. El exministro justificó en su momento que puso el inmueble a su nombre para «agilizar los trámites» y firmó un acta de compromiso para donarlo al finalizar las obras, algo que nunca ocurrió. Esa falta de cumplimiento constituye uno de los elementos clave que ahora investiga la Fiscalía, que analiza si hubo dolo en la apropiación de un bien financiado con fondos públicos.

Cuando El Debate publicó la existencia de este inmueble y que estaba a nombre del exministro, Ábalos declaró entre carcajadas en El Programa de Ana Rosa de Telecinco: «La fantasía es tremenda». Semanas después, la UCO incluyó la casa entre las propiedades del exministro en un informe que acabó en manos del magistrado Leopoldo Puente. La citación del Ministerio Público peruano pone en jaque la versión del exministro y le sitúa formalmente como imputado en una causa penal por apropiarse de un inmueble público en el extranjero. Su nombre queda así señalado no solo en las investigaciones por corrupción en España sino también en una causa internacional que podría derivar en nuevas consecuencias judiciales.