El Supremo se prepara para resolver el recurso de García Ortiz contra su procesamiento por revelación de secretos

El Supremo ultima los trámites para resolver, a lo largo de esta semana, el recurso presentado por el fiscal general del Estado contra el auto de procedimiento abreviado con el que el juez instructor de su causa, Ángel Hurtado, ponía fin a la instrucción y le dejaba al borde del banquillo. Según ha podido adelantar El Debate, la Sala de Apelaciones de lo Penal –conformada por los magistrados Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo y Eduardo Porres– se prepara para finiquitar la deliberación del asunto y comunicar el fallo antes de verano.

Por el contrario, y si la decisión fuese desfavorable para Álvaro García Ortiz, la decisión sobre la apertura de juicio oral y, por lo tanto, la fecha asignada a la celebración del mismo, competencia de Hurtado, quedaría aplazada hasta la vuelta del período estival y tras la apertura del Año Judicial que tendrá lugar el próximo día 5 de septiembre.

Cabe recordar que la propia Fiscalía, que encabeza el imputado García Ortiz, era la encargada de impugnar la decisión del magistrado de procesar a su máximo responsable jerárquico y a la jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, como presuntos coautores de un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso.

En el escrito de apelación firmado el pasado mes de junio por la número dos de la Institución y subordinada directa de García Ortiz, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, se cuestionaba la decisión del juez Hurtado al considerar que la misma obviaba circunstancias clave para el procedimiento y conjeturaba otras «sin sustrato probatorio», como las supuestas órdenes de Moncloa al fiscal general, en el marco de una operación de Estado concebida para desacreditar a una rival política.

«De lo que se trataba, era de informar acerca del comportamiento procesal de la Fiscalía en un asunto de indudable relevancia, ante informaciones demostradas como falsas que imputaban a la institución una actuación anómala por motivos políticos», sostiene Sánchez Conde frente a los indicios recopilados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante las diligencias practicadas.

El documento se presentaba directamente a la Sala con lo que se saltaba la posible revisión del propio instructor, en reforma, para pedir el archivo de la causa y la exoneración inmediata de los dos fiscales procesados. Una maniobra que el Alto Tribunal afeaba, reprochando a la dos de la Carrera su actuación como 'defensora' de su jefe, para evitarle el juicio.

«Más allá del mero conocimiento»

Por su parte, el instructor sostiene cómo los investigados García Ortiz y Rodríguez se encuentran en la actual «situación» procesal «porque hay diligencias, que van más allá de la sola identificación de quienes, simplemente, pudieron tener conocimiento de la nota» de prensa de la Fiscalía de Madrid, en la que se recogió información protegida del empresario González Amador.

No en vano, «por sí sola», la mera maniobra de divulgación del comunicado institucional que dio comienzo al caso «sería insuficiente para derivar eventuales responsabilidades penales», si antes no se pone en relación con la filtración del mail de 2 de febrero de 2024 en el que la defensa del empresario, el abogado Carlos Neira, ofrecía un pacto al entonces fiscal asignado al asunto, Julián Salto.

De hecho, el procesamiento dictado por el juez Hurtado se apoya en los «elementos» que, tras todas las pesquisas realizadas, permiten «presumir» que en la elaboración del documento difundido «exclusivamente pudieron intervenir los dos investigados». Y, hasta tal punto fue así que el propio García Ortiz «ha asumido, personalmente, ser el autor de la nota, llegando, incluso, exculpar» a Rodríguez de «la participación que, presumiblemente, pudo tener en ella» como subordinada jerárquica.